Retrato

De buenas a primeras descubrimos que cientos de miles de familias viven en zonas de peligro del Distrito Nacional.

El problema, de muy larga data, ha estado ahí todo el tiempo y solo ha sido atacado cuando a algún político en el poder se le ocurre incluir a esas familias en sus planes proselitistas.

Años atrás, el archiconocido “Hoyo de Chulín” se encargó de aportar, repetidamente, cifras a las estadísticas calamitosas. Inundaciones, corrimientos de tierra y otros percances provocaron decenas de víctimas, hasta que a Joaquín Balaguer, en uno de sus lances continuistas, se le ocurrió que debía nacer Puerto Isabela, con todos los cambios que ello implicaba para la seguridad de sus habitantes. No sabemos cuántos votos le garantizó al líder reformista ese cambio, pero lo cierto es que desde entonces la tragedia se ausentó de esa zona.

Otra escaramuza, de Balaguer, por cierto, sacó a decenas de familias de La Ciénaga, en la ribera occidental del Ozama, para trasladarlas a modernos apartamentos en Las Caobas. El desenlace fue el de todas las obras que responden al ímpetu de una coyuntura proselitista, y la gente alquiló o vendió sus apartamentos de Las Caobas para retornar a La Ciénaga.

–II–

Todo lo anterior viene a colación al anunciar el Ayuntamiento del Distrito Nacional, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial y el Centro para la Prevención y Mitigación de Desastres (CEPREMID) la aplicación de un plan piloto de prevención de desastres para veinte mil familias de diez barrios del Distrito Nacional.

Las reflexiones anteriores no tienen el propósito de atacar el programa anunciado y, por el contrario, preferimos estimular a sus auspiciadores para que intenten aplicarlo a nivel nacional, en todas las zonas en que haya familias viviendo en condiciones de peligro potencial.

Nuestra posición es que estos planes de prevención tienen efectos muy limitados y dejan vigente el peligro de que en cualquier momento sobrevenga el desastre.

-III-

Los distintos gobiernos han mantenido una conducta de atención tangencial ante la realidad del peligro que acecha a decenas de miles de familias en todo el país.

Una y otra vez, las inundaciones aíslan comunidades enteras o arrasan viviendas ubicadas en zonas bajas, cercanas al curso de ríos, arroyos o cañadas, pero no se realizan las inversiones necesarias para atenuar la potencialidad del peligro.

En mayo del año pasado, durante la temporada ciclónica, una riada arrasó Jimaní y provocó la muerte de miles de personas. A pesar de la magnitud de esa tragedia y de las muchas promesas, aún no ha sido construido el muro que resguardaría a una parte de esa población de ser arrastrada nuevamente.

En las riberas del Ozama hay diecisiete barrios con vocación de ser afectados por inundaciones, en algunos casos con severidad destructiva, pero ningún gobierno ha tratado de hacer lo necesario para atenuar ese peligro de la manera que resulte más práctica y conveniente.

Lo cierto es que el hecho de que cada vez haya más familias viviendo en condiciones peligrosas es un indicador muy preocupante de que no se está haciendo todo lo necesario para prevenir desastres y atenuar sus efectos para la vida humana.