Restablezcan la pena de trabajos públicos

Siempre se ha dicho –y es verdad- que el trabajo dignifica al hombre. Entonces, ¿por qué se eliminó de nuestro Código Penal la pena de Trabajos Públicos? Por el prurito de que acuerdos internacionales prohíben los trabajos forzados a los encarcelados. Y qué, si se reglamentan para que los trabajos, además de ser útiles al país, se apliquen a los condenados de acuerdo a sus edades y condiciones físicas, y les sirvan de ejercicios para su reconstrucción moral y educativa, sujetándolos siempre a los horarios y reglas protectoras de la persona humana que existen en el derecho laboral para la generalidad de los obreros.

Que trabajen ocho horas diarias; los jóvenes en la construcción y arreglo de los caminos vecinales que se necesitan en todo el país, en proyectos agrícolas del Estado, en sastrerías, ebanisterías y talleres de mecánica creados al efecto; los de cierta edad, en las cocinas, en la limpieza, en los locales de atención médica para los mismos presos, etc., etc. Al cumplir sus jornadas de trabajo se les lleva a recibir clases conforme sus grados escolares; Los días libres se les facilita ver televisión y dedicarse a juegos lícitos y deportes. Todo, menos la vagancia. La noticia publicada en Diario Libre del 7 de julio en curso, con el título “Describen tétrico panorama de tres cárceles del país”, donde se indica que “La ocupación de miles de porciones de marihuana, cocaína, crack, cubetas de ron fabricado dentro de la cárcel de La Victoria, así como la existencia de dos celdas de castigo en el penal de Najayo y la superpoblación y continuos traslados desde el centro de corrección de Rafey-Hombres a los predios de Moca y Azua, marcan el panorama dramático de esos superpoblados lugares”. Se dice que el dato es ofrecido por un informe de la Oficina de Defensoría Pública, dependencia de la Suprema Corte de Justicia. Conocer el panorama que se describe de las cárceles del país produce la misma sensación que cuando uno se entera de que a algún pariente le han pronosticado cáncer con metástasis. En este caso el pariente es nuestro país. Estoy seguro que los jueces del más alto tribunal, modernizadores por excelencia del Derecho, deben estar preocupados. ¿Por qué la Suprema Corte y el Congreso no se ponen de acuerdo para modificar nuestro Código Penal y el Procesal Penal, para restablecer la pena de trabajos públicos, reglamentándola para que lejos de se incompatible con los derechos humanos, sea un ejemplo a imitar como ente corrector y edificador de las condiciones moral y física del individuo que delinque?