El Ministerio de Medio Ambiente dispuso el cese temporal de la extracción de materiales de los ríos y la tala de árboles. Es una medida de coyuntura por la sequía, y por la presión que a través de los medios de comunicación han ejercido personalidades y entidades calificadas. Pero el problema ambiental del país no es de coyuntura ni para resolverse con operativos mediáticos de siembra de árboles, sino para un trabajo permanente dirigido a recuperar la capa boscosa depredada y mejorar la preservación de acuíferos.

El historiador Frank Moya Pons, que fue el primer titular de ese ministerio, advierte con la mayor crudeza que si el país no aplica un amplio programa de restauración de cuencas se quedará sin agua, y atribuye la baja producción de agua a la pérdida progresiva de bosques. La suya es una voz autorizada que se suma al clamor que demanda controles estrictos sobre la extracción destructiva de materiales de los cauces de los ríos y repoblación forestal de las cuencas.

Aquí, de la manera más alegre y sin un programa científico de explotación forestal, se autorizan aserraderos y se produce carbón vegetal para exportar, entre otras prácticas no convenientes. La isla en que estamos asentados está señalada entre los puntos más vulnerables ante el cambio climático, y la deforestación agudiza esa vulnerabilidad. La sequía actual puede ser una especie de muestra médica de lo que pasaría si continuamos como vamos.

Burocracia y mucho caos

Hace unos días, un militar que de manera furtiva se dedicaba al transporte de pasajeros, mató a tiros a un controlador de rutas del transporte urbano. Ese hecho de sangre es fruto del caos organizado que alimenta el Estado con una burocracia tan abundante como ineficaz en materia de transporte y tránsito.

Aquí tenemos una Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT), una Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) y una Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), pero en realidad son los sindicatos de transportistas, con sus truculentos controles, los que imponen las reglas.

Bajo este esquema de inoperancia, el caos seguirá en aumento y el pésimo servicio de transporte continuará regido por el librito que han impuesto los sindicatos, aunque le pese a los usuarios y a la sociedad en general.