La sociedad dominicana acude nuevamente al ejercicio democrático para expresar su voluntad soberana a través del voto. Se le ha convocado para el próximo 16 de mayo para escoger el Presidente que dirigirá la administración del Estado desde el 16 de agosto de este año hasta el 16 de agosto del 2008.

No hay novedad en este proceso, pues el mismo está contemplado en la Constitución de la República como la pauta institucional por excelencia para dar vigencia a la alternabilidad. Es, digámoslo así, una auténtica y deseable rutina.

Pero los cambios de mando producidos en base a la rutina institucional han colocado a esta sociedad, una y otra vez, ante una reafirmación que las evidencias se han encargado de confirmar como altamente nociva y peligrosa para el país y el porvenir de su gente.

Nuestros políticos de los últimos tiempos han sustituído la propuesta de soluciones por la búsqueda de culpables que suelen ubicar en administraciones anteriores, preferentemente en la recién pasada. Que no extrañe, pues, que en sus últimos períodos de mando Joaquín Balaguer haya atribuído a las dos gestiones perredeístas los yerros que encontró en la administración del Estado, que Leonel Fernández haya culpado a Balaguer y que Hipólito Mejía responsabilice a su vez a Fernández por cuestiones similares.

La sociedad, convocada nuevamente a delegar los poderes que le son propios, ha empezado a darse cuenta de que sus problemas se han agravado, no solo, como suele alegarse, porque lo hayan determinado factores externos, sino porque internamente los políticos no han tenido para las dificultades nacionales las respuestas precisas en el momento oportuno.

[b]-II-[/b]

En nuestro medio, si algo ha erosionado el prestigio de los partidos políticos ha sido la falta de credibilidad que ellos han inspirado por la falta de propuestas de sus líderes y candidatos ante la sociedad. Por la misma causa, cada vez es más frágil la cohesión interna de las organizaciones políticas y cada vez son más comunes los casos de división y cuestionamiento de la autoridad de sus líderes.

Al margen de lo que hagan los partidos, la sociedad debe exigir seriedad en los planteamientos, que el lenguaje de los políticos, en vez de denuestos y descalificaciones contra adversarios, contenga fórmulas realistas de solución, alternativas para atenuar la crisis y prevenir sus causas.

Los electores de este país deben exigir que el debate público de las propuestas de los candidatos sea obligatorio en el proceso electoral y que los partidos políticos expongan sus plataformas programáticas para ser aplicadas a corto, mediano y largo plazos.

Una competencia política necesariamente debe arrojar resultados, efectos útiles para la sociedad, no únicamente utilidades para quienes la ejercen y sus partidos. Las sociedades invierten recursos variados y cuantiosos para garantizar el marco institucional adecuado para esta competencia que debe desembocar en unas elecciones democráticas, en una delegación de poderes para administrar el Estado. Debe llegar el momento en que esa inversión retribuya a la sociedad y ningún balance puede ser más rentable que las propuestas de solución y los programas de gobierno sometidos al escrutinio público a través de ese instrumento maravilloso que es el debate. Basta de descalificaciones, diatribas y retórica viciosa.