Restan base a demanda contra Alvarez Renta

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Los abogados del banquero Ramón Báez Figueroa afirmaron ayer que la demanda contra Luis Álvarez Renta en tribunales de Miami como presunto artífice del fraude del Banco Intercontinental (BANINTER) carece de fundamento, al tiempo de advertir que cualquier medida estaría supeditada a lo que decida la justicia dominicana.

Lo mismo plantearon ayer los abogados de Álvarez Renta, quienes consideran que la demanda busca producir un “daño irreparable a su reputación y el fusilamiento de su imagen pública.”

“La demanda del Banco Central en Estados Unidos no tiene ningún fundamento en el sentido de que se alegan una serie de situaciones que están pendientes de ser conocidas por la justicia dominicana, es decir, que un eventual juicio estaría supeditado necesariamente a que las acusaciones criminales que se le han formulado a Álvarez Renta y Báez Figueroa puedan ser probadas en República Dominicana”, manifestó Vinicio Castillo Seman, del grupo de defensores de Báez Figueroa.

Sostuvo que esa demanda está basada en una serie de alegaciones a las que consideró falsas que se presentaron el pasado 13 de mayo, pero que bajo ningún concepto pueden ser validadas en Estados Unidos hasta que los jueces dominicanos hayan comprobado que realmente ocurrieron.

En ese sentido, auguró que la demanda será desestimada en breve tiempo por la corte estadounidense.

“Con la intención de obtener dinero, entendemos, incluso que dentro del Banco Central hay abogados de planta que están haciendo grandes negociaciones de mucho dinero de pago en honorarios en Estados Unidos”, precisó.

Castillo Seman reiteró que cualquier medida que se tome en Miami de parte del Banco Central tiene que estar condicionada al curso de los acontecimientos judiciales en la República Dominicana.

“Hay que hacer una investigación acerca de cuánto dinero el señor Jorge Luis Polanco, que es el que ha estado dirigiendo esas operaciones, ha sacado del Banco Central para esas oficinas que están operando en Estados Unidos, para ver entonces cuál es el interés de irse a una jurisdicción a reclamar daños y perjuicios sobre hechos que no han sido probados en el país”, insistió el abogado.

En el presunto fraude de la entidad bancaria, las autoridades monetarias sometieron a la justicia además de Álvarez Renta y Báez Figueroa a Vivian Lubrano de Castillo, Marcos Báez Cocco y Jesús María Ferrúa. Todos se encuentra en libertad.

[b]DE ÁLVAREZ RENTA[/b]

Los abogados de Álvarez Renta dijeron que los funcionarios del Banco Central dominicano “han querido condenarlo en el escenario de la prensa”.

En un comunicado que aparece como espacio pagado en esta edición afirman que la demanda es “falaz” y se basa “en las falsedades y tergiversaciones que dijo el gobernador (José Lois) Malkun el 13 de mayo del año pasado”.

Afirman los abogados que “la única persona mencionada es Luis Álvarez Renta, quien ni siguiera fue funcionario del BANINTER o miembro de su directorio, presentándolo como el autor intelectual de todas las fantasías imaginables.”

Advierten que “Álvarez Rents tiene derecho a la presunción de inocencia. Es inocente y lo seguirá siendo hasta que un tribunal dominicano debidamente apoderado, mediante un juicio público y contradictorio, emita una sentencia definitiva que establezca lo contrario.”

[b]ACUSACIÓN[/b]

Álvarez Renta, economista y ex diplomático, fue demandado formalmente ayer en Miami bajo la acusación de asociación para delinquir, fraude y lavado de U$102 millones.

La demanda fue puesta por la Comisión Liquidadora de los activos del BANINTER designada por el gobierno dominicano, con lo que pretende recuperar U$34 millones en activos que investigaciones han ubicado en los Estados Unidos.

La información fue publicada por The Wall Street Journal Américas y se trata de un paso inicial para una búsqueda mundial de activos que Álvarez Renta podría tener, dijo Thomas Tew, abogado que representa la Comisión de Liquidación.

Este reportero hizo esfuerzos ayer para tratar de conseguir por parte de los abogados del Banco Central el texto de la querella pero no fue posible.

De acuerdo con lo publicado sobre la demanda, el International Bank of Miami, el Hamilton Bank y el Bank Atlantic prestaron millones de dólares a empresas regenteadas por Álvarez Renta. Estas empresas era Bankinvest, S.A., e Interdiuty Free Ltd.

De acuerdo con la acusación, Álvarez Renta nunca tuvo la intención de devolver los préstamos a los bancos.

La querella expresa que Álvarez Renta usó los fondos de Baninter para pagar cada uno de los préstamos que recibieron sus empresas de los bancos de Miami, con lo que ayudó a sustraer millones de dólares al banco.

La información dijo que aunque los bancos estadounidenses no fueron acusados en la demanda, podrían enfrentar una investigación, según opinó Michael McDonald, ex experto en lavado de dinero del Servicio Nacional de Impuestos de los Estados Unidos.

MacDonald dijo que la demanda “describe un patrón de conducta tradicional de fraude y lavado de dinero” y que desde que el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Patriot en octubre del 2001, los bancos están obligados a practicar una “diligencia debida mejorada” al manejar cuentas de extranjeros influyentes y los bancos corresponsales.

Uno de los bancos envueltos en las operaciones, el Hamilton Bank, fue cerrado por las autoridades federales por problemas de cartera vencida y falta de capital.

El abogado de Álvares Renta en Estados Unidos, A.G. Barranco, sostuvo que su cliente es uno de los hombres de negocios más distinguidos del área del Caribe, y lo definió como un “hombre trabajador”.

También opinó que Alvarez Renta debe ser juzgado por tribunales dominicanos y no de Miami.

Álvarez Renta fue liberado por razones de salud y de acuerdo a las informaciones se mantiene viajando entre República Dominicana y los Estados Unidos.

The Wall Street Journal Américas explica que BANINTER era el tercer banco de la República Dominicana y que se derrumbó el año pasado como consecuencia según denunció el Banco Central de un fraude de alrededor de U$2,200 millones, que hizo tambalear la economía dominicana.

Esta situación forzó al país a firmar un acuerdo de crédito por U$300 millones a organismos internacionales entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI) que exigió del Congreso la aprobación de una Ley sobre Riesgo Sistémico, y el fortalecimiento de la supervisión de las entidades bancarias.

The Wall Street Journal señala que la caída de Baninter causó un gran escándalo que abarcó a líderes políticos y de otros sectores de la vida nacional.