Nuestro país es una realidad concreta cuyos atributos pueden medirse: somos una república de 168 años de edad con alrededor de 10 millones de habitantes que vivimos en las dos terceras partes del Este de la isla de Santo Domingo en un territorio de poco más de 48,000 kilómetros cuadrados con un Producto Interno Bruto (PIB) de US$55.7 mil millones en 2011 (según el Banco Central).

Pero al mismo tiempo somos también más que una mera concreción en la que cohabitan dominicanos, más de un millón de haitianos con variado estado de (i)legalidad migratoria y varios millones de turistas que llegan, gastan, gozan y se van.

Los dominicanos representamos una cultura, una manera de ver y vivir la vida, manifestada en nuestras costumbres. Estas nos han permitido acumular el conjunto de conocimientos cuya puesta en práctica determina nuestro grado de desarrollo económico y social, la capacidad científica, agrícola e industrial, nuestro acervo artístico y destrezas y preferencias culinarias y deportivas. La velocidad de los cambios en las realidades económicas puede que haya sobrepasado nuestra posibilidad de mantenernos actualizados; las viejas maneras a veces parece que no funcionan.

El PIB, el valor monetario agregado de los bienes y servicios producidos por el país medido anualmente a precios constantes o la riqueza y pobreza en que viven las familias dominicanas, depende tanto –o quizás más- de las ideas que forman nuestro imaginario colectivo y formulan la llamada sabiduría convencional, como de la cantidad de electricidad que produzca el país, de cuántas horas de clase reciban diariamente los niños que asisten a escuelas públicas, de cuántas libras de carne o leche consuma cada dominicano, de cuánto se exporte e importe, o cuánto sumen los ingresos del país por las remesas, las inversiones foráneas, el lavado de capitales, entre muchas otras variables materiales medibles.

Por tanto, para analizar cuáles son y cómo enfrentar los retos, o amenazas a su viabilidad y prosperidad, que actualmente tiene la República Dominicana, y cuáles otros desafíos –si fueren distintos- aguardan en el futuro, hay que discernir entre aquellos que son del orden material o físico y aquellos que podrían calificarse como espirituales, culturales o filosóficos.

Entre los primeros están la falta de energía eléctrica barata y confiable, la carencia de suficientes escuelas y hospitales o la necesidad de crear más y mejores empleos, aumentar la producción y exportación y equilibrar los presupuestos gubernamentales. Entre los segundos, el desinterés por el imperio de la ley, la generalizada desidia ante la corrupción pública y privada y la falta de fe en el futuro.

Esta aparente carencia de esperanza es caracterizada por el individualismo que dificulta la cohesión social imprescindible para asumir proyectos colectivos de bien común. La desesperanza también explica la propensión emigratoria del dominicano (que recuerda las palabras de Plutarco: “navigare est necesse, vivere non est necesse”, o sea “navegar es necesario, vivir no…”).

En la raíz de todos estos problemas hay un denominador común: la falta del imperio de la ley. Sin esto no hay posibilidad de sostenibilidad. Algunos políticos repiten cada cierto tiempo que somos un país rico pobremente administrado y la mayoría cree que se refieren solo a la prosperidad material. Pero quizás la mayor pobreza dominicana, cuya solución impacta todos nuestros problemas, es la carencia de un gran consenso nacional sobre la necesidad de que impere, por encima de hombres e intereses particulares, la ley.

 Imperio de la ley, antecedentes.  Desde la fundación de Santo Domingo en 1496, los españoles que trajeron consigo las leyes y tradiciones de la madre patria acarrearon también una antigua costumbre del reino de Navarra y la región vasca, denominada “derecho de sobrecarta” o “pase foral”, que permitía no cumplir órdenes de la Corona cuando riñesen con alguna legislación local o su puesta en efecto no conviniese. Tras leerse el edicto u ordenanza real, las autoridades locales analizaban la cuestión y podían declarar que “sea acatado, pero no cumplido”.

Aunque en España esta costumbre fue extinguiéndose hasta quedar prácticamente abolida en el siglo XIX, con pocas excepciones, en las colonias americanas las autoridades frecuentemente ejercían el “pase foral” al punto que hubo un cronista de Indias que llegó a comentar que “en esta isla la gente es enemiga de que se haga justicia en ella”. Lo cual constituía una paradoja si se considera la deuda del derecho de gentes con sus precursores Fray Antón de Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas, cuyas prédicas fueron en Santo Domingo.

