Colocados en disidencia y negados al debate de iniciativas innovadoras en el que tendrían derecho a combatirlas, determinados liderazgos partidarios han tendido a alejarse de la libre discusión de temas fundamentales para el funcionamiento del Estado incluyendo la posibilidad de introducir modificaciones al orden jurídico que tendrían que ser decididas democráticamente con diversidad de criterios.

Desde sus litorales asumen además posiciones críticas sobre otra asuntos que ante el observador parecerían en gran medida corresponder al propósito de salir políticamente gananciosos de los errores atribuibles a los administradores del Estado y de las adversidades que llegan a estas playas afectando considerablemente y por igual a muchas otras naciones, además de República Dominicana.

Unas duras agresiones pandémicas nacidas en los confines de China y los novísimos trastornos globales a la producción y al comercio causados por el conflicto bélico ucraniano-ruso escapan en gran medida a los controles y albedríos de los países perjudicados que quedan restringidos a recurrir a sacrificios y a una ingeniería de medidas de contrapeso de muy elevado costo.

Las repercusiones de la invasión ordenada por el gobernante ruso Vladimir Putín están siendo condenadas al unísono por Estados de los cuatro puntos cardinales que se han sentido colocados ante una calamidad generalizada que obliga a los consensos nacionales e internacionales.

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En dirección contraria, las acciones extraordinarias ideadas por el Poder Ejecutivo dominicano para conjurar los daños que se extienden hacia la población han sido objetadas a nivel local con reparos que algunos analistas podrían atribuir fácilmente a estrechas ópticas partidarias que hacen abstracción de los orígenes y alcances trascontinentales del conflicto que detonó la gran emergencia presente. La desgracia tiene mucho de importada.

Se pasa por alto lo harto difícil que tiene que resultar para cualquier gestión oficial del orbe enfrentar la inusitada y severa embestida de un virus indoblegable que en sus inicios condujo a gran número de gobiernos a destinar recursos extraordinarios para contrarrestarlo acentuándose los déficits y endeudamientos.

Esto ha sido seguido por la peor amenaza a la paz mundial a partir de una confrontación que descalabra intercambios comerciales y sistemas productivos con repercusiones internacionales que ralentizan suministros y ponen a la humanidad bajo un riesgo de catástrofe nuclear, el segundo más grave en la historia de los conflictos planetarios modernos.

El horno no está para galletitas en ninguna latitud.

Confusión de Pareceres

El alineamiento partidario contra las estructuraciones y mitigaciones decididas por el Gobierno dominicano para conjurar daños sociales que provienen de la interdependencia que conecta a los países contrasta con la posición de los sectores más afectados por las repercusiones de la conflagración euroasiática.

Las cúpulas laborales y de los medios de producción más representativos han considerado favorables las disposiciones oficiales por entender que ayudarían a enfrentar las dificultades y carencias que les llegan medida que se agudizaría la crisis de suministros y descienda la demanda de bienes atrapados en la inflación.

En cambio, notables dirigencias de oposición concentran sus descalificaciones a la contingencias mientras siguen enfocadas en reorganizaciones partidarias y de proselitismo pre-electoral, concediendo prioridad a sobresalir como opciones de poder con barniz de protagonismos como defensores a ultranza de la colectividad.

Es notorio que la mayoría de las proposiciones desde el Estado logren acogida en los ámbitos sociales y económicos que tradicionalmente optan por estar fuera de las rivalidades políticas. «Todo es según el color del cristal con que se mire» y de los intereses que haya de por medio, a veces legítimos.

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Desde luego: cualquier apertura arancelaria y aduanal que fuera a permitir la llegada masiva de importaciones consideradas lesivas a la dinámica local de generar bienes para consumos nacionales y exportaciones tendría que ser revisada por sus rasgos de competencia desleal y de disminución de autosuficiencia aunque la intención fuera garantizar la existencia y estabilidad de precios en productos de primera necesidad.

Los aspectos programados como respuesta a un progresivo deterioro de la convivencia entre bloques hemisféricos deberían ser analizados en sus alcances individuales y rebatidos constructivamente con una objetividad, desusada ciertamente, en los discursos políticos para que no aparezcan impugnados en su totalidad ni se generen informaciones distorsionadoras.

Contra el dialogo

El Consejo Económico, Social e Institucional de la República Dominicana es un órgano de rango constitucional nacido de una coordinación de entes nacionales para viabilizar concertaciones sociales y que viene siendo objeto en estos momentos de los desplantes de organizaciones políticas colocadas en actitudes que entra en contradicción con los fines inclusivos de la democracia para el libre juego de las ideas.

Una resuelta oposición a las propuestas de reforma constitucional provenientes del Poder Ejecutivo ha sido esgrimida para desertar del diálogo convocado por vías del abandono de butacas desde las que los partidos del cerrado rechazo debieran estar defendiendo sus argumentos a los que no se podría negar valor radicalmente ni méritos para ser discutidos con altura; y cabe suponer incluso que cuentan con el respaldo de un importante segmento de la sociedad que debe estar representado en las discusiones.

La objeción, con presencia o ausencia de sus sustentadores, a la reforma de la Carta Magna equivale a un veto porque en principio descarta que los cambios proyectados puedan resultar la expresión de una mayoría extraordinaria del espectro político y social de la nación, lo que hacía innecesario agredir, con actos de huida, al mecanismo que suma funcionalidad a los ejercicios de poder estando prevista una agenda con temas vitales adicionales para el presente y futuro de la República.

Perjudican al país

Las concertaciones constituyen un camino expedito para garantizar la aplicación de la Estrategia Nacional de Desarrollo de acuerdo a lo establecido por la ley y para mantener un permanente examen sobre los problemas económicos, sociales y laborales que afecten a la República Dominicana.

El CES (Consejo Económico y Social) está llamado a contrastar con vigor las disímiles posiciones de sectores ciudadanos para que desde su seno retumben y se canalicen cuestionamientos a ejercicios gubernamentales sostenidos con la fuerza de un quórum que no exceptúa a ninguna entidad partidaria ni de la sociedad civil.

Causarle vacíos aunque parecieran ocasionales, iría contra la ideal conjunción de criterios que se pretende para la marcha del país, lo que da categoría de mal precedente a la partida hacia las puertas de salida de los representantes de las banderías políticas opuestas a la reforma constitucional en menoscabo de los fines superiores de un órgano consultivo que se debe a la pluralidad.