Responsabilidad social del Estado

Responsabilidad social del Estado

El Estado, que ahora asigna el 4% del PIB a la educación inicial, debe destinar partidas específicas para crear oportunidades de trabajo bien remunerado y de proveer a los jóvenes de la competencia necesaria para satisfacer la demanda del mercado. Acción Empresarial para la Educación (Educa) maneja cifras según las cuales hay en el país 507,000 jóvenes sin oportunidades y sin competencias para insertarse en el mercado laboral con salario digno. Ellos componen lo que se denomina la “generación sin-sin”, que se caracteriza porque el Estado no ha puesto a su alcance los medios de adquirir competencias para merecer un puesto bien remunerado.

La médula de este problema social parece radicar en el hecho de que el impulso dado a la educación primaria con la inversión del 4% del PIB, se agota al llegar al nivel secundario, que tiene una pobre calidad y no agrega valor significativo a la formación de los jóvenes. El Estado está en el deber de facilitar a estos jóvenes los medios que los hagan aptos para las oportunidades que ofrece el mercado laboral. Su papel es optimizar la currícula educativa para que quienes escalen al nivel secundario de la enseñanza adquieran las destrezas propias de un mercado laboral cada vez más exigente. El Estado tiene que invertir parte de la bonanza de nuestra economía para mejorar las expectativas sociales y económicas de los jóvenes en edad de insertarse en la vida productiva.

PÉSIMO TRABAJO DE DISTRIBUCIÓN

El proyecto de Presupuesto General del Estado es la muestra más elocuente de una pésima distribución del erario, que privilegia con el 95% la asignación de la Presidencia y organismos afines, en perjuicio de instituciones tan relevantes como el Poder judicial y el Tribunal Constitucional. En el análisis de la pieza los legisladores han descubierto la forma de mejorar las partidas de algunas dependencias, mediante una redistribución más equitativa.

Aunque la influencia del Poder Ejecutivo es importante, no debe ser privilegiada en perjuicio de instituciones con grandes compromisos de Estado. El Poder Judicial, por ejemplo, tiene pendiente la creación de numerosos tribunales y el serio reto de dar respuesta al auge del delito y el sostenimiento de las garantías jurídicas, pero sin recursos suficientes estaría maniatado. No es juicioso sobreponer el clientelismo a la institucionalidad.

 

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