Ubaldo Guzmán Molina 
Fachada del Palacio Nacional de la Republica Dominicana. El Nacional/ FE. Archivo. 13.06.2009
El economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) consideró ayer que los dos principales retos de la economía para el 2021 son realizar una reforma fiscal integral y las reformas estructurales pendientes que necesita el país.
Miguel Collado Di Franco afirmó que una reforma fiscal integral debe incluir una ley de Responsabilidad Fiscal y las reformas al Código Tributario.
Entiende positivo el comentario hecho por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien señaló que el gobierno planea iniciar a principios de año las discusiones de la reforma fiscal integral.
Planteó que la reforma fiscal debe simplificar el sistema tributario para hacerlo menos oneroso y que promueve menos la evasión, la elusión y la informalidad.
Señaló que eso ayudará a la recuperación económica y las finanzas públicas, porque se ha deteriorado la capacidad de ingresar recursos al erario como consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia del covid-19.
Consideró que habrá tiempo en el 2021 si hay voluntad de gobierno para hacer la reforma fiscal integral.
Indicó que si el gobierno tiene una noción de hacia dónde quiere llevar la reforma, esta se podría hacer en el próximo año.
“Todo depende del mecanismo de cómo se pretenda realizar la concreción de una reforma, pero si hay claridad de hacia dónde llevar la reforma se puede lograr definitivamente en el 2021”, señaló.
Un segundo desafío importante, explicó, es realizar las reformas estructurales en diferentes ámbitos para que la economía pueda recuperarse más rápidamente.
Se trata, a su juicio, de las reformas eléctrica, laboral, transporte, institucional, de desarrollo de las alianzas público-privadas, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y el mercado bursátil y que se aprueben los reglamentos pendientes.
Expresó que esas reformas estructurales son necesarias para ayudar el despegue de la economía, diezmada por el covid-19, y que el CREES ha abogado por ellas desde el 2012.
