POR LUIS ML. SÁNCHEZ DÍAZ
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señala que las políticas de desarrollo de un país constituyen instrumentos para crear condiciones de competitividad, en ese orden le asiste la responsabilidad a las instituciones publicas para la toma de decisiones coordinar acciones que incorporen  estrategias vitales del sector privado: aprendizaje de la innovación y tecnología adecuada, infraestructura física eficiente, recursos humanos administrados con políticas claras, priorizando la calificación de estos,  entre otros factores.

La transformación del mundo por la globalización económica, ha empujado a los países a buscar, ampliar y asegurar mercados, proliferando los acuerdos de libre comercio, ( ejemplo DR-CAFTA., Republica Dominicana, Centro América con los EE.UU. ) obligando al Estado redefinir políticas gubernamentales, redimensionando la función tradicional, fiscalista, recaudadora de impuestos de las Aduanas, para convertirse en instrumentos de políticas económicas, y con su aliado estratégico, el sector privado, alcanzar el objetivo propuesto de ente facilitador del comercio internacional.

Desde esta perspectiva las Aduanas tienen que adecuarse a las demandas de los operadores económicos, representados en el sector privado, parte integral motorizadora de la dinámica económica, receptor principal de los grandes beneficios derivados de una Aduana eficiente, transparente, equitativa y efectiva, que trabaje conjuntamente con el gobierno para acreditar y afianzar  atractivos comerciales del país, que permitan situarlo con ventajas competitivas.Por lo visto, el sector privado tiene un reto, le asiste una gran cuota de responsabilidad para lograr las mejoras que esta demandando el sistema integral de nuestras Aduanas, debiendo contribuir proactivamente para que factores distorsionantes, que inciden negativamente en el Servicio de Aduana: falsas declaraciones, seguridad comercial, valores, costos, entre otros, sean superados, disminuyendo la brecha tradicional que ha existido en este sentido, entre el sector oficial y el privado, comercial importador, industrial.

Es de resaltar lo expresado por el ing. Lisandro Macarrulla, presidente del CONEP, durante una mesa de trabajo sobre los fondos de pensiones, presidida por el Dr. Leonel Fernández, presidente de la Republica y el Dr. Rafael Alburquerque, vicepresidente, celebrada el día 3 de julio por SIPEN, ´´a las empresas privadas les corresponde una gran cuota de responsabilidad, abrirse a la sociedad, hacer visible sus libros, mejorar las practicas de gobierno corporativo y abrir su capital accionario a nuevos inversionistas´´ 

En este contexto, el Marco Normativo de la OMA para Asegurar y Facilitar el Comercio Global, expresa en el pilar No.2 (Aduanas-Empresas) que las Administraciones de Aduanas deberán asociarse con el sector privado a fin de que éste participe activamente en la tarea de optimizar la transparencia, eficacia, seguridad y facilitación comercial de la cadena logística internacional.

Conforme las “Directrices de alto nivel para los acuerdos de cooperación entre los Miembros de la OMA y el sector privado con vistas a reforzar la seguridad de la cadena logística y facilitar la circulación del comercio internacional»: «Los riesgos en las Aduanas disminuirán en la medida que éstas puedan contar con sus socios de los medios comerciales para evaluar y abordar las amenazas a su propia cadena. Beneficiándose las empresas que muestren voluntad en fortalecer la seguridad, minimizar riesgos, para que Aduanas cumpla sus funciones relativas a la seguridad y a la facilitación del comercio legítimo.» 

Como refiriéramos en artículo anterior, dada la importancia del tema de la seguridad en el comercio internacional, siguiendo las recomendaciones y mandatos de la OMA a los países miembros, es que han surgido alianzas empresariales con el Estado; entre las más importantes auspiciadas por los EE.UU., nuestro principal socio comercial, con la observación de que las dos primeras tienen  representación en el país:

1. Coalición Empresarial para un Comercio Seguro (BASC, sus siglas en inglés).

2.  Iniciativa de Seguridad de Contenedores (CSI, por las siglas en inglés).

3.  Alianza Aduanas-Empresariado contra el Terrorismo (TPAT, siglas en inglés).

4. Código Internacional Protección de buques e Instalaciones Portuarias (ISPS). 

Las ventajas mínimas que podrían derivarse de esta integración para el sector privado incluyen: circulación rápida de la carga de bajo riesgo, por la reducción de controles Aduaneros, traduciéndose en disminución de tiempo y costos; mayores niveles de seguridad; optimización de costos de la cadena logística, eficiencia en la seguridad; reputación, crédito para la organización o empresas beneficiadas; mayores oportunidades comerciales; mejor conocimiento de los requisitos aduaneros, además de generar una fluida comunicación entre ambos sectores.

