El sistema de justicia de Santiago enfrenta un gran reto este próximo lunes 8 cuando habrá de conocer la apelación a una arbitraria medida de coerción que evidencia la fragilidad del sistema de garantías ciudadanas.
En el nuevo Código, la cárcel debe ser la excepción, criterio que al parecer no comparten algunos miembros del aparato judicial que olvidan, además, la máxima de que es preferible un culpable suelto a un inocente encarcelado.
Hablamos del caso del historiador y profesor universitario maeño, Manuel Rodríguez Bonilla, quien fue minuciosamente investigado por la entonces fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, sobre el asesinato de su esposa Yasmín Valdez de Rodríguez en mayo del 2010.
Investigaron además, los fiscales adjuntos Miguel Ramos y Aura Luz, el INACIF y el DICRIM, resultando que en ninguna de las investigaciones, experticias o pruebas de fluidos y ADN del esposo se encontraran evidencias en su contra.
Por eso, nunca fue sometido a la justicia y nueve años después del crimen, cuando visitó la fiscalía de Santiago a indagar sobre el nivel de las investigaciones del caso, fue apresado y encerrado con una inexplicable y sospechosa medida de coerción.
Este lunes se conocerá, después de muchas trabas, la solicitud de revisión a la medida en cuyo proceso, la fiscalía de Santiago ha cometido el desacato de negar los resultados de las pruebas del INACIF al abogado defensor del profesional.
Estamos vigilantes y hemos pedido también a la Procuraduría General de la República, como órgano superior jerárquico, estar atento a lo que pudiera constituirse en uno de los mayores abusos de la fiscalía de Santiago y el sistema judicial contra un ciudadano ejemplar.