Las protestas realizadas contra una de las envasadoras de la compañía Tropigas Dominicana, ubicada en la carretera Padre Las Casas del sector San Martín, en Santiago, son ilegales y no se justifican, afirmaron el propietario y el encargado legal de la empresa, Ricardo Mejía Martí y Daniel Montero, respectivamente.

Mejía Martí y Montero explicaron que esa envasadora opera amparada en la ley que regula ese tipo de negocio.

Señalaron que lograron que las autoridades dispusieran la reapertura de esa planta, tras más de cinco años de un conflicto iniciado por sectores ligados a la competencia, en el cual dijeron que está involucrado un regidor del Ayuntamiento del municipio de Santiago, «quien valiéndose de sus influencias logró el cierre de la envasadora».

El señor Daniel Montero explicó que luego de lograr una sentencia definitiva a su favor, «el señor Ricardo Mejía Martí, propietario de la planta de gas, ha tenido que soportar manifestaciones de protestas frente al establecimiento, la más reciente realizada por un grupo de personas, encabezado por un sacerdote no residente en el sector San Martín, Nino Ramos, quien fue apresado por la Policía acusado de alterar el orden al obstaculizar el tránsito».

Montero, responsabilizó al regidor Radhamés Fermín, propietario de Centro Gas Guayabo, de propiciar la protesta, tras perder la litis llevada hasta la Suprema Corte de Justicia.

Aunque reconoce el derecho que tienen los ciudadanos de protestar, entiende, sin embargo, que debe ejercerse con apego a la ley.

Explicó que las personas que escenificaron los incidentes violentos la pasada semana, quienes se identificaron como representantes de una junta de vecinos y un club, no residen en el lugar, sino de Villa Verde y la ciudad de Nagua, donde realiza su ministerio el padre Nino Ramos.

El abogado Montero censuró que se recurra a la violencia «para oponerse a una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que autorizó a la compañía Tropigas Dominicana, continuar operando esa envasadora, tras comprobar que cumple con los requisitos legales regulan ese tipo de instalación».

Recordó que «el conflicto se inició en 1999 cuando el señor Ricardo Mejía Martí adquirió los permisos legales para la instalación de gas en ese sector y luego de hacer inversiones millonarias, la competencia, representada por el regidor reformista del cabildo de Santiago, Radhamés Fermín, propietario de la empresa Centro Gas Gurabo, realizó diligencia para que la sala capitular revocara dicho permiso, logrando su propósito».

En declaraciones ofrecidas en compañía del señor Mejía Martí, dijo sin embargo, que posteriormente el Tribunal Contencioso Administrativo, dejó sin efecto esa revocación, por la cual Tropigás Dominicana adquirió una sentencia que le da ganancia de causa.

Añadió que posteriormente una llamada Junta de Vecinos recurrió por ante la Suprema Corte de Justicia, que también dictó una decisión definitiva a favor de su defendido.

Señaló el licenciado Montero, que como no les quedaban más pasos legales que hacer, la competencia se agenció al padre Nino, residente en la ciudad de Nagua, para que acompañado de personas que no residen en el sector San Martín, sino en la comunidad de Villa Verde, a unos cinco kilómetros de la planta envasadora de gas, para realizar protestas.

Afirmó que la envasadora estuvo cerrada durante casi cinco años debido a la intervención de sectores ligados a la competencia.

Explicó que la decisión de Digenor fue adoptada atendiendo a denuncias hechas por personas agrupadas en una denominada junta de vecinos, quienes alegaron que la planta constituía un peligro para la población, lo que posteriormente se demostró en los tribunales, que ese argumento no se correspondía con la realidad.

Explicó que luego de cumplir con todos los requisitos impuestos por Digenor, se autorizó la reapertura de la envasadora.

Afirmó que «hace unos días inspectores de Digenor verificaron la estación de GLP, cuyo cierre es reclamado por juntas de vecinos y el sacerdote Nino Ramos, comprobando que cumple con todo el rigor de la ley».

En lo que respecta al alegato de que la envasadora Tropigas del sector San Martín de Santiago, viola regulaciones ambientales, el asesor legal de la empresa, lo considera carente de fundamento.

Sostuvo además, que si se compara con el volumen de almacenamiento de la envasadora del competidor en el mismo centro de Gurabo, con una capacidad de 60 mil galones en la avenida Central, los 4 mil galones de sus plantas no equivalen a nada.

Aclara además que la planta de gas del señor Mejía Martí, no tiene nada que ver con la envasadora del coronel retirado Pepe Goico, sino que la de ese otrora oficial militar es del señor Pedro Díaz.

El jurista precisó que según la versión que les ofreció el gobernador de Santiago, el grupo de personas que protesta se acostó en la vía principal alterando el orden público, por lo que la Policía Nacional tuvo que actuar.

«Con esto no justificamos el apresamiento del religioso y de otras personas, pero sí creemos que toda acción tiene sus reglas. Usted tiene derecho a protestar pero de forma pacífica», agregó.

Dijo que la sentencia de la Cámara de Cuentas que objetó la decisión de fecha 13 de junio del año 2000, del ayuntamiento , es del 19 de diciembre del 2002 y tiene el número 164, firmada por el secretario, doctor Ramón Pérez de la Cruz, y que amparado en eso la medida contra la envasadora quedaba sin efecto.

La otra sentencia definitiva a favor de la empresa, emitida por la Suprema Corte de Justicia, que declaró el 25 de febrero del año 2004, que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por varias organizaciones comunitarias contra la sentencia de la Cámara de Cuentas en funciones de Tribunal Contencioso Administrativo.

Al rechazar que los vecinos del lugar se opongan a la planta envasadora, recordó que en su oportunidad, incluso una Junta de Vecinos, la «Nueva Esperanza» sirvió un certificado de no objeción.

Reta a quienes sostienen que es la comunidad que se opone al funcionamiento de esa distribuidora de GLP, a que realicen una encuesta seria, para que confirmen que la mayoría de los lugareños respaldan ese negocio.

El propietario de la envasadora, de su lado, mostró las cartas de no objeción de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la junta de vecinos Nueva Esperanza, de Planeamiento Urbano del ayuntamiento de Santiago, resolución de aprobación por parte de esa corporación edilicia, de la Liga Municipal Dominicana, de Obras Públicas, de Digenor, así como recibos de los pagos de los tributos y otras instancias oficiales que amparan la operación de esa envasadora.