Con la promulgación de la Ley No.226-06, de Autonomía funcional, presupuestaria, administrativa de la Dirección General de Aduanas, se crean las bases para el afianzamiento de esta relación, ya que manda a la institución a simplificar, sistematizar y estandarizar procedimientos del despacho Aduanero, asimilando esta normativa jurídica recomendaciones de la Ronda de Doha de la OMC para facilitar el comercio, disminuyendo tramites y tiempo de demora en puerto de las mercancías, demanda de muchos años del sector privado organizado, cumplidor de las obligaciones tributarias aduaneras.

Cabe mencionar que la DGA ha  suscrito además acuerdo de cooperación con la Asociación de Industrias de la República Dominicana para enfrentar de manera conjunta, oportuna y eficaz los grandes desafíos que como país estamos abocados, frente a los acuerdos de libre comercio, destacando, después de una evaluación ponderada de cooperación entre ambos sectores, los beneficios altamente positivos hasta el momento logrados.

Este acuerdo fomenta la interacción institucional, intercambio de información oportuna y adecuada., aprovechando la capacidad técnica especializada de la DGA y del Sector Industrial para desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades, que coadyuven a la productividad de alto valor agregado, demandada a las empresas industriales o de servicios, por el sorprendente y vertiginoso crecimiento económico del país.

Comprende además, estadísticas, volúmenes y valores de mercancías importadas, exportadas., productos y renglones de impuestos liquidados; adecuación tecnológica, procesos, agilización trámite del despacho; normativa legal aduanera, acuerdos de libre comercio, y apoyar esfuerzos de la DGA para enfrentar de manera conjunta el fraude comercial en el tráfico internacional. 

Así también negociaciones de acuerdos comerciales, actualización de técnicos en nomenclatura, valoración, normas de origen, propiedad intelectual, entre otros, por parte de técnicos especializados de la DGA; Intercambios entre las industrias asociadas para que técnicos aduaneros conozcan procesos de producción, uso de insumos, materiales y equipos importados.

El sector privado por su papel decisivo en la transformación del servicio de Aduanas, debe participar con iniciativas de cooperación que contribuyan eficazmente a lograr las reformas que la adecue a los nuevos tiempos, adoptando modelos de negocios modernos, éticos y competitivos. Desde esta perspectiva otras instituciones del Estado Dominicano, vinculadas al comercio exterior, igualmente le asisten el deber y responsabilidad de apoyar los esfuerzos que realiza el gobierno vía las Aduanas.

No menos responsabilidad tiene ante la dinámica del comercio que se plantea, la Autoridad de Puerto, que debe adecuar la infraestructura física, tecnológica y legal, aboliendo practicas manuales y obsoletas, como también, Agricultura y Salud Pública que deben crear procedimientos informáticos para eficientizar el registro y la expedición de certificados de mercancías importadas, así como los organismos de seguridad, cuyas intervenciones arbitrarias desdicen de la propia autoridad del Estado por atomización de funciones,  pues están llamados a jugar un rol auxiliar del Servicio de Aduanas.

La Ley 226 de Autonomía referida, promovida por la presente administración de Aduanas, establece que si no se cumplen los estándares óptimos en el servicio, la Administración Aduanera no podrá exigir compensación de pago por servicio prestado que no se haya ofrecido, conforme los requisitos en el artículo 14, párrafo 2 de la misma.

Debe resaltarse como altamente positivo que sea una institución publica del país, sector catalogado por lo regular de deficiente, la que por autogestión genere los recursos económicos  en base a eficiencia recaudatoria, que hasta condiciona cobrar la tasa solamente cuando el servicio se realice en un tiempo máximo de 24 horas para el despacho de las mercancías, lo que  solamente se logra en base a una plataforma técnica, capaz, estable, no improvisada.