POR LUIS H. VARGAS
Desde el 16 de agosto de 2004 hasta la fecha de hoy, las actividades económicas y financieras en República Dominicana han ido de mal en peor, a causa de un descenso de la tasa de rentabilidad empresarial, resultado de la elevación de costos de producción y caída de los valores de venta en el mercado interior.

En este lapso, el coste productivo unitario por capital fijo, insumo energético y tipo de interés actvo real ha trepado al techo, al mismo tiempo que los ingresos brutos por venta de mercancías han rodado por el suelo, como consecuencia de la poda de la demanda de consumo de las clases trabajadoras y la demanda de inversión de las empresas criollas.

En casi once meses, la planta de producción ha registrado una suba de precios de costo de aproximadamente 22,0% en capacidad instalada ociosa, 32% en energía eléctrica y hasta 23,0% en intereses reales, mientras las ventas en algunas ramas han bajado cerca de 30,0%, en razón del desempleo de decenas de miles de asalariados y el repliegue de 8,7% de la compra de bienes de inversión.

De hecho, la causa de la crisis, la plétora de capitales con escasa valorización rentable, ha transitado del exceso de inversión bruta fija que se pretendió resolver con un proceso inflacionario de repunte del margen de beneficio, en la gestión de Mejía, a la abundancia actual del fondo de ahorro del capital, cuyos rendimientos se intentan validar con desfalco del fondo de consumo de los trabajadores y de capitalización de las diversas empresas exportadoras.

Nadie debe dejarse engañar por la maquinaria más efectiva de desinformación puesta a funcionar en los últimos cien años de la historia de República Dominicana, incluyendo a la dictadura de Trujillo. Este país sufre tanto una crisis de régimen de acumulación de capital con un Estado «fallido» o «pillo» («failed state» ó «rogue state») como una crisis cíclica de las actividades económicas, agravada por la ejecución de una política pública deflacionista.

En otras palabras, el país carece no sólo de sectores económicos que garanticen la capitalización ampliada de las ganancias corporativas, con un Estado que asegure el ejercicio de los derechos ciudadanos, sino también, de ramos productivos que arrastren a la economía a fases virtuosas de recuperación y expansión del ciclo de los negocios, con la ayuda de una política fiscal anticíclica y una política crediticia de incentivación del desarrollo del mercado doméstico y foráneo. En este tramo de la fase recesiva que recorre el ciclo económico dominicano, correspondiente a la administración del gobierno de Fernández, las autoridades monetarias y fiscales en vez de aplicar nuevas políticas públicas favorables a la superación de la crisis y reactivación sana de la tasa de capitalización empresarial y la tasa de ocupación laboral, lamentablemente han optado por reafirmar la ejecución de la nefastas políticas y medidas neoliberales, con carácter deflacionario, contempladas por el Consenso de Washington y recetadas por el Fondo Monetario Internacional -FMI-.

Este programa de neoliberalización salvaje de los mercados interiores y exteriores comenzó a implementarse a partir de 1990, a raíz de la crisis económica sufrida por todo el país.

En la actualidad, el gobierno fernandecista respalda dicho programa, a capa y espada, mediante una política deflacionaria que se caracteriza por la restricción monetaria y crediticia y la austeridad de los gastos en sueldos, servicios sociales y construcción de obras públicas reproductivas, a los fines de cumplir con el mandato claramente intervencionista del Fondo Monetario Internacional -FMI-, de pago del servicio de los adeudos externos, en base a las condicionalidades lesivas previamente acordadas por la gestión de Mejía..

POLÍTICA MONETARIA

La política monetaria instrumentalizada por el Banco Central se caracteriza por la inconsistencia del establecimiento de una meta inflación de depresión del índice de precios, afincada en la sobrevaluación abrupta del peso frente al dólar y el euro y la emisión galopante de certificados de inversión.

