Ahora que se debate en el Congreso la despenalización o no del aborto, en relación de que el derecho a la vida está consagrado en la Carta Magna y el de sobrevivir la madre y rechazar un embarazo indeseado, también, es propicio señalar quien es el responsable de la alta tasa del crimen que mantiene en zozobra a la ciudadanía.

La mayoría de los hechos de sangre que ocurren en el país son producidos por las armas de fuego, y la ley 36-65 que trata esa disciplina, proviene del gobierno provisional del presidente Héctor García Cáceres, cuando apenas éramos tres millones de habitantes, y se desconocían las drogas y su tráfico.

La ley 36-65 es tan obsoleta como la 241 sobre Tránsito Terrestre, y es un imperativo que no debe aplazarse por más tiempo, modificarla y adecuarla al presente, de manera que solo se permita la tenencia, en casos motivados, justificados, comprobados, determinados por un equipo de psiquiatras.

La ley 36-65 en su párrafo III contiene la esencia de su ampliación tácita, cuando define que armas como las pistolas calibre 38, revólveres Mágnum 380 y calibre 44, solo se asignarán licencias para tenencia, no para porte, que es lo que debe y tiene que generalizarse para todo tipo de arma de fuego, solo la tenencia, no el porte, a nadie.

Los legisladores son los primeros que rechazan desarmarse, y es lo determinante para que el proyecto de ley en ese sentido del diputado Víctor Bisonó Haza desde hace cinco años, no se ponga en agenda para conocerse y aprobarse.

Con congresitos dúctiles como es la usanza en nuestro medio, la pregunta es quién es el responsable de no reducir el crimen prohibiendo el porte de armas de fuego.