En primarias faltó controlar uso de recursos del Estado y compra-venta de votos

El pais.Almuerzo Semanal del Grupo de comunicaciones Corripio, con dirigentes de Participación Ciudadana, Heiromy Castro Coordinador Genral.Hoy/Pablo Matos   16-10-2019
El pais.Almuerzo Semanal del Grupo de comunicaciones Corripio, con dirigentes de Participación Ciudadana, Heiromy Castro Coordinador Genral.Hoy/Pablo Matos 16-10-2019

Dirigentes del movimiento cívico Participación Ciudadana calificaron como decepcionante el resultado de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), porque no se logró romper con el mercado de compra y venta de conciencias alrededor de los centros de votación, ni se controló el uso de los recursos del Estado a favor de los candidatos oficialistas.
El señalamiento lo hicieron Miriam Díaz Santana y Francisco Álvarez, quienes lamentaron que la Junta Central Electoral (JCE) haya quedado entrampada en las denuncias de fraude del precandidato Leonel Fernández, del PLD.
Díaz Santana expresó que la recién aprobada Ley de Partidos está destinada a ejercer controles sobre los procesos internos de los partidos, pero los hechos ocurridos en las primarias demuestran que esa legislación no es suficiente.
“Desde hace 20 años esperábamos una Ley de Partidos que organizara a esas instituciones, que garantizara que hubiese mayor orden y cumplimiento de determinadas reglas de la democracia, más control de parte de las autoridades electorales, pero el resultado ha sido realmente decepcionante, porque ni se logró el control de los recursos públicos y privados.
“Tampoco se logró disminuir la inequidad que ha caracterizado a las elecciones dominicanas, y que se ha ido acentuando cada vez más”, dijo.
En tanto Álvarez expresó que, el pasado 6 de octubre, cuando se realizaron las primarias simultáneas de los referidos partidos, el país presenció situaciones bochornosas con la compra de votos, y por la desafortunada declaración del presidente Danilo Medina, quien dijo que “eso era cosa del pasado” cuando estaba a la vista de todos.
“El fraude electoral se manifiesta, y siempre ha sido así, en función del uso de los recursos del Estado para favorecer a los candidatos, y con la designación de ministros para participar en la campaña política, eso también es fraude”, refirió.
Álvarez también señaló como una acción fraudulenta, para el electorado, la publicación de encuestas por encargo que, en la práctica, demostraron que se trataba de instrumentos de propaganda.
En ese sentido consideró que la JCE debería inhabilitar a las firmas que incurrieron en esa práctica.
En ese contexto Díaz Santana consideró que la autoridad electoral, los actores políticos y toda la sociedad deben llegar a acuerdos para que, de cara a las elecciones del 2020, se controlen o disminuyan los factores ya citados, y que para ella deslegitiman a cualquier autoridad que salga electa.
La JCE no debió arbitrar proceso. A partir de las irregularidades que envolvieron al proceso, Álvarez consideró que fue un error adjudicarle a la JCE la organización de las primarias de los partidos, porque la colocaron dentro del cuadrilátero, y eso le crea dificultades muy serias.
Prueba de eso es la demanda del expresidente Fernández, que denunció ser víctima de un fraude para favorecer a Gonzalo Castillo, quien ganó los comicios internos y es candidato a la Presidencia.
“La demanda de Fernández es en contra de Gonzalo Castillo y el PLD, pero involucró a la JCE en ese conflicto, cuando esa institución solo debió arbitrar el proceso.
“Hemos visto las declaraciones altisonantes del entorno de Leonel contra la Junta, de manera incivilizada, y eso provocó reacciones, pero la Junta tiene que mantener la cabeza fría y no estar respondiendo esos asuntos porque de lo contrario pierde calidad.
“Ojalá saquemos a la Junta de ese compromiso de organizar las primarias, que sean los partidos que la hagan aunque bajo su supervisión”, destacó.
Álvarez entiende que la JCE enfrenta grandes desafíos, sobre todo en términos de su credibilidad

Cero impunidad con delitos electorales. Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, expresó que no es posible continuar con procesos cargados de corrupción electoral, entendiéndose ésta como abuso de poder para fines particulares, falta de transparencia e integridad, y que los delitos electorales queden impunes.
“No es posible que todas las denuncias que se han presentado queden impunes, es inaceptable, y es más grave aún escuchar al procurador general de la República, Jean Rodríguez, hacer un llamado para que le lleven pruebas.
“Cuando sabemos que el procurador, de oficio, puede perfectamente iniciar una investigación vinculada a los crímenes y delitos electorales”.
Pimentel afirmó que, uno de los desafíos más importantes, de cara al futuro, es que los procesos electorales no pueden realizarse con ese manto de impunidad.
“En las pasadas primarias la sociedad pudo ver la compra de cédulas, en un contexto en el que se juega con la dignidad de las personas”, dijo.

Las solicitudes de PC a la JCE
Heiromy Castro, coordinador general de Participación Ciudadana, expresó que esa entidad le solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) una serie de acciones que, de aplicarse, habrían contribuido con un mejor desenvolvimiento de las primarias abiertas del PLD y del PRM.
Previo a las primarias la entidad le hizo 20 solicitudes de información al organismo, que tenían que ver con la necesidad de realizar una auditoría al sistema del voto automatizado para verificar sus distintos componentes. Para ese trabajo la entidad tenía a su disposición técnicos internacionales.
Castro refirió que otras solicitudes se referían al control de la campaña política extemporánea, el monitoreo a los partidos para verificar si habían cumplido con la cuenta única en el manejo de los fondos.
Asimismo, el monitoreo de los informes de rendición de cuentas que deben enviar los partidos políticos a la JCE.
La entidad también pidió a la JCE que se investigaran firmas encuestadoras que estaban violando las normas legales, y que por tanto se aplicaran las normas de rigor.
“También le solicitamos que en el 20% de las mesas se realizara un conteo manual, comparado con el electrónico, y que esa muestra fuera seleccionada por una entidad independiente del órgano electoral”.
Participación Ciudadana extendió sus solicitudes a otras instancias, como la Procuraduría General de la República, a la que pidió la instalación de la Procuraduría Especializada en la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, destacó.
Elecciones 2020
Francisco Álvarez considera que las elecciones generales del próximo año representan un gran desafío, sobre todo para el organismo electoral. A su entender la Junta Central Electoral deberá velar porque se recupere la equidad en la competencia, que se perdió en las primarias, y controlar el uso de los recursos del Estado en la campaña. Otra prioridad es que se transparenten las finanzas de los partidos.
Centros de votación
Miriam Díaz Santana señaló otro desafío para las elecciones del año próximo: controlar el desorden en los centros de votación, y que la Policía Militar ejerza su rol de control y no se quede de brazos cruzados.
El rol de PC
Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, expresó que esa organización se invulucró en las primarias abiertas, como ente observador, porque era la primera vez que unas elecciones internas las organizaba la Junta Central Electoral, y porque se utilizarían equipos electrónicos para el voto automatizado.
A parte de esos dos aspectos, para Participación Ciudadana era importante evaluar la aplicación de la Ley de Partidos y la Ley de Régimen Electoral, porque como tenían algunas debilidades y poco tiempo de implementación, eso podía generar algunos niveles de obstáculos.

Desafíos de esas leyes
Quedan desafíos por delante que permitirán robustecer el marco normativo de la Ley de Partidos, aunque se aprobó el que regula las primarias y el que tiene que ver con la fiscalización de los recursos. Pero quedan dos reglamentos que la Junta debe apurar el paso, el control de la publicidad y la propaganda, y otro que permita regular el registro de los contribuyentes, dijo Pimentel.