Hoy 
La República Dominicana cuenta con un armazón jurídico y constitucional que le permite enfrentar cualquier reto que pueda presentarse. El problema es que ni Gobierno ni ciudadanos se creen en la obligación de cumplirlo.
Desde el motorista que transita sin placa ni casco por túneles y elevados, hasta el presidente de la República que incumple leyes como la de Educación y la de Compras y Contrataciones del Estado, ponen en evidencia un irrespeto generalizado de la Constitución y las leyes.
Para muchos, conducir sin licencia y en vía contraria es solo una travesura, y hasta los jueces consideran benigno el robo de propiedad pública como tapas de filtrantes, cables eléctricos y telefónicos, o la verja metálica de cualquier edificio público o privado.
Nadie ve como corrupción el macuteo, ni como delito la ocupación de un terreno ajeno, o la alteración de documentos como el acta de nacimiento. Para muchos eso es cosa de vivos.
Estas violaciones o inobservancias de la ley revelan el grave problema institucional que afecta al país, germen de la corrupción generalizada presente en los sectores público y privado a todos los niveles, la que roba al Estado los recursos necesarios para cubrir la enorme deuda social, para fomentar la educación imprescindible para que el país logre el desarrollo económico y la madurez democrática.
El sociólogo Cándido Mercedes, en una auditoría a la Constitución dominicana del 2010, identificó violaciones a unos 50 de los 277 artículos con los que cuenta la ley de leyes, así como 40 numerales que no se cumplen. También identificó al menos 20 leyes que no se aplican o se aplican parcialmente.
Cita entre los artículos de la Constitución que el Gobierno incumple, los relativos al Estado Social Democrático de Derecho, los de áreas protegidas, régimen fronterizo, aprovechamiento de los recursos naturales, de la nacionalidad, derecho a la vida, dignidad humana. Se violan también artículos relativos a las atribuciones del Congreso, de la administración pública.
El artículo VIII de la Constitución sobre el Defensor del Pueblo, y una ley de 1999 establece esa figura que aún no ha sido escogido quien debe ostentarla. Figuran también los artículos relativos a la organización territorial.
Mercedes indica en su estudio que el artículo 241, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, dos años después de la aprobación de la ley que la crea, todavía no se conoce el Reglamento; el 242 sobre el Plan Nacional Plurianual tampoco se ha cumplido, y hasta ahora no se ha convocado el Consejo Económico y Social. Señala, además, que de 19 disposiciones transitorias, solo se cumplió una en la fecha señalada, que es la relativa a la elección de los diputados en el exterior.
Educación y pobreza. El círculo vicioso de la pobreza y la falta de educación, en lugar de eliminarse, se ha ido fortaleciendo, aupado por la falta de institucionalidad que ha permitido que la Ley de Educación que asigna el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación preuniversitaria se incumpla. Tampoco se cumple la que asigna el 5% del presupuesto nacional a la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
A la falta de respeto a la ley, se suma la corrupción que se apropia de ingentes recursos que podrían ir destinados a ese y otros sectores prioritarios.
Según el informe Progreso Educativo de República Dominicana 2012, el reto de la educación en el país es la calidad. Por su lado, el reporte Harvard: Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana: Herramientas para el Desarrollo (Julio, 2012), cita los cuatro grandes problemas del sistema educativo dominicano: baja cobertura, baja calidad, bajo porcentaje de estudiantes en la cola superior internacional y cola superior de desempeño poco satisfactorio.
El economista Miguel Ceara-Hatton indica que los niños y adolescentes de 3 a 17 años fuera del sistema educativo rondan el 20.8%, unas 632 mil personas.
El reto es superar esas deficiencias, lo que se lograría cumpliendo con la Constitución y la Ley de Educación, que establecen la universalidad, la gratuidad y la calidad de la educación.
El presidente Danilo Medina anunció que desarrollará un plan para la erradicación del analfabetismo en 2014. De concretarse esa meta, 800 mil dominicanos darían un paso hacia adelante porque de hecho se convertirían en ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus deberes y, por ende, escalarían un nivel social, a partir de la máxima de que el conocimiento da poder.
Las estadísticas oficiales revelan que en la República Dominicana 803 mil 455 familias viven en pobreza extrema. Está demostrado que solo se sale de esa marginalidad social y económica con el acceso a una educación de calidad.
Corrupción e impunidad. La República Dominicana está entre los países más corruptos de la región, según Transparencia Internacional, que mide los niveles de percepción de la corrupción, entendida como abuso de poder para obtener ventajas ilegítimas.
