QUITO (AFP).- La restitución temporal de 57 legisladores devolvió la tensión política a Ecuador, sacudido por una lucha de poderes en torno a los planes para una Constituyente por parte del gobierno socialista, que continuó recibiendo ayer, miércoles, el apoyo de indígenas y campesinos.

La crisis volvió a agudizarse por un fallo judicial que dejó sin efecto la destitución de los diputados que habían intentado bloquear la consulta popular del 15 de abril para una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna.

Apoyado en la sentencia, el jefe del Congreso, Jorge Cevallos, rehabilitó a los legisladores y suspendió la sesión alegando «falta de quórum», tras lo cual debió abandonar el recinto escoltado por la Policía en medio de la rechifla de las fuerzas oficialistas. «Hay un informe de la asesoría jurídica del Congreso que me dice que debo acatar el amparo dado por el juez y por lo tanto no se instala la sesión», afirmó Cevallos, quien pospuso para el martes próximo la reanudación de los debates.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) -que cesó a los diputados- anunció que entabló un recurso para anular la sentencia al tiempo que destituyó al juez penal suplente Juan Ramírez por intentar torpedear el plebiscito.

Ramírez «actuó sin competencia al incumplir la ley de control constitucional que dice que cuando se presenta más de un recurso de amparo sobre la misma materia, no se puede admitir más demandas», adujo Jorge Acosta, presidente del TSE.

Previamente un grupo de los diputados favorecidos por la sentencia intentó sin éxito ingresar en el Congreso a espaldas de simpatizantes que se reunieron para apoyar la Constituyente impulsada por el presidente Rafael Correa.

«No nos han permitido la entrada. Estamos viviendo una dictadura», indicó Gloria Gallardo, una de las legisladoras de derecha destituidas el 7 de marzo por la corte electoral.

Al tenor del rechazo a los diputados, miles de campesinos, indígenas y negros marcharon para respaldar a Correa, quien salió al balcón de la sede presidencial a agradecer el apoyo a la propuesta con la que impulsa el «socialismo del siglo XXI».

Correa juzgó como «un abuso» la actuación de Ramírez. «Pero además de ilegal es absolutamente ilegítimo porque esos 57 diputados están sancionados correctamente, y por eso buscan a un juez suplente de la provincia de Guayas, donde sabemos que fiscales y jueces pertenecen a un partido (de oposición)», fustigó.

Los líderes de la manifestación negaron que el gobierno los esté financiando y reiteraron que impedirán que los diputados destituidos vuelvan al Legislativo.

«El gobierno no nos ha pedido nada, este es un sacrificio que estamos haciendo por la transformación del país», expresó Pedro de la Cruz, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras.

Antes de copar la plaza contigua al palacio presidencial, en el centro de Quito, los manifestantes quemaron una rata de esponja con un cartel grande en el que se leía Congreso Nacional, constató un periodista de la AFP.