Retroceso inadmisible

Retroceso inadmisible

La violencia desatada en rechazo de los resultados electorales de algunas demarcaciones marca un retroceso inadmisible en un país que durante la campaña electoral hizo galas de modernidad. Trastornar la vida normal de los ciudadanos con protestas violentas, agresiones a tiros y otros métodos truculentos para exigir revisiones y reconteo de resultados, no encaja en una democracia que cuenta con las herramientas jurídicas necesarias para conocer impugnaciones y decidir lo que corresponda.
Si en el desarrollo de las elecciones ha habido trastornos, en parte se debe a que los propios partidos políticos han boicoteado todo intento por dotar al país de leyes regulatorias necesarias sobre las organizaciones políticas y en materia electoral. Les queda muy mal promover ahora las vías de hecho como forma de ejercer sus reclamos. Es inadmisible esta manera de desconocer la voluntad expresada por los ciudadanos al depositar su voto.
El despliegue militar y policial extraordinario de estos días no debería ser necesario, si se tiene en cuenta que las elecciones son una competencia civilizada que tiene previstos medios de arbitraje también civilizados, a la usanza de lo que es la democracia. Los partidos políticos deben ordenar a sus militantes el cese de la violencia y que se sometan a las reglas de ley.

Abandono en los cementerios

Los cementerios municipales, que fueron alguna vez lugar respetado para el reposo de nuestros seres queridos fallecidos, ahora son áreas llenas de maleza y abandono, y escondrijo para delincuentes. Las autoridades municipales han desertado de su deber de preservar las condiciones de limpieza y solemnidad de los camposantos, y se hacen de la vista gorda ante las profanaciones y robos en tumbas y nichos.
Ahora es necesario tener condiciones económicas holgadas para poder colocar a los seres queridos fallecidos en tumbas decentes, en ambientes de paz y orden en cementerios privados. El abandono de los cementerios públicos deja la amarga impresión de que muchos gobiernos municipales aspiran a despojarse definitivamente de la responsabilidad de brindar a las comunidades este servicio.

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