¿Acaso, alguien duda que cada policía, desde el oficial más encumbrado hasta el simple raso, se juega la vida minuto a minuto, combatiendo la delincuencia y la criminalidad?

La Policía Nacional está integrada mayoritariamente por hombres y mujeres con vocación de servicio e inspiración profesional; mal remunerados, con tecnología deficiente y transporte precario.  Se trata de un cuerpo desacreditado, porque la sociedad civil se ha encargado de desacreditarlo despiadadamente. Pero la Policía cumple su rol más allá de sus posibilidades y el Jefe de la institución, general Armando Polanco Gómez, ha hecho una  encomiable profilaxis interna.  El delincuente de múltiples fichas que anda las calles reincidiendo en el delito, no es culpa de la Policía Nacional. La responsabilidad pertenece al sistema judicial que falla consistentemente. Un Código Penal tolerante, un Código Procesal Penal benévolo y una pléyade de jueces y fiscales venales facilitan la impunidad.

Las ejecuciones extrajudiciales, su Talón de Aquiles, son a todas luces injustificables; pero deben entenderse dentro del conflicto que encara la autoridad entre el irrestricto respeto a los derechos humanos, o sacar de las calles delincuentes de alta peligrosidad que burlan la justicia. Y, lamentablemente, han sacado a muchos.

La lucha contra la delincuencia no es un deporte con reglas de igualdad. Al Coronel Pedro de la Cruz de la Cruz y al raso German Daniel Marmolejos, “le dieron pa’bajo” asesinados en Navidad, y los agentes caídos en el 2012 carecen de defensores de los derechos humanos. El último informe de estos grupos ni siquiera los menciona.

Ciertamente, la policía comete excesos, pero también son excesivas las   descalificaciones constantes que sufre; diezman su imagen y  capacidad defensiva para, a contrapelo, proteger la delincuencia.  La reforma comienza por restablecer  la autoridad policial. Sin ella, estamos jodidos.