No cabe dudas que los Senadores de la República (sin descartar el papel del Comité Político del PLD, el presidente Danilo Medina y el presidente del partido, Dr. Leonel Fernández) tienen ante sí una responsabilidad histórica, la de elegir a los miembros de la Junta Central Electoral que administrará las elecciones generales de 2020, pero esos miembros tienen una misión tan importante como la anterior; la de preservar la integridad del Registro Civil, que dio un salto cualitativo gracias a las presentes autoridades, a punto tal que es un órgano debidamente depurado, técnica y tecnológicamente, gozando en la actualidad de unos niveles de credibilidad y confianza que superó el desorden del pasado.

Los Senadores, en su mayoría del PLD, porque justamente el voto popular continuó brindándole a esa organización todos los poderes, enfrentan en esta situación una coyuntura especial donde una serie de grupos de fuerzas, nacionales y foráneas, han decidido hacer causa común para forzar a los legisladores a elegir supuestamente una JCE integrada por personas probas, lo cual es correcto; capacitadas, también muy bien, pero además que sean absolutamente independientes de toda vinculación partidaria. Es decir deben ser miembros inodoros, incoloros, insípidos, transparentes e impolutos en relación a los partidos; como dice la oposición un árbitro “absolutamente imparcial”.
En esto hay que sacar la comida aparte a sectores bien intencionados de la denominada sociedad civil que siempre han aspirado a un país en constante avance institucional, aunque olvidan que aun en la democracia modelo de los Estados Unidos, desde los jueces de la Suprema Corte Federal hasta el sheriff de un pequeño condado, son miembros o simpatizantes de uno de los dos partidos tradicionales.

También en esa mezcla de intereses reclamantes por una JCE integrada por personas “imparciales” hay de todo; personajes de cierta sociedad civil comprometida con la oposición que pretenden de dedo llegar a esas posiciones para manejarse en contra del PLD, hasta sectores cuyos fines son “asaltar” el Registro Civil para desde allí violar la sentencia histórica 168-13 del Tribunal Constitucional.

Justamente por el tema de la aplicación de esa sentencia y el papel fundamental jugado por los actuales miembros de la JCE, especialmente su presidente Roberto Rosario, es que esos sectores piden su cabeza y cuentan con el apoyo del embajador que para fines de demostrar todo su poder se agenció la cancelación del visado como un meta-mensaje a los senadores.

Por eso la tarea de los senadores no es sencilla, no pueden ceder a presiones espurias, deben escoger lo mejor de los entrevistados, de los cuales hay muchos que reúnen las condiciones de probidad, capacidad y experiencia, porque lo de la imparcialidad es un mito que se lo han inventado en esta coyuntura.

Si uno o varios de los actuales miembros lo han hecho bien y merecen continuar en el organismo, que continúen, porque una cosa es cierta, aquí no colapsó el sistema electoral, aquí no hubo irregularidades, aquí a nadie se le prohibió votar. El 15 de mayo, al margen de la JCE, un pueblo en masa decidió reelegir al presidente Danilo Medina con la votación porcentual y nominal más alta en la historia del país y decidió que el PLD siguiera dirigiendo el Congreso. Aquí no se puede hablar de una crisis post electoral como en 1994 que obligó a una reforma constitucional, acortar el periodo de un gobierno y elegir miembros de una JCE por consenso para que fuese refrendado por el Senado.

Estamos en el conteo regresivo para la conformación de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y luego del Tribunal Superior Electoral y como siempre los legisladores del PLD, su Comité Político, el Presidente del partido y el Presidente de la República sabrán actuar de acuerdo a los mejores intereses. Es de esperar, la elección de miembros para la JCE que garanticen la preservación de la integridad del Registro Civil.