La decisión de la Procuraduría General de la República de retener para sí US$14.5 millones del Caso Quirino que deben ser entregados a varias instituciones públicas y de la sociedad civil, está afectando seriamente la labor de prevención y lucha contra el narcotráfico de estas organizaciones. Pero como las entidades civiles afectadas dicen que se trata de una violación a la ley, sus directivos anunciaron ayer, en rueda de prensa, que presentarán el caso ante los tribunales, por violación a la ley sobre Lavado de Activos.

Unas diez entidades que desarrollan programas de tratamiento y prevención contra la  drogadicción anunciaron ayer que en las próximas horas incoarán acciones judiciales para conminar al Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, a dar cumplimiento a la Ley 72-02 sobre Lavados de Activos.

Reiteraron que Jiménez Peña  retiene 14.5 millones de dólares, (alrededor de 520 millones de pesos) del caso Quirino que no ha entregado al Comité  Contra el Lavado de Activos. Recordaron que el artículo 33   es bien claro al establecer que el 50 por ciento de los recursos será destinado a la Dirección Nacional de Control de Drogas; el 35 por ciento al Consejo Nacional de Drogas (CND) y el restante 15 por ciento debe ser entregado a instituciones dedicadas a la regenación de los adictos.

Consideraron las entidades firmantes del documento dado a conocer en conferencia de prensa que “para el Procurador no importa lo que diga la ley”. 

Una advertencia

Las organizaciones advirtieron que de “no tener respuestas a nuestros reclamos en los próximos cinco días, procederemos a depositar una demanda judicial”.

Procurador indiferente

Consideraron las entidades firmantes de un documento dado a conocer   en conferencia de prensa que “para el Procurador no importa lo que diga la ley”. Recordaron que los tribunales debieron fallar casos relacionados con Quirino Ernesto Castillo Paulino, preso en Estados Unidos por narco.