Independientemente de lo que se logre de forma consensuada hacia el objetivo de introducir un pacto o reforma fiscal de carácter integral, que deje atrás los parches del pasado, el resultado en términos concretos estará determinado por la eficacia, tacto, determinación y firmeza con que se actúe en la práctica desde las diferentes instancias oficiales encargadas de su aplicación.
Hay que contar pues con una clara noción del papel crucial que se deberá jugar en este campo para evitar distorsiones a corto y mediano plazo y tener que hacer nuevos ajustes en el camino, que en esta fase aún de debates y propuestas deberían preverse, a los fines de no dejar hacia delante ningún insalvable escollo.
En el escenario inmediato que seguirá a lo que se perfila como una buena perspectiva hacia uno de los puntos más prioritarios de la llamada agenda nacional, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) está llamada a jugar un papel de primer orden para organizar y poner en marcha un reencauzado engranaje en materia fiscal y tributaria.
Es probable entonces que uno de los retos en ese sentido más serios sea impulsar una reducción, drástica, sostenida y sin debilidades institucionales o burocráticas en los niveles de evasión en todas las áreas, especialmente en la aplicación y fiscalización del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (ITBIS).
Este rol le tocará a Magín J. Díaz, quien ha llegado a la dirección de la DGII con muchas expectativas y proyectos, para lo cual deberá emplearse a fondo teniendo como base su amplio historial académico en economía y una dilatada experiencia acumulada de ejercicio tanto local como internacional.
Aunque el caso particular del ITBIS no es el único a enfrentar para reducir la evasión, sí requiere un esfuerzo especial, debido a que no sólo defrauda al fisco sino también a los consumidores, en vista de que se cobra en muchas operaciones y no se transfiere al erario, en franca violación a la ley.
En este campo cuenta con una línea de acción claramente delineada por el Gobierno por conducto del ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quien ha afirmado que la evasión fiscal en el país es alta, tras calificarla como un robo contra el cual el Gobierno va a trabajar.
La experiencia obtenida por Díaz a su paso como asesor económico de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y en la Dirección General de Aduanas, le permite comprender el desenvolvimiento e intríngulis de dependencias clave de la administración pública que deberán estar sintonizadas para la justa y provechosa aplicación de los cambios que se avecinan.
Asimismo, ha sido coordinador de política fiscal y macro-económica, miembro de las misiones de negociación con el Fondo Monetario Internacional desde el 2013, contraparte local del BID, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Además participó en las negociaciones que culminaron con la firma del DR-CAFTA.
Su extenso currículum muestra puntos a tomar en cuenta en materia estrictamente tributaria, aspecto esencial de sus nuevas funciones, ya que ha participado en todos los procesos de reforma emprendidos en el país desde el 2012.
A nivel internacional ha sido consultor del BID y del BM y ha trabajado para los gobiernos de El Salvador, Honduras y Uruguay en asuntos de política tributaria, fiscal y macro-económica.
Su habilidad para diseñar políticas viables y atendibles en cuestiones de gran impacto económico se puso de manifiesto al participar como arquitecto de la Operación Petrocaribe, que permitió reducir la deuda pública en 33.% del PIB.
Las maestrías realizadas en Chile, en la Universidad de Chicago, además de cursos especializados en las universidades de Manchester, Sao Paolo, España y Columbia, en Estados Unidos constituyen un buen aval académico, pero en la DGII requerirá más que eso, conocer, entender y aplicar medidas dentro de las nuevas dinámicas, requerimientos, realidades y metas de la economía nacional.