POR LLENNIS JIMÉNEZ
Alrededor de 250 organizaciones de la sociedad civil de las distintas fuerzas productivas y grupos de profesionales que integran el Foro Ciudadano respaldaron ayer la propuesta de una reforma a la Constitución por asamblea constituyente como proponen Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

Rechazaron la idea de que una enmienda a la Carta Magna para pueda responder a intereses particulares.

Expusieron las razones por las que conviene al país abocarse a una modificación a través de una constituyente y no de una consulta popular como procura el gobierno, el director ejecutivo de PC, Javier Cabreja, y el periodista Juan Bolívar Díaz, miembro del movimiento cívico no partidista.

Las entidades miembros de la Asamblea General y del Comité de Seguimiento de Foro Ciudadano se reunieron también para demandar del gobierno el inicio del Seguro de Familiar de Salud, paralizado desde hace más de dos años, y la obligatoriedad del Estado de garantizar los derechos constitucionales de los recursos.

Al presentar ante decenas de representantes de organizaciones de la sociedad civil la posición del Consejo Nacional de PC, Cabreja dijo que la reforma constitucional debe ser integral, para que permita adecuarla a los avances que ha tenido la democracia dominicana e iniciativas que ayuden a profundizarlos.

“No puede ser una reforma que responda a intereses particulares o una reforma parcial como lamentablemente se ha hecho en nuestro país con la Constitución”, precisó en presencia de representantes de FINJUS, en el debate que sobre la reforma propicia el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, Centro Bonó.

Al análisis que desde la sociedad civil articuló el espacio que constituye Foro Ciudadano se integraron representantes de sus entidades vinculadas: la Unión de Juntas de Vecinos de Sabana Perdida, el Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios (CONACONU), el Centro de Investigación y Promoción Social), el Centro Dominicano de Asesorías e Investigaciones Legales (CEDAIL).

También, Colectiva Mujer y Salud, Promoción de la Mujer del Sur (PROMUS), Fundación de Mujeres Salomé Ureña (Fundamusa), Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CIPAE), Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (Ce-Mujer) y Hogar Renacer.

Cabreja sostuvo que la población tiene que estar muy alerta en el análisis, acerca de cuáles son los intereses que tienen los sectores que están promoviendo la reforma a la Constitución, así como los temas que quieren usar.

Instó a las organizaciones a estar pendiente a las estrategias que van a desarrollar y las que van a necesitar para impulsar los temas que desean. “De igual manera, cualquier proceso o iniciativa de reforma a la Constitución, tiene que constituirse en un proceso amplio de educación y de concientización de la ciudadanía, respecto a su importancia para el país”.

Manifestó que las organizaciones de la sociedad civil tienen el gran desafío de hacer que la reforma constitucional sea un proceso participativo, incluyente, pero a su vez, educativo, mediante el cual la gente pueda debatir el tema y se comprometa con el acuerdo nacional que significa una Constitución.

Dijo que las entidades de la sociedad deben evitar que las reformas políticas e institucionales queden en letra muerta, tras advertir que no hay la voluntad política desde las instituciones para abordar los temas que requiere la reforma Constitucional, ni la conciencia ciudadana como para exigir el cumplimiento de los deberes y derechos establecidos en la Constitución.

HISTORIA EN REFORMA

Juan Bolívar Díaz consideró que una consulta popular para enmendar la Constitución, como se insiste desde el gobierno, sería una manera de escamotear, una vez más, los acuerdos que se han establecido durante años para lograr una reforma integral, y volverse a burlar de la población.

Invitado al Foro Ciudadano para comentar las diversas consultas y consensos que se han dado en el país intentando reformar la Constitución, Díaz afirmó que es partidario de la asamblea constituyente por elección popular.

Dijo que en el año 2001, una comisión especial, de la que formó parte, durante cuatro meses reunió a los 22 partidos políticos reconocidos y las instituciones sociales que llegaron a un consenso de que la Constitución fuera por asamblea constituyente y elaboraron un proyecto de reforma.

Precisó que en el pacto que luego firmaron -el 27 de septiembre del 2001- los tres partidos mayoritarios en el Palacio Nacional, se acordó que los delegados a una asamblea constituyentes serían electos en las elecciones del 2001, lo que entiende que no se realizó por culpa de los partidos, debido a que no cumplen los acuerdos que firman.

Planteó que ahora los partidos piden otra consulta, cuando ha habido muchas de estas. Recordó que el primer gran acuerdo se hizo en abril del año 1994, en la Fundación Siglo XXI, después de meses de trabajo de los partidos políticos y delegados de las organizaciones sociales, en el que sólo faltó la firma del Partido Reformista Social Cristiano.

Díaz precisó que entre los intentos que se han hecho por una reforma constitucional por constituyente están los 16 foros que celebró a nivel nacional la Comisión de Reforma y Modernización de Estado que creó en su primer gobierno, el presidente Leonel Fernández; del que se hizo un libro.

“Después de eso, vino el Diálogo Nacional, con tres días de plenaria y sesiones en el interior del país, el cual concluyó también planteando la reforma asamblea constituyente electa”, opinó.

Sostuvo que en el gobierno de Hipólito Mejía, el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) hizo un proyecto de Constitución, en el que aunque no se establece la reforma constituyente, fue fruto de discusiones con un centenar de instituciones y más tarde, se creó por decreto el 21 de marzo del 2001, la comisión especial que incluye a los representantes de todos los partidos.

Precisó que en la comisión designada por el entonces presidente Hipólito se tomó en cuenta a todos los partidos políticos, los organismos del Estado, la Junta Central Electoral, la Suprema Corte de Justicia, CONARE, tres universidades, incluyendo la estatal; las organizaciones empresariales, sindicales, populares, de los derechos barriales, Centro Juan Montalvo, Participación Ciudadana, delegados de las mujeres, de los ecologistas.

Enfatizó que estos sectores elaboraron un proyecto de reforma por constituyente y una serie de reformas por consenso, lo que evidencia los acuerdos que durante diez años ha hecho la sociedad y que a su entender deben ser entregados a la constituyente sin que haya que hacer una consulta previa.

Adujo que universidades y el Congreso también han realizado proyecto de reforma fruto de consultas a nivel nacional y que se estableció en el proyecto consensuado con los partidos en el 2001, que la constituyente tendría 186 miembros, de los cuales 150 serían electos por los partidos, por votación en circunscripciones, similares a los diputados; cinco puestos serían distribuidos a la representación de la minoría y los 31 miembros restantes provendrían de la sociedad civil, también por elección.

CRISIS DEL SEGURO FAMILIAR

Foro Ciudadano, a través de su coalición de organizaciones miembros acusaron a las Administradora de Riesgo de Salud (ARS) de obstaculizar el inicio del Seguro Familiar de Salud y de beneficiarse de los recursos que genera el sistema para toda la población.

El doctor Pedro Castellanos, médico especialista en políticas públicas sociales y de salud, dijo que existe el interés de que desaparezca el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), el cual tiene la misión de operar como una de la red pública de salud.