Tomando partido, absolutamente, a favor de posesivos taxistas de perfil violento que reclaman como suyos los entornos aeroportuarios, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ha montado absurdas restricciones a los transportistas que, mundialmente, operan a partir de instantáneas conexiones electrónicas para mayor rapidez de atenciones a viajeros, y a pasajeros en sentido general hacia la diversidad de destinos disponibles.

Se ha procedido a una arbitraria limitación de acercarse con automóviles privados adscritos a plataformas digitales a las terminales aéreas y a zonas urbanas específicas a partir de una cínica resolución que equivale a una negación total de operar.

El Intrant se sitúa en oposición al progreso y contra la fórmula que confiere agilidad y abre democráticamente las oportunidades al ciudadano común para sumarse a la prestación de un servicio esencial con el vehículo de que dispone en legítima búsqueda de ingresos.

Un órgano estatal regulador alineado, por el origen de quienes ahora lo dirigen, a las aguerridas agrupaciones de choferes que en ocasiones pretenden ser ley, batuta y Constitución en calles y rutas y que no vacilan en usar la fuerza para imponer su criterio.

La implantación de un bloqueo selectivo a la circulación agrede la libertad de tránsito y desacredita al país como destino turístico.

Insólita bendición gubernamental a acciones unilaterales que ya han causado pánico a visitantes extranjeros y usuarios dominicanos.

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