MARTHA  PÉREZ
Tras la tormenta Noel el país ha quedado inmerso en una catástrofe nacional que toca los aspectos ecológico, económico, social  y, consecuentemente político. Contar los impactos negativos en términos de vidas en sentido general (humano, animal y vegetal) de producción agrícola, de infraestructuras, entre otros, es como visualizar un trágico final y un inicio incierto. Sin embargo, rápidamente se encendió una luz de esperanza con la acción gubernamental,  las diversas manifestaciones de solidaridad de distintos sectores, por una razón o por la otra, pero todas tendentes a ofrecer la mano amiga a los desalojados y despojados  de Noel.

Muchas voces aún claman en sus comunidades o en centros de refugios. Algunas son voces estrenadas y otras  entrenadas, porque tienen las vivencias de desastres naturales anteriores. Las primeras, sorprendidas y temerosas por los efectos de una tormenta que comparativamente causó más daños que los huracanes más recientes que han tocado nuestro país; las segundas, acostumbradas   en la terquedad de convertirse una y otra vez en damnificados privilegiados de la oportunidad. Pero todas características de una cultura común basada en “temerle” solo a los huracanes, de prevenir solo cuando se anuncia el paso de un ciclón. Por eso, mucha de esa gente más afectada tiene el recuerdo de una vez anterior. Aparece de nuevo  la variable Educación en todos los sentidos,  no como responsabilidad institucional, sino como responsabilidad de todas y todos los ciudadanos, de saber y aplicar en la práctica lo que se les informa y enseña por las vías correspondientes.

Ante esta catástrofe nacional queda una situación difícil;  luto, dolor, compasión, soledad, hambre, incertidumbre. La sociedad dominicana se ha  expresado de alguna forma procurando invertir la situación. De hecho se ha sembrado un poco de esperanza. El presidente Leonel Fernández anunció un Plan de Recuperación Nacional, a través de una alocución al país el pasado jueves 8, que de producirse las sinergias institucionales necesarias, se trata de la respuesta más adecuada para comenzar a afrontar el desastre resultado del paso de Noel.

Afortunadamente, el anuncio del presidente Fernández se convierte en uno de los pasos importantes necesarios en situaciones como la que vive el país desde hace dos semanas, para iniciar las acciones de recuperación encaminadas a seguir en un proceso de  desarrollo. Se trata de la decisión política,  en materia de respuesta al desastre, de disponer el estricto cumplimiento de la Ley 64-00, en sus artículos 109 y siguientes, que prohíbe asentamientos humanos en lechos y causes de ríos, terrenos inundables o zonas expuestas a variaciones marinas. Esta medida trae consigo el abordaje de  otro tema de gran envergadura y de prioridad nacional, aunque ya estaba en las agendas de las instituciones de competencia en el mismo, como es el ordenamiento territorial y que la situación de peligro que nos ha mostrado Noel, obliga a tratarlo con carácter de  medida preventiva, de cara al futuro.

Es oportuno precisar, para aquellos que creen debe irse a la carrera con el ordenamiento territorial en el escenario que ha montado la tormenta Noel, que el tema es amplio y complejo y como tal debe evitarse incluirlo como parte de la respuesta al desastre en el corto  plazo, aunque sí debe   de tomarse en cuenta, en especial en la aplicación del mandato presidencial, respecto a los asentamientos humanos, una adecuada zonificación territorial, sobre todo municipal, que necesariamente debe estar  asociada a lo social, ambiental y económico. De suerte que las  instituciones citadas por el presidente Fernández para liderar la aplicación de dicho mandato, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Asuntos Urbanos,  tienen a la cabeza sendos expertos en las  temáticas de sus competencias institucionales y sabrán orientar con criterios claros un Plan de Acción, de corto, mediano y largo plazo, no sólo  como respuesta al desastre,  sino como acción del desarrollo.

Es necesario, entonces, que las demás instituciones gubernamentales convocadas en este plan, y de la sociedad civil, acudan de manera militante, se involucren y sigan participando activa y eficientemente de la contingencia, para garantizar la implementación de un plan que a la vez que es de recuperación,  podrá  ir siendo un plan de desarrollo que incorpora la variable riesgo en la planificación,  para beneficio de la nación.