El exdirector de Prevención de la Corrupción Administrativa Hotoniel Bonilla declaró que en los últimos 10 años en el país se han malversado más de RD$104 mil millones en casos de corrupción, el 95 por ciento de los cuales ha quedado impune. (Periódico HOY, 03 de septiembre de 2010).
Es un problema difícil de combatir con instituciones débiles y permeables, y un bajísimo nivel de educación que impide a los ciudadanos percatarse de los males que genera la corrupción.
La END y metas del Gobierno. Los retos presentes y futuros del país están conectados con los objetivos, lineamientos y resultados esperados de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2010-2030) de lograr un Estado democrático social de derecho, una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, una economía sostenible, integradora y competitiva y una sociedad con producción y consumo ambientalmente sostenibles.
También están vinculados a las metas trazadas por el actual Gobierno de reducir la pobreza extrema, sacando de ella a 400 mil personas; reducir la pobreza para llevar un millón 500 mil personas desde la pobreza a la clase media, mantener un crecimiento de 4.5% del PIB promedio anual, crear 400 mil nuevos empleos y puestos de trabajo dignos, cumplir con la Ley de Educación, que ordena invertir el 4% del PIB en la educación, para mejorar la calidad de la educación y la capacidad de pensar de los ciudadanos.
Los retos de la República Dominicana, además, están relacionados con alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que establecen como desafíos importantes para el país, reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día; lograr empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes y reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre.
Un cóctel explosivo
Un caso real. El bajísimo nivel de educación, el desempleo, la falta de institucionalidad, la corrupción, el irrespeto a la propiedad pública, todo se ve reflejado en esta factura presentada por un joven parqueador de la zona de Güibia, en el Malecón, a un conductor que detuvo su vehículo en una zona pública cercana a la recién restaurada zona de ocio de la Capital.
La Asociación de Vigilantes decidió asumir el derecho a administrar, en provecho propio, las pocas disponibilidades de estacionamiento que existen en esa zona de la Capital, estableciendo tarifa y limitando el tiempo a los parroquianos que deciden visitar el balnerario.
Se trata de jóvenes cuasi analfabetos, con pocas expectativas de lograr un empleo digno y que, además, sufren la indiferencia de las autoridades.
Como estos emprendedores, hay cientos de miles de jóvenes que se ven obligados a abandonar las escuelas sin haber logrado una alfabetización integral.
Tampoco tienen acceso a una formación técnica, y solo tienen la opción de buscársela o delinquir.
La mayoría termina delinquiendo y difícilmente lleguen a viejos.
LAS CLAVES
1. Competitividad
En el índice de Competitividad Global de 2011 la República Dominicana bajó al puesto 110, desde el 102 en que se encontraba en el reporte anterior. El crecimiento sostenido y la estabilidad de su economía, no son suficientes para mejorar su posicionamiento, debido a los problemas de educación que forman capital humano poco competitivo, la inseguridad jurídica y ciudadana, la falta de institucionalidad y el problema eléctrico, entre otros sectores.
2. Turismo
A pesar del éxito en la captación de turistas, el país figuró en el 72 en el índice de competitividad turística. El incremento de la delincuencia y la falta de seguridad, la arrabalización del entorno, la falta de infraestructura, y el daño al medioambiente que erosiona y contamina las playas, son retos a superar para preservar el sector y mejorar su posicionamiento.
3. Energía
El problema energético en el país es complejo, técnico y político. Los retos son mejorar la eficiencia técnica del sistema eléctrico; terminando con la cultura del no pago, castigando el robo de energía e incentivando las energías renovables.
ZOOM
Institucionalidad
El índice de Competitividad Global (ICG) hace un análisis devastador sobre los niveles de institucionalidad en el país, lo que contribuye a bajar la nota de competitividad global. Entre 142 países, RD ocupa el puesto 126 en institucionalidad, debido al peor posicionamiento del país en algunos indicadores como confianza en la Policía y en despilfarro del Gobierno. En ambos obtuvo el puesto 142. En favoritismo en las decisiones ocupó el lugar 141, y en desvío de fondos públicos el 140.
Educación
En calidad de la educación primaria, el ICG coloca a RD en el puesto 140 de 142, y en el 139 en Matemáticas y Ciencias en la educación superior.
La base de todo. Con el cumplimiento de la Constitución y las leyes se lograría la institucionalidad, una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y bajos niveles de pobreza y desigualdad.
