El 29 de septiembre último, el nuevo ministro de Medio Ambiente, doctor Francisco Domínguez Brito, anunció conceder un plazo de 120 días que vencerán el primero de enero 2017 a todos los ocupantes, residentes e individuos que practican cultivos y ganadería en Valle Nuevo, para desalojar la reserva boscosa de 910 kilómetros cuadrados y preservar su ecosistema de contaminaciones.
La disposición contenida en la resolución 14-2016 del MA, fue expuesta por su titular ante el Consejo de Cogestión de Valle Nuevo, que elaboró un diagnóstico de los daños que sufre esta área protegida vital, porque en ella nacen 769 cuerpos de agua, entre ellos el Nizao, que nutre la presa de Valdesia y ésta el acueducto del Gran Santo Domingo donde residimos más de cuatro millones que nos tragamos los químicos y heces que generan desalmados paisanos.
El espíritu de la plausible providencia del MA se inserta en la Ley Sectorial de Äreas Protegidas 202-04, la Ley Ambiental 64-00 y el decreto 233-96 del presidente Joaquín Balaguer, el estadista que demostró como ninguno su padrinazgo del medioambiente y las reservas boscosas.
Por todos esos apelativos que involucran a Valle Nuevo como la Madre de las Aguas, donde nacen Yaque del Norte y Sur, el área total debe despoblarse absolutamente de asentamientos humanos y cualquier actividad agropecuaria, y declarar de utilidad pública sin compensación a todos los intrusos.
Diario Libre del día diez de este mes insertó una nota en la que figuran 29 individuos que poseen predios en Valle Nuevo, inclusive la familia León Asensio, el fenecido político Hatuey De Camps, la disuelta Granja Mora, Luis Viyella y José Delio Guzmán, entre otros intrusos de Valle Nuevo, que deben desalojarse ipso facto y ni siquiera edificar una caseta de observación forestal allí.