SANTIAGO (AFP) – Los militares chilenos que lanzaron al mar cientos de cadáveres de desaparecidos bajo la dictadura del general Augusto Pinochet incurrieron en infracciones al Código Sanitario, no en crímenes de lesa humanidad, sentenció un juez, despertando una inmediata polémica.

La acción de los militares que en diciembre de 1978 desenterraron algunos cadáveres sepultados en forma clandestina y los lanzaron al mar desde helicópteros, «constituye en su esencia una infracción al artículo 144 del Código Sanitario», determinó el juez Juan Eduardo Fuentes en una resolución que publicó este viernes el diario La Nación.

«No procede darle el carácter de crimen o delito de lesa humanidad», agrega el dictamen, que llevó a los familiares de los desaparecidos a preparar un recurso para que la Corte de Apelaciones de Santiago modifique el criterio que aplicó el magistrado.

«Hay que impedir la impunidad de quienes arrojaron los cuerpos al mar», dijo el abogado de los familiares, Nelson Caucoto, en alusión a otros procesos similares que incluirían a 400 víctimas que corrieron la misma suerte bajo el régimen del general Pinochet (1973-1990).

«No es posible separar este ilícito del delito principal que es el de la desaparición forzada de personas. La exhumación de los cuerpos en 1978 es sólo un eslabón para ocultar un delito de lesa humanidad», agregó el jurista, al cuestionar la resolución del magistrado.

El juez Fuentes investigaba la desaparición de más de una decena de prisioneros que los militares ejecutaron e hicieron desaparecer tras el asalto al palacio presidencial de La Moneda, durante el golpe que encabezó Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

Sobre la base de sus investigaciones, el juez se pronunció por la prescripción del delito atribuido a nueve militares que actuaron en la exhumación de los desaparecidos para lanzarlos al mar, debido al tiempo transcurrido.

Las Fuerzas Armadas reconocieron por primera vez en enero de 2001 el lanzamiento de prisioneros al mar, cuando entregaron un informe al presidente Ricardo Lagos, al concluir las tareas de una Mesa de Diálogo que integraron los militares y representantes de organizaciones humanitarias.

Pinochet, de 89 años, nunca admitió su responsabilidad por los más de 3.000 muertos y desaparecidos que dejó su dictadura, pero la Corte de Apelaciones lo privó hace tres meses de su fuero, para que sea sometido a juicio por los desaparecidos que dejó la «Operación Colombo».

Esa operación, ejecutada por la policía secreta del régimen militar en junio 1979, significó la desaparición de 119 opositores, según los antecedentes del proceso.

Los abogados del ex presidente de facto elevaron el caso a la Corte Suprema, para evitar el juicio, alegando una demencia moderada que le impediría defenderse ante los tribunales.

El máximo tribunal del país tiene previsto pronunciarse sobre el desafuero de Pinochet el próximo miércoles.