HAROLDO DILLA ALFONSO
El Estado haitiano, al mantener la prohibición para importar pollos y huevos dominicanos, está dando muestras inequívocas de varias características indeseables: debilidad, fragmentación, corrupción e irresponsabilidad social.

  Ya resulta, de parte del Estado haitiano, una prohibición perversa, que no se explicaría por una excesiva vocación de cuidar a su pueblo y su economía (lo cual nunca ha hecho), sino (como han denunciado personas y organizaciones de ambos países) por una tendencia a proteger por medios extra-económicos a algunos grupos de importadores radicados en Puerto Príncipe. Y ofrendarles, paso a paso, el lucrativo comercio binacional.

Lo han venido haciendo desde hace tiempo, incrementando paulatinamente los impuestos aduanales, que resultan, cuando se carga la siempre invariable mordida de los corruptos funcionarios haitianos, en sumas de dinero insostenibles que impiden a los productos dominicanos competir en el mercado de su vecina. Primero lo hicieron en Jimaní, luego en Dajabón y finalmente en Elías Piña. Y cuando han logrado sacar algunos productos o comerciantes del mercado, invariablemente los han sustituido con mercancías importadas de otros lugares o de la propia RD.

Y ahora lo hacen con el pollo y los huevos, ítems que significan unos cuantos millones de dólares anuales (en algunos años han llegado hasta una docena de millones) y que no solo son un apoyo esencial a granjas avícolas dominicanas (donde trabajan miles de migrantes haitianos), sino también un medio de sobrevivencia –sea a través de los ingresos o del consumo- de miles de familias haitianas y dominicanas de la frontera.

Hablemos claro: en el comercio no hay inocentes. Son transacciones que buscan maximizar ganancias y que implican rejuegos complejos. Pero cuando un Estado se convierte en rehén de grupos particulares y usa la coerción extra-económica para torcer los rumbos de ese comercio, no importa que lo haga Estados Unidos o Haití, es una tropelía.

La pobreza haitiana no justifica estos desmanes. Como tampoco la solidaridad (no lástima) con el pueblo haitiano implica la aceptación de los actos de las clase política y oligarquía más corruptas y menos sensibles socialmente de todo el hemisferio. Donde, por cierto, los funcionarios y ricos haitianos tienen fuerte competidores.

El estado dominicano (es decir la totalidad del sistema y no solamente el gobierno) ha sido poco eficiente al tratar un asunto de alta prioridad nacional como lo es la relación con Haití. Y es así porque también aquí éste es un tema secuestrado por grupos de intereses o políticos. Y en consecuencia el Estado dominicano se las ha arreglado para asumir cargas verdaderamente onerosas –repatriaciones, decisiones judiciales cuando menos polémicas, gastos sociales en servicios compartidos con la población haitiana, discursos duros ante las campañas internacionales (precisamente lo que las campañas buscan) y pocos beneficios. Se ha construido una relación con Haití en que los beneficios son privatizados y los costos son socializados.

Ahora, frente a este hecho y a otras de las acciones restrictivas del comercio por parte de Haití, queda evidenciado que el Estado dominicano no ha tenido hasta el momento voluntad para adoptar una posición firme de cara a su homólogo haitiano. Y aún cuando quisiera hacerlo sería difícil, porque no hay institucionalidad ni legalidad adecuadas. Y también se evidencia que el Estado haitiano sabe aprovechar esa insolvencia legal para obtener ventajas espurias, en detrimento de cerca de sus propios compatriotas de la frontera y del millón de otros no menos compatriotas que viven en RD.

Hay que avanzar hacia esa institucionalidad que encarna la siempre pospuesta Comisión Mixta Bilateral, pero mientras tanto no exista esa institucionalidad, se hace imprescindible,  como reclaman diversas organizaciones empresariales y sociales, hacer llegar un mensaje fuerte al gobierno haitiano y a su presidente Preval; y acompañar este mensaje con una explicación a la comunidad internacional.

Probablemente sería pertinente que las autoridades dominicanas pudieran elaborar un plan de contingencia con un abanico de respuestas, todas ellas dentro de las normas internacionales, el respeto a los derechos humanos y la decencia. Y es así porque todo indica que tras los huevos, vendrán otras acciones restrictivas de parte de los funcionarios haitianos, en una reconocible escalada de irresponsabilidad y carencia de reciprocidad que solo puede conducir a escenarios conflictivos en detrimento de la necesaria convivencia insular.