Hoy 
Al acudir a las urnas el 16 de mayo del 2006, los dominicanos votaron para elegir diputados, senadores, síndicos, vicesíndicos y regidores para un ejercicio de cuatro años. Ni un día más, ni un día menos.
Pretender ahora que una modificación constitucional extienda a seis años ese mandato, sería violar la voluntad que los electores, apegados a lo que manda la Constitución, expresaron a través del voto, en mayo del 2006, y sería atentar contra unos cuantos principios éticos, entre los cuales resaltan aquellos que establecen que ninguna ley puede ser concebida para que tenga efecto retroactivo y que nadie está facultado para legislar en su propio provecho.
Era previsible que en los apremios para modificar la Constitución surgieran estos apetitos, que serían recíprocos a otros que apuestan a perpetuar la reelección presidencial consecutiva. ¿Por qué a los que andan buscando dos años extras no se les ocurre proponer que en el 2010 se elija legisladores y autoridades municipales para dos años, y de ese modo queden unificadas las elecciones congresuales y municipales con las presidenciales en el 2012?
Son inconsistentes desde todo punto de vista los argumentos con los cuales un grupo de diputados pretende justificar una validación de la retroactividad de la ley y el desconocimiento de la voluntad que expresaron los electores en mayo del 2006. Que se desista de estas ambiciones.
Inundaciones y producción
Las riadas, los torrenciales aguaceros y la saturación de los suelos han ocasionado severos daños a la producción agropecuaria y a la infraestructura vial. La intensidad de la temporada ciclónica hace temer que continuará lloviendo y que nuevas tormentas podrían azotar el territorio nacional, agravando las consecuencias dejadas por otras perturbaciones. Las circunstancias permiten prever que tendremos dificultades con el abastecimiento de algunos renglones.
Se impone que para sostener la seguridad alimentaria, en la cual ha insistido el Gobierno debido a la carestía internacional de los alimentos, se adopten políticas de contingencia que permitan evaluar pérdidas agrícolas y pecuarias y disponer las medidas pertinentes para que no haya lugar a escasez y especulación. En la medida en que las circunstancias climatológicas lo permitan, hay que garantizar la seguridad alimentaria de la población.
