¿Repara el Estado Dominicano los daños morales y materiales que ocasiona a quien imputa por relación de comercio con un narcotraficante? Una de las obligaciones del Estado nacional, aquí y en la Cochinchina, es impedir la proliferación de criminales. Por lamentable que parezca, aunque esa es obligación del Estado nacional, no parece serlo para el Estado Dominicano. De ahí la pregunta que hago al introducir este párrafo, interrogante que refleja la inquietud de un padre.

He cavilado durante horas al presentir el dolor intenso de un padre cuyo hijo paga impuestos por las operaciones comerciales que realiza. Es, ésta, la otra cara, no visible, de las persecuciones que tienen lugar por estos meses. El Gobierno Dominicano, que es la estructura real y vital del Estado Dominicano, cobra los impuestos con diligente presteza. Con las recaudaciones están supuestos a ser pagados los gastos, incluyendo sueldos, de los organismos de seguridad. Pero el narcotraficante anda suelto, posee vivienda de lujo en sector de familias distinguidas y sus hijos comparten juegos con sus vecinitos.

El narcotraficante marcha libre por las calles. Compra aquí, allá y acullá, Paga aquí, allá y acullá. Comparte comidas y tragos con amigos, quizá con vecinos y sin duda, con sus asociados. Sus documentos de identidad personal lo identifican como hacendado, empresario o profesional. Jamás lo veremos tildado de aquella otra profesión oculta que mantiene bajo oscuros crespones. Y ello, gracias a la ineficacia de las agencias públicas destinadas imputarle sus negocios ilícitos o criminales.

El padre se sofoca y calla. Desde entonces ha sido sometido a una cirugía, pues daño corporal que ignorado sufría, se ha descubierto debido a las crecientes tensiones. ¿Debe el hijo indagar respecto del origen de los recursos de quienes acuden a su negocio? Desde que instaló el comercio ha comprado y vendido por años sin necesidad de averiguar de dónde sacó el dinero su comprador. Tampoco preguntó antes a sus proveedores, de dónde sacaron la mercancía.

Ahora, no tanto por el paso de los años como por los cuestionamientos a que se le somete, piensa alquilar local vecino a un organismo de seguridad pública. Su propósito es pedir a cada comprador que lo acompañe a la oficina de lucha contra el crimen. ¿Pasa la prueba y se descubre que sus ingresos derivan de una jugada en la lotería? ¡Le vende! Irá, por supuesto, camino a la quiebra. Porque no todos, todo el tiempo, ganan el premio mayor. Los compradores se alejarán y, lo mismo que un Estado nacional que debió protegerlo, lo denigrarán.

Cavilo sobre el delicado tema pues pienso que sí, que tiene derecho a reparación por los daños morales y materiales derivados. ¿O no responderá por ello el Estado, que debió, antes, ofrecer seguridad ciudadana?