La cara institucional de la crisis electoral del año 1994 provocó un consenso alrededor de actores políticos y amplísimos sectores sociales que apostaron al establecimiento de una ruta de reformas y cambios en toda la estructura del Estado dominicano. Con desafíos pendientes, 25 años transcurridos han ido construyendo todo un lenguaje, hábitos y reformas legales que, no necesariamente, provocan cambios en la conducta de todos los exponentes de la clase partidaria. Ahora bien, en el marco de las metas alcanzadas, resulta cuesta arriba devolvernos. No obstante, siempre existen los riesgos para los que no terminan de acomodarse ante un nuevo ordenamiento y el ojo impugnador de la ciudadanía.
Reducir las peligrosas manifestaciones de autoritarismo a pujas intra-partidarias, comportamientos de dirigentes fundamentales e intentos por liquidar la independencia de la justicia constituye un análisis parcial del drama que pretende hacer de las instituciones nuestras caricaturas al servicio de franjas partidarias confundidas con la noción de mayorías electorales. El “razonamiento” simple consiste en trasladar la potencialidad de los votos al control de las estructuras institucionales porque en el marco del reparto se garantiza que la mano política se imponga sobre las reglas jurídicas.
Constituye la materia prima de los argumentos de “sorprendidos” ante el vendaval de inconformidades que asocian señales inequívocas de desenfreno oficial con perfiles dictatoriales. Y están equivocados los que pretenden hacer el paralelismo, impugnando la vinculación de la actual coyuntura con épocas donde la conculcación de derechos, exilio, asesinato y represión dibujaban el único retrato del autoritarismo. La versión siglo 21 del hombre “fuerte” pretende validarse como resultado del estricto cumplimiento a formalidades democráticas que sirven de careta a excesos de toda índole. ¿Acaso Daniel Ortega, Evo Morales, Nicolás Maduro no edificaron sus “victorias” en el marco de “competencias” revestidas de legalidad?
En la lógica del poder local, la naturaleza hegemónica de la fuerza gobernante reside en la desarticulación de todo signo de igualdad en la competencia electoral y orquestación de mecanismos que desde el poder facilitan ventajas para que el opositor tenga garantizada su derrota antes de iniciar la disputa. Además, el sentido del reparto y/o cuotas de representación colocadas en las instancias llamadas a la observación de los procesos servirán de legitimador, sin importar la vulgar parcialidad de observadores que, saben del origen y naturaleza de su designación, y consecuentemente, terminan de mensajeros de oficio del dedo que los condujo a un espacio de poder.
Una observación elemental en ámbitos de la comunicación, empresariado y clase política puede servir de laboratorio por excelencia para explicar el juego de complicidades que caracterizan extraños silencios y pasividad construida alrededor de una genuflexión frente al poder. Por eso, cuando la jerarquía de la Iglesia católica y líderes religiosos expresan públicamente sus inconformidades respecto del maltrato e injerencia desde esferas gubernamentales con miembros de la SCJ y TSE, sus comentarios se “responden” desde litorales para-oficiales que sirven de cobertura y bloque de defensa al festival de excesos tendentes a un peligroso retroceso de la institucionalidad democrática.
Lo dramático y descompuesto consiste en toda una ambientación propensa a crear la estructuración de “opinantes por encargo y validadores de los atropellos oficialistas” anclados en la nómina pública, siempre listos para detener la capacidad de indignación de la ciudadanía que cierra filas militantemente cuando siente que no se guardan las formas y se pierde el sentido del límite. Aquí los labios indignados de los obispos Ozoria, Mejía, Masalles junto a Participación Ciudadana y FINJUS, expresan la necesidad de detener la crecida vocación autoritaria en algunos exponentes de la clase política.
La presunción de que todo es posible desde el poder provoca una natural resistencia en el variopinto de sectores tradicionalmente encontrados, pero afortunadamente coincidentes en resistir la tendencia de desvertebrar la estructura institucional. ¡Y la unidad en la diversidad es un síntoma alentador! Una agenda prioritaria para el país .