Ramón de la Rosa Carpio, Arzobispo de Santiago de los Caballeros, expresó unos criterios muy interesantes sobre los conceptos responsabilidad, culpabilidad y condena. Estos me llevaron a reflexionar ante la situación que ahora vive el país. Escribió el jerarca católico: “Usted puede ser responsable de un hecho porque tiene que responder de él (sic), pero no necesariamente es culpable.”

Como ejemplo para entender el criterio, digamos que el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) está obligado a revisar y corregir el diseño estructural de toda edificación antes de que se inicie su construcción en el territorio nacional. Además, el MOPC tiene que garantizar que los materiales utilizados en cada obra tengan la calidad y la cantidad en su composición que resulte suficiente y necesaria para alcanzar la resistencia establecida en el diseño. Esa evaluación tiene que ser cumplida desde la calidad del terreno sobre el que se cimienta la estructura hasta el impermeabilizante que mantendrá el agua alejada del inmueble. Así las cosas, el desplome de un edificio de cinco niveles en Santo Domingo Este es de la única responsabilidad del MOPC y de la alcaldía de la zona.

Claro queda que los organismos estatales no son culpables de los desmanes de los constructores, pero sus negligencias son irrefutables. Debe suponerse, dados los resultados desastrosos, que los departamentos oficiales fueron irresponsables e incapaces, tanto al tratar de detectar los errores de diseño como en darle seguimiento al proceso constructivo en toda su extensión.

Poco ha pasado aquí con las construcciones que no son supervisadas cuidadosamente. En otros tiempos, el Ministerio de Obras Públicas mantenía un equipo móvil de inspectoría, revestido de autoridad para supervisar las obras, privadas y gubernamentales. Esos inspectores no permitían avances de las obras si no revisaban con mucho cuidado el diseño estructural, los aceros, las calidades de los hormigones y todo lo que pudiera significar un detrimento para la obra. Ahora no se hace porque falta voluntad política para garantizar que las ciudades crezcan y se desarrollen ordenadamente.

Siguiendo el criterio del arzobispo de La Rosa Carpio, el MOPC es responsable, aunque no condenable en los tribunales por el desplome de la edificación mencionada. Culpables y condenables son los propietarios de la obra, quienes tendrán que responder ante la justicia por incumplimiento de las normas de seguridad que rigen la construcción de edificaciones. Tendrán que asumir la condena ante la alcaldía de Santo Domingo Este, dados los inconvenientes provocados a la ciudadanía por el desastre que altera todavía el funcionamiento normal de una zona. Asimismo, tendrán que resarcir los daños provocados a los vecinos e indemnizarlos por el desajuste que seguirán sufriendo esas familias durante mucho tiempo.

El momento es oportuno para determinar y establecer hasta dónde llega la responsabilidad de los organismos gubernamentales. Digamos que cualquier alcaldía o el MOPC deciden que en una calle los vehículos circulen en sólo un sentido. ¿Termina su responsabilidad cuando colocan señalizaciones horizontales y verticales? Por supuesto que no dejan de ser responsables, sino que, por el contrario, su compromiso se afirma porque deben establecer una supervisión constante para evitar que se cometan violaciones a lo establecido. No hay que esperar por las infracciones de parte de los ciudadanos para entonces, a través del uso indiscriminado de las multas, enriquecer más las arcas del Estado despilfarrador.

Los administradores del país debían ser responsables, pero República Dominicana es un país “bizarro” en que el comportamiento de los encargados del orden municipal y nacional es propio de un mundo al revés. Las autoridades, irresponsables por antonomasia, buscan culpar siempre al pueblo cuando tiene lugar una violación a las normas establecidas. Tratan de pasar por lo alto que el caos que se da en las ciudades ha sido provocado por su comportamiento negligente y su falta de voluntad política. Que si los usuarios de las calles no cumplen las normas establecidas como debieran es por el desinterés oficial en crear conciencia ciudadana. Además de responsables por ser la autoridad establecida, son culpables porque niegan a la población los dineros necesarios y suficientes para educarse de acuerdo con los tiempos que vivimos. Porque están enfermizamente obsesionados en no cumplir las leyes que pudieran hacernos mejores.