El Poder Legislativo es uno de los tres poderes del Estado. No es propiedad, arma, ni instrumento de los legisladores que, en virtud de elección popular, agotan en el mismo un período de ejercicio durante el cual deben trabajar para el país, para el bien común.

En ningún caso la labor del Congreso, y por consecuencia las de los congresistas dentro del ámbito legislativo, pueden estar dirigidas a satisfacer intereses de personas o partidos en perjuicio del interés general de la nación. Dicho de otro modo, en ningún caso puede permitirse que el Congreso detenga su trabajo para tratar de forzar a otro poder del Estado a que renuncie a su soberanía y facultades en beneficio particular de congresistas o sus agrupamientos.

Las reflexiones anteriores tienen que ver con la actitud condicionante asumida por los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) o de una de sus facciones, que valiéndose de su mayoría numérica han paralizado el conocimiento de asuntos de Estado para forzar al Poder Ejecutivo a que satisfaga demandas meramente grupales.

Esta actitud no se justifica ni siquiera en el caso de que, como parece, desde el ámbito del Poder Ejecutivo se haya incurrido en exceso al allanar la oficina particular de un ex funcionario, como parte de una investigación que procura establecer posible mal uso de bienes del Estado.

Y mucho menos se justifica cuando por esta vía de fuerza se pretende que el Poder Ejecutivo revoque actos que son de su soberanía, como es la revisión del manejo que se haya dado a bienes inmuebles de propiedad oficial.

-II-

Cada individuo que aceptó ser postulado para diputado o senador sabía de antemano los compromisos y deberes que asumiría en caso de resultar favorecido por el voto popular.

Ningún ciudadano puso las curules del Congreso al servicio de los intereses particulares o grupales de los legisladores a quienes favoreció con su voto. Específicamente, ese voto otorgó poder y autoridad para discernir, rechazar o aprobar asuntos del exclusivo interés del Estado.

Como agrupamiento político, el PRD o la facción de que se trate conoce las vías que la democracia provee para dirimir disparidades como las que están en juego. El litigio por presunto acoso o para demandar la reposición de personal cancelado debe ser mantenido en un plano muy distinto del que han escogido los legisladores.

Valerse para estos propósitos de las curules y los poderes que las mismas asignan equivale a manipular para provecho propio una autoridad que tiene linderos muy bien definidos.

Definitivamente, la mayoría numérica en el Poder Legislativo no faculta a ninguna fuerza política para condicionar asuntos de Estado. La marcha institucional de un país no puede estar condicionada a estas mezquinas querellas, ni cabe en sano juicio que la gobernabilidad del país sea un instrumento de conveniencias particulares.

Los legisladores tienen todo el derecho de aprobar o rechazar los actos que someta a su consideración el Poder Ejecutivo, pero condicionar sus decisiones al respecto a concesiones que invadan la soberanía de otro poder del Estado desdice mucho de un ejercicio legislativo por y para el país.