El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) aclaró que nunca ha tenido relaciones comerciales con una señora adulta mayor del municipio Comendador, provincia Elías Piña, que reclama el supuesto pago de 10 meses de alquiles de un inmueble que no es de su propiedad.

A través de un breve comunicado de prensa, la institución destacó que la señora Mercedes Barrientos, además, no es proveedora del Estado y no tiene vínculos legales con el inmueble en cuestión.

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La entidad precisó que ese local fue rentado al señor Manuel de Jesús de la Rosa Barrientos, tal y como establece la declaración jurada que fue adjunta al contrato de alquiler firmado el 19 de febrero del 2016.

El documento de prensa establece que el contrato con el señor De la Rosa Barrientos fue rescindido porque en octubre de 2020 le fue suspendido el registro de proveedor del Estado debido a que es miembro del Poder Judicial, en condición de Juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.

«Inaipi reitera su compromiso de trabajar con transparencia, apegado a las leyes y normas que rigen tanto la administración pública como los contratos entre partes», culmina.