JUAN BOLÍVAR DÍAZ
El arzobispo de Santiago, Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, quien además preside la Conferencia del Episcopado Dominicano, formuló recientemente una serie de propuestas en orden al saneamiento de nuestra democracia que merecen toda la atención y el respaldo entusiasta de cuantos se preocupan por el mejoramiento de la institucionalidad democrática.

Las propuestas están contenidas en una homilía que leyó el prelado en la misa de celebración del aniversario de la Junta Central Electoral (JCE) y en presencia de todos los jueces y altos funcionarios del organismo el pasado día 12 de abril.

Vale ponderar el tono de mansedumbre, humildad y sana preocupación con que fueron expuestas una serie de sugerencias, apelando a la autoridad, legitimidad y consenso de que están investidos los actuales jueces electorales y a la disposición de las fuerzas sociales y de la población a darles respaldo en los proyectos de reformas y actualización que han anunciado.

De lo que trató Monseñor de la Rosa es que “la sanidad de nuestra democracia demanda con urgencia que se impongan límites a las campañas, sean primarias o nacionales, y al gasto por candidatos y partidos, estableciendo un sistema de absoluta transparencia, tanto de las fuentes de financiamiento como del gasto mismo”.

El arzobispo santiagués se fundamentó en numerosos pronunciamientos formulados en varios documentos de los últimos años por la Conferencia de los Obispos Dominicanos donde se ha demandado que las campañas electorales sean ejemplares en nobleza, sencillez y austeridad, sin dispendios de dinero, “para evitar la competencia injusta”. Se refirió también a las quejas de que la nación vive en permanente campaña electoral, con los costos desproporcionados que conlleva.

La homilía recoge los “efectos perniciosos para la institucionalidad democrática” de las extensas y costosas campañas electorales dominicanas, ya que privilegian a los políticos poseedores de grandes capitales, que incentivan el rentismo y el clientelismo, el tráfico de influencia y la corrupción como forma de acumular dinero para las costosas campañas electorales, aún se trate de postularse para regidor. De la Rosa y Carpio sostuvo una afirmación que debería reflexionarse bien a fondo: “el gran peligro de las elecciones del futuro ya no está en los fraudes, sino en quien las paga.” Que en definitiva quien paga es el pueblo, sea directamente a través del presupuesto, o indirectamente por las contribuciones que luego se cobran en contratas, exenciones, cargos y otras facilidades. O más indirectamente a través del tráfico de influencia y la corrupción.

El prelado le tomó la palabra al presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, Roberto Rosario sobre la necesidad de reglamentar las contribuciones y gastos de los partidos, así como en torno a los períodos electorales, todo lo cual debe tener algunos límites. Y propuso las siguientes medidas:

-Prohibición total de promover candidaturas a través de los medios de comunicación, vallas, afiches y todo género de espacios públicos, antes de la proclama que debe dar inicio a cada campaña electoral 90 días antes de las elecciones.

-Limitación del tiempo que puede usar cada candidato para publicitarse en la radio y la televisión y en los diarios impresos.

-Prohibir durante los 90 días de campaña electoral la celebración de actos públicos gubernamentales que puedan servir de promoción de candidaturas, incluyendo inauguraciones de obras.

-Regular las campañas internas de los partidos, incluyendo limitaciones a la publicidad en los medios de comunicación y espacios públicos.

Estas propuestas están inspiradas en “la necesidad de preservar la democracia dominicana de la amenaza que significa el preocupante proceso de encarecimiento de los procesos electorales y de la peligrosa y creciente influencia del poder del dinero”.

Es ponderable que el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, expresó su aquiescencia con los planteamientos del arzobispo, lo mismo que hicieron dirigentes sociales y políticos, así como parte de la opinión pública. Pero esas propuestas requieren un respaldo más activo. Muchas instituciones deberían dirigirse a los jueces electorales urgiéndoles a dar curso a las reglamentaciones.

Un pronunciamiento tan valioso y valiente no debe ser olvidado, como tantos otros que se formulan para el mejoramiento de la institucionalidad democrática nacional.-