CARACAS. El líder opositor venezolano Henrique Capriles denunció el jueves que las autoridades le retuvieron el pasaporte cuando intentaba abordar un vuelo a Nueva York para denunciar en las Naciones Unidas la violenta represión del gobierno de Nicolás Maduro.

A través de su cuenta en Periscope, Capriles dijo que el viernes tenía previsto reunirse con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Las autoridades no han ofrecido al momento comentarios sobre el hecho.

El incidente se produjo mientras la oposición intenta marchar al centro de Caracas en medio de una creciente espiral de violencia que ha dejado seis muertos en una semana, entre ellos un hombre que falleció en medio de una protesta en el estado suroccidental de Táchira.

Manuel Castellano, de 46 años, murió la tarde de miércoles tras resultar herido por un disparo de arma de fuego a pocos metros de una manifestación en la población de Tucapé, en Táchira.

La Fiscalía General informó que tres guardias nacionales fueron detenidos e imputados por su presunta relación con la muerte de Castellano.

En lo que va de la semana cuatro personas han fallecido en Táchira, una en el estado de Barinas y otra en la localidad de San Antonio de los Altos, a las afueras de la capital.

La coalición de la Mesa de la Unidad Democrática busca llegar a la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, en el centro de la ciudad, para protestar contra las fuerzas de seguridad a las que señalan de excederse en el control de las manifestaciones.

El centro de la capital y los alrededores del ministerio amanecieron tomados por centenares de policías y guardias nacionales.

Desde que se iniciaron las movilizaciones siete semanas atrás la oposición ha intentado en varias oportunidades marchar hacia el centro de Caracas, donde está la sede del gobierno, pero la policía y la Guardia Nacional les han bloqueado el paso.

Las tensiones se intensificaron la noche del miércoles luego de que un pequeño regimiento militar del poblado de La Grita, al norte de Táchira, fue atacado por varios centenares de personas que estrellaron un vehículo contra la entrada de la instalación y luego lo prendieron fuego.

Algunos de los atacantes lanzaron piedras a los uniformados que accionaron sus armas para dispersarlos.

Al condenar el incidente Maduro denunció que «paramilitares» presuntamente vinculados a la oposición atacaron el batallón pero precisó que la situación fue controlada por los militares.

Las autoridades también reportaron que durante la semana otra instalación militar de Táchira fue atacada con bombas incendiarias por manifestantes.

En la ciudad de San Cristóbal, capital de Táchira, se registraron durante la noche y la madrugada del jueves decenas de saqueos a comercios a pesar de que la localidad había sido tomada horas antes por centenares de guardias nacionales, dijo a The Associated Press Patricia Gutiérrez, alcaldesa de esa ciudad.

Desde inicios de semana San Cristóbal y otras poblaciones aledañas enfrentaron numerosos bloqueos de vías, protestas y ataques a estaciones policiales que llevaron al cierre de centenares de comercios y la paralización del transporte público.

El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, anunció el miércoles el envío a Táchira, estado fronterizo con Colombia, de 2.600 militares para reforzar la seguridad en la zona.

Capriles había denunciado más temprano que durante la noche del miércoles varios comercios de Los Teques, a las afueras de la capital, fueron saqueados tras una intensa jornada de enfrentamientos entre manifestantes y la Guardia Nacional que lanzaron balas gases lacrimógenos y balas de goma.

Asimismo, en la ciudad central de Maracay se registró un violento incidente cuando un grupo personas armadas disparó contra centenares de universitarios que se encontraban en el comedor de una universidad. En el hecho resultaron heridos seis estudiantes y un oficial de la Guardia Nacional, indicó la Fiscalía General.

Las protestas, que se iniciaron a fines de marzo tras dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia contra el Congreso que luego fueron revertidas, han dejado 47 muertos, aunque la Fiscalía General solo reconoce 42; más de 900 heridos y centenares de detenidos.