De agosto de 2004 a junio de 2005, el índice de precios al consumo nacional (base 1999=100) ha declinado de 251,38 a 245,06, equivalente a una deflación de 2,12%, en tanto que la cotización cambiaria del dólar en pesos ha decrecido casi 30% y la montaña de deuda interna de los valores en circulación se ha inclinado 49 mil 64 millones de pesos hasta arribar al pico impagable de 139 mil 45 millones.

La sobrevalorización de la moneda nacional con respecto a las monedas internacionales cumple básicamente la triple función de abaratar las mercaderías importadas y, por consiguiente, presionar la bajada de precios en el mercado vernáculo, fortificar la repatriación de capitales y dividendos de los negocios transnacionales, con registro de ganancias extraordinarias, y, finalmente, facilitar la cancelación de obligaciones financieras denominadas en dólares, por parte de prestatarios estatales y privados delante de prestamistas foráneos y nativos.

Aunque la devalorización del dólar americano con respecto al peso dominicano no se ha transferido proporcionalmente a los niveles de precios locales, tal y como esperaban las autoridades monetarias, el giro de intereses y utilidades al extranjero marcha al vapor, al igual que las pagas de débitos del gobierno central y las empresas nacionales, puesto que con menos cantidad de ingresos en pesos se cubre mayor suma de egresos en dólares..

En el primer trimestre del año en curso, en comparación con similar período del año pasado, el valor de las importaciones nacionales se acrecentó 33,3%, algo más que la remisión de rentas de inversión de 29,7% por concepto de intereses y dividendos, en tanto el valor de las exportaciones totales, los ingresos por viajes y las remesas familiares declararon crecimientos respectivos de 4,6%, 25,8% y 0,2%. De aquí, la contracción del excedente en cuenta corriente de 644,2 millones de dólares a 420,1 millones, diferencia igual a 224, 1 millones.

En otras palabras, este ritmo de salidas de divisas más rápido que el de las entradas revela el encogimiento progresivo de los saldos positivos de la cuenta corriente de balanza de pagos, cuya evolución inscribirá inevitablemente en el futuro cercano un tabulamiento de saldos en rojo en las cuentas exteriores, tanto más el valor de la remesas se encuentra paralizado por disposiciones de lucha contra el lavado y seguridad nacional de las autoridades del Tesoro de Estados Unidos.

En realidad, hay que admitir que las ventajas obtenidas por las empresas importadoras, las firmas multinacionales, las entidades crediticias y las empresas y dependencias estatales por la supervaluación de la moneda nacional peso implican automáticamente como contrapartida confiscación de rentas percibidas en dólares por las empresas nacionales exportadoras, las zonas francas, la hotelería turística y las familias residentes en naciones extranjeras..

En el primer semestre de este año, esta modalidad de tributación encubierta, cargada tanto a empresarios, como trabajadores, ha ascendido a poco más o menos 63 mil 600 millones de pesos o 10 mil 600 millones de pesos mensuales, o sea, cifras próximas a la totalidad de los recaudos impositivos del gobierno general.

Todavía peor, el presidente de la República ha concedido al gobernador del Banco Central, la autorización de soplar la burbuja especulativa de los títulos de adeudos interiores, bajo la excusa de búsqueda de solución a la operación de salvataje de toda la banca comerccial, vía el hiperfinanciamiento ilegal de los bancos quebrados, llevada a cabo por la anterior administración gubernamental del PRD.

La estrategia de solución diseñada por la presente gobernación anhelaba en resumidas cuentas a disminuir los tipos de interés nominales a corto plazo y a patear a largo plazo, inclusive hasta de plazos de cinco años, las fechas de redención de valores.

