Hoy 
Por Zilia Castrillón* – IPS/IFEJ
CHOCÓ, Colombia, jun (IPS/IFEJ) Comunidades de origen africano e indígena del noroccidental departamento del Chocó intentan recuperar sus tierras y alimentos, perdidos por la guerra interna en esta zona de gran diversidad biológica.
Alirio Mosquera, representante legal de los consejos comunitarios que reúnen a los tres mil habitantes de la cuenca del río Cacarica, en el área del bajo río Atrato, planifica la integración de los proyectos productivos de la comunidad con la resistencia pacífica al conflicto interno colombiano que lleva ya medio siglo.
«La gente necesita su tierra de regreso para recuperar sus prácticas tradicionales», asegura Mosquera al ser entrevistado.
Mosquera fue elegido el 20 de mayo tras una larga lucha como coordinador logístico del retorno de más de 700 familias desplazadas en 1997 por violentas acciones del ejército y grupos paramilitares, que terminaron en tomas y compras ilegales de tierras por parte de empresas agroalimentarias y forestales.
La llamada «operación Génesis» acabó con más de 4.000 personas desplazadas y al menos 85 muertas o desaparecidas, según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
«Todos los consejos comunitarios están aliados a las propuestas de nuestra organización Cavida (Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica) porque siempre defendimos el derecho a la tierra», señala Mosquera.
«La tierra es el eje de nuestra vida. Cuando uno la pierde y la cede, queda como jornalero o como esclavo», agrega.
En esta zona húmeda y boscosa rodeada de pantanos y ciénagas, habitan negros e indígenas, con derecho constitucional a territorios colectivos y a regir su manejo.
Los negros constituyen 85 por ciento de la población del Chocó.
Cacarica forma parte del Área de Manejo Especial de la Serranía del Darién, que separa a Colombia de Panamá. Esta ubicada dentro de la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Los Katíos, que alberga numerosas especies endémicas y cuyo subsuelo es rico en minerales.
El desplazamiento y ocupación ilegal de tierras fueron denunciados en la audiencia por la biodiversidad del no gubernamental Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo Colombia, los días 26 y 27 de febrero.
El tribunal sesionó en zonas humanitarias establecidas a partir de 1999 –cuando los desplazados decidieron regresar a su territorio de 103 mil hectáreas–, en las que viven las familias e intentan protegerse de los actores armados.
Entre las conclusiones de esa audiencia se mencionó la activa participación de paramilitares en las negociaciones y concesión de tierras a repobladores ajenos al territorio colectivo.
Para los miembros de los consejos comunitarios de los ríos Cacarica, Jiguamiandó y Curvaradó, la autosuficiencia alimentaria y la recuperación de tierras son una forma de resistencia civil.
«No permitimos ni personas con armas ni empresas multinacionales en nuestro territorio. No somos neutrales porque somos víctimas del conflicto», afirmó Bernardo Vivas, miembro fundador de Cavida y de las zonas humanitarias en una de las reuniones con organizaciones internacionales que tomaron parte de la sesión del Tribunal.
Además de la escasez de alimentos, el otorgamiento de terrenos para la siembra a gran escala de monocultivos como banano y palma africana dificulta el propósito de Cavida.
El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, reconoció en una sesión del Poder Ejecutivo dedicado al Pacífico colombiano realizada en Cali el 3 de junio, que hay 17 mil hectáreas tituladas en el Urabá chocoano (del cual Cacarica es una parte) que presentan problemas, «ya que son tierras reclamadas por particulares como privadas».
Arias admitió que hubo corrupción en la compra de esas tierras, y que fue denunciada en su momento por los habitantes de estos territorios.
Según las comunidades, faltan gestiones del Estado para recuperar las tierras arrebatadas, que estiman en 22 mil hectáreas, casi 25 por ciento del territorio colectivo.
Un informe del gubernamental Instituto de Desarrollo Rural de marzo de 2005 sostuvo que «un grupo de inversionistas asociados con las empresas Urapalma, Palmas de Curvaradó, Palmadó, Palmas SA, Palmura, Asibicon, La Tukeka, Selva Húmeda e Inversiones Fregni Ochoa, realizaron una masiva compraventa de predios a diferentes personas» y a espaldas de la comunidad, «con el propósito de establecer cultivos empresariales de palma de aceite y proyectos de ganadería extensiva».
ACENTOS
Casa flotante hecha de basura desafía a los cariocas
Las autoridades de Río de Janeiro han oscilado entre prohibir y declarar museo a una casa flotante hecha con residuos de la bahía de Guanabara.
Por Fabiana Frayssinet*
RÍO DE JANEIRO, jun (Tierramérica) En un canal fétido, repleto de basuras de esta ciudad maravillosa de Brasil, un albañil carioca construyó su casa flotante y la convirtió en incómodo emblema del reciclaje de materiales.
La vivienda está hecha con los desechos de la hermosa bahía de Guanabara, en el corazón de Río de Janeiro, que alguna vez fue un paraíso de blancas arenas y aguas transparentes donde nadaban delfines, entre otras especies que hoy no se aventuran por aquí. Es una de las más contaminadas de Brasil, fundamentalmente a causa de los metales pesados arrojados por las industrias.
Luiz Fernando Barreto de Queiroz Bispo, un albañil de 40 años, construyó su casa en el canal de Cunha, que vuelca en la bahía las aguas servidas del Complejo da Maré, uno de los barrios marginales más populosos de la zona norte de Río.
«Yo nací en la Maré. Casi toda mi vida viví ahí. Cuando era chico, hace más de 30 años, la Maré ya estaba un poco sucia, pero todavía era posible bañarse en esas aguas», dice Bispo a Tierramérica.