En su obra “La corrupción en México, una estrategia de resistencia cultural” (2001, Editora Sarmiento, Oaxaca, México), el escritor Guillermo Marín comenta: “la Corona Española a lo largo de los 289 años que duró su mandato sobre la llamada Nueva España, no logró exportar e implementar en sus territorios colonizados, las estructuras morales y éticas, que tenían vigencia en la península. La Corona trató de hacerlo primero con los conquistadores, después con ‘las Audiencias’ y posteriormente con el Virreinato. Pero existía un océano de por medio, la ambición y la corrupción de sus designados para llevar a cabo sus mandatos; desde Hernán Cortés (quien llegó a México, prófugo de la ley de Cuba), hasta el último Virrey, la frase célebre de las leyes que llegaban de la península era se acata, pero no se cumple”.

Tras el fugaz esplendor inicial de Santo Domingo y luego durante su prolongado letargo colonial, la costumbre de “acatar pero no cumplir” fue extendiéndose hasta dar origen posteriormente a la frase atribuida a un dictador de finales del siglo XIX: “Para mis amigos, ¡todo! A los demás, todo el peso y rigor de la ley!”. Que la aplicación de las leyes sea una cuestión selectiva está en la raíz misma de la mayoría si no todos los problemas dominicanos.

¿Otra causa raíz? La corrupción impune.

Para muchos empresarios, la corrupción privada y pública es el mayor problema dominicano. Según la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), la corrupción en la contratación de obras públicas por el gobierno “supone un robo de alrededor de RD$100,000 millones” en 2011. ¿Será verdad que un valor casi igual a 5% del PIB dominicano y más del 25% del gasto total gubernamental en 2011 fue robado por funcionarios y contratistas corruptos? La cifra aparenta exagerada pero da una idea de la tremenda magnitud del problema. A juzgar por recientes encuestas de opinión, la mayoría de la población no comparte el criterio del empresariado en cuanto a la gravedad de la corrupción. Algún cínico diría que ello es así porque los que no están robando están aguardando su turno…

Podría argumentarse que los retos actuales y del porvenir son otros: la terrible instrucción pública, la mala seguridad ciudadana, la interminable crisis eléctrica, el auge del tráfico de drogas, la impunidad y los problemas de sana administración de justicia, la falta de democracia a lo interno de los partidos políticos; la lista puede parecer interminable y cada asunto en verdad resulta importante. Pero todos y cada uno de estos, y otros no enumerados, dependen para su solución de la voluntad política de la sociedad civil y del Gobierno para priorizar e imponer el imperio de la ley o “rule of law”.  

De no lograrse el imperio de la ley, la función pública cesaría así su misión de organizar y facilitar la vida en común, sujeta a los constreñimientos de legales, para confirmarse como una vulgar canonjía. En vez de estar el Gobierno al servicio de pueblo, todos los ciudadanos estarían condenados a financiar una clase gobernante que no resuelve ningún problema colectivo.

Hay desde hace tiempo indicios de cómo la sociedad dominicana camina por ese angustiante derrotero: al faltar agua del acueducto construimos cisternas con bombas eléctricas; al fallar la instrucción pública hasta los más pobres prefieren las escuelitas “particulares” aun sean “de patio”; al renquear los hospitales públicos florecen las igualas y seguros privados; al temérsele a los policías tanto o más que a los ladrones, hay más “guachimanes” privados que agentes del orden; al ser malo el transporte público de pasajeros hay una epidemia de “motoconchistas” inmunes a las leyes del tránsito; al abundar los apagones y el mal servicio eléctrico, hasta hombres dizque serios se roban la luz; en fin, hay casi más habitantes que ciudadanos. ¡Acatan pero no cumplen!

Es un desafío enorme. Pero como todo desafío, objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, su propia naturaleza debe constituir un estímulo para la nación lo afronta. Cambiar nuestra tradicional manera de ver y vivir la vida podría ser el primer paso hacia el objetivo de reorganizar el país, para integrar más habitantes al ejercicio pleno de la ciudadanía abandonando la informalidad económica, integrándose al esfuerzo colectivo para cerrar la vergonzosa brecha entre ricos y pobres fruto de nuestras viejas mañas y “lisios” ancestrales… Si no logramos el imperio de la ley, seguiremos careciendo de educación, salud, seguridad pública, honestidad en la función pública, electricidad, orden en el tránsito y todos los atributos de la vida en común civilizada y moderna. Establecer el imperio de la ley es el mayor reto de la República Dominicana.

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Imperio de la ley

World Justice Project, una ONG radicada en Washington, Estados Unidos, dedicada a promover el imperio de la ley, lo define de la siguiente manera: 1) El Gobierno y todos sus funcionarios están por debajo de la ley; 2) Las leyes son claras, estables, justas y protegen a los ciudadanos; 3) El proceso legislativo y judicial es accesible y eficiente; y 4) Hay acceso universal a una justicia competente, independiente, ética y con recursos adecuados.