Sin embargo, tal fórmula salvadora ha resultado un rotundo fracaso, ya que desde mediados de agosto de 2004 hasta fines de junio de 2005, la tasa de interés real pagada a los tenedores de certificados ha saltado de 14,7% con signo negativo a 15,0,1% con signo positivo, a la vez que el 97,5% del acervo contratado de adeudos se ha amontonado a plazos de vencimiento de igual o menos de 365 días. Ello sin contar que dentro de pocos meses se avecinan, a las arcas del Banco Central, los vientos huracanados de los vencimientos de papeles valorados en cerca de cuatro decenas de miles de millones de pesos, sin posibilidad alguna de auxilio fiscal del gobierno central. No es casual entonces que las autoridades de este instituto emisor se apresten a relanzar suscripciones de papeles de altísimo riesgo con rendimientos de 18,0% a 24 meses de plazo.

La recolocación expansiva de los bonos del Banco Central se explica, por un lado, por la liquidación de intereses y renovación de pasivos vencidos y, por otro lado, la sustitución de emisiones excedentarias de moneda primaria, derivadas principalmente de la redención de certificados, superavit en las transacciones de divisas y compra de dólares con miras a acumular reservas netas internacionales.

Se trata entonces de una gestión de la moneda nacional que quiere abatir la inflación mediante una recomposición de la masa monetaria, con inflamación de la deuda estatal criolla, en vez de financiar el alza de la productividad laboral y el mejoramiento de competitividad empresarial para producir y vender a bajos precios bienes y servicios mercantiles.

Para colmo de males, estas colocaciones de valores en circulación del Banco Central han minado el sistema bancario y financiero nacional, puesto que absorben una gran proporción de los activos y patrimonios de los bancos comerciales y asociaciones de ahorristas, en concreto de los ahorros de las clases medias y asalariadas.

Al cierre del 14 de este mes de julio, el monto de dichos títulos de débitos escaló a la estratoférica cota de 140 mil 998 millones de pesos, repartida de la manera siguiente: bancos múltiples (29,6%), asociaciones (18,1%), público en general (42,6%), depositantes de Baninter (1,7%) y otros (8,0%).

En el caso de la banca comercial, en el último año, es claro que el remonte de 18,9% de las inversiones en valores, desde 41 mil 554 millones de pesos hasta 49 mil 391 millones corre en sentido contrario al desmonte de 9,5% de los préstamos, hasta 155 mil 106 millones desde 171 mil 372 millones, gracias a que resulta más rentable prestar capitales a la banca central que a la empresa privada, máxime si se considera la implementación del bozal reglamentario de oferta crediticia, a cargo de la Superintendencia de Bancos -SIB- por imposición del FMI.

A final de marzo del corriente año, los ratios acreditados a certicados contra activos brutos y patrimonio total, en la banca comercial y las asociaciones de ahorro y préstamos, ascendían a los niveles peligrosos de 13,6% y 109% para la primera y 46,6% y 187% para las segundas.

En esta coyutura nacional de elevado riesgo, en cualquier momento el país se expone a que los propietarios de los pergaminos de inversión del Banco Central tomen conciencia de que el valor real de tales instrumentos de mercado abierto no corresponden a su valor facial y, en consecuencia, explote la burbuja de especulación.

Ya sea por impago o capitalización de intereses, no redención o recolocación de valores vencidos, exageración de la cota de los rendimientos o magnitud de los títulos, fijación unilateral de tipos de interés y/o plazos de vencimiento, déficit creciente del instituto emisor o incapacidad de socorro del gobierno central o cualquier otro motivo, puede ocurrir una corrida de canje de certificados por billetes que no solamente derrumbe al Banco Central, sino que haga colapsar el sistema bancario y financiero y provocar una refuga de capitales al extranjero.

Resulta inaudito en la historia de las finanzas nacionales e internacionales que se califique de exitosa a una gestión del Banco Central que hace trepar el cociente de los valores en circulación contra producto bruto interno -PBI- del techo de 11,6% al cielo de 18,0% y que carga mensualmente al fisco la friolera de mil 750 millones de pesos por concepto de intereses, además de depredar el 13,5% de la colecta de la comisión cambiaria.