«Ahí aprendí a nadar, como todos los otros chicos. Era la única diversión en la favela. Ya en ese entonces intentaba construir con lo que fuera balsas para cruzar de un lado a otro del canal, para jugar», agrega.
El pasatiempo infantil lo impulsó a construir la casa con la basura que encontró en el lugar.
«Fabriqué toda mi casa usando lo que otros arrojan a la basura: columnas de hierro, marcos de ventanas, maderas, el cemento que es descartado en otras construcciones de la zona. Hasta la puerta principal salió de la basura. Lo único que tuve que comprar fueron los clavos, la cal y el tejado», explica el albañil.
Bispo se define como un autodidacta que visita la Biblioteca Nacional para «adquirir conocimientos de física y matemáticas».
La casa se levanta sobre una plataforma de 42 metros cuadrados. No carece de detalles a pesar de su origen de segunda mano, como dos garajes: para una moto de agua que alguien abandonó en un basural vecino y para su viejo Chevrolet Opala.
Los interiores muestran el mismo cuidado: camas, colchones, sillones, bañadera, un ventilador, floreros y hasta un jardín, en el que botellas de plástico verde se esfuerzan por lucir como césped bien cuidado.
La idea nació en un viaje por el río Amazonas, donde vio por primera vez casas flotantes hechas de troncos.
«La mía está construida con envases de plástico. Cada uno contiene 2,5 litros de aire comprimido. Si se juntan centenares, miles de ellos, con telgopor (poliestireno expandido), que también flota, se puede hacer la base», señala el albañil.
Mucha agua debió pasar bajo la casa hasta que las autoridades de Río aceptaran la idea de convivir con la creación de Bispo.
La Superintendencia Estadual de Ríos y Lagunas (Serla) amenazó con expulsarlo pues, según la ley, no se puede ocupar un río con una casa flotante.
«La construí debajo de un puente, para que no la vieran. Esto fue en diciembre de 2006. Cuando en marzo la coloqué en un lugar visible se armó un revuelo. Salió en los diarios, en varios reportajes», recuerda Bispo, quien dice que su ejemplo sirvió para demostrar que los habitantes de las favelas «no somos ignorantes».
Finalmente, el secretario de Medio Ambiente, Carlos Minc, cedió ante lo que consideró «un ejemplo de creatividad y reciclaje» y autorizó a Bispo a conservar su casa anclada en el canal de Cunha.
El gobierno del estado de Río de Janeiro está preocupado por la contaminación de los espejos de agua del distrito. Minc anunció que se invertirán unos 73 millones de dólares para limpiar ríos, l agos y costas.
Aunque la presidenta de Serla, Marilene Ramos, elogia la casa como muestra de creatividad «en la reutilización de la enorme cantidad de material tirado a los ríos, canales y lagunas», descarta la idea de convertirla en un lugar de visita para escolares «por razones de seguridad», dice a Tierramérica.
Bispo se defiende. «Cuando Minc dijo que mi casa era una pieza de museo ambiental la reconoció como una obra de arte.
ECOBREVES
HONDURAS
Crean Instituto de Conservación Forestal
TEGUCIGALPA.- El gobierno de Honduras anunció el día 11 la creación del Instituto de Conservación Forestal, que sustituirá a la actual Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor), encargada de controlar y regular el uso del bosque. El ecologista Rigoberto Sandoval dijo a Tierramérica que así se pone fin a cuatro décadas de inoperancia de Cohdefor, a la que se acusa de complicidad en el tráfico ilegal de madera en el país.
El Instituto, dijo Sandoval, no solamente regulará los más de 98 mil kilómetros cuadrados de vocación forestal que tiene Honduras, sino que promoverá la agroforestería, que dará a las comunidades una participación directa en el uso, manejo y conservación del bosque. De los 112 mil 492 kilómetros cuadrados que ocupa Honduras, el área cubierta de bosque representa unos 54 mil 310, según datos oficiales.
BRASIL
Forestación industrial acusada de inconstitucional
PORTO ALEGRE.- El avance de las plantaciones de eucalipto para producir celulosa de las empresas Stora Enso, Votorantin y Aracruz en el sur de Brasil, es inconstitucional, según el procurador de la república de la cuarta región, Domingos Sávio da Silveira, que comprende los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Esos proyectos «no toman en cuenta el elemento ambiental establecido en la Constitución Federal», explicó Silveira a Tierramérica, agregando que plantar árboles exóticos causa un gran impacto sobre la biodiversidad, los recursos hídricos y la cultura local. La Constitución Estadual de Rio Grande do Sul, que establece la obligación del estado de proteger el bioma Pampa tampoco es respetada, alertó Silveira, profesor de derecho.
Según él, los permisos ambientales para los plantíos deberían ser de competencia federal, porque «estos proyectos son binacionales, pues también involucran a Uruguay, y aumentarán el despoblamiento de la frontera».
CHILE
Investigan otro desastre de papelera Celco
SANTIAGO.- La planta Licancel de la empresa chilena Celulosa Arauco y Constitución (Celco), ubicada en la central región del Maule, es acusada de la muerte de cientos de peces y aves acuáticas que habitan en el río Mataquito, donde descarga sus residuos.
El desastre es investigado por la justicia y atribuido a Celco por el hallazgo de tuberías clandestinas.
«No estamos frente a un desastre ambiental sino a un crimen. Celco actuó de forma dolosa», aseguró a Tierramérica Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.
Celco, que en 2005 fue acusada de la muerte de cientos de cisnes de cuello negro en el río Cruces –donde otra de sus plantas vierte desechos–, reconoció «anomalías» en el funcionamiento de Licancel y el día 11 destituyó a tres ejecutivos, pero arguyó que aún no está demostrada su responsabilidad. (FIN)
