Muchos pensarían que con el avance institucional que ha registrado el país en los últimos tiempos, los diferentes poderes públicos trillarían el camino de la consolidación y tendríamos cada vez, por vía de consecuencia, un sistema democrático más fuerte.

Que la época de la centralización de los poderes del Estado es un asunto del pasado, de los doce años de Joaquín Balaguer. Y se pensaría también que con la desaparición física del caudillo reformista nunca más desde el Poder Ejecutivo se producirían injerencias al Congreso Nacional, al Poder Municipal, a la Suprema Corte de Justicia y, por supuesto, hacia la Junta Central Electoral.

En los actuales momentos, sin embargo, estamos en presencia de un conjunto de circunstancias que ameritan reflexión detenida. Y habría que empezar señalando la falta de sintonía que exhiben en sus declaraciones y decisiones públicas los señores magistrados de la Junta Central Electoral, los cuales, dicho sea de paso, representan a partidos políticos. Si eso es ahora, que no ha llegado al hora cero, ¿cuál sería la actitud de cada uno ellos, recibiendo líneas de sus respectivas organizaciones, al momento de ofrecer los resultados finales de los comicios del 16 de mayo?

Ante la forma politizada en que está compartida la Junta Central Electoral, dividida inconstitucionalmente en dos cámaras, a raíz de un diálogo consensuado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, no se puede esperar nada menor al desorden y el caos.

No se descarta, en consecuencia, que se emitan resultados electorales sin consonancia alguna con la voluntad popular expresada en las urnas, réplicas de los «eventos electorales» que se celebraban en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Eso sería retroceder.

Pero que nadie se lleve a engaño creyendo que si se declara ganador a determinado candidato, que las encuestas de opinión vienen favoreciendo de forma cómoda, no estaríamos abocados también a un retroceso institucional. Como quiera se retrocede!

Y es que políticamente nadie se suicida. No es verdad que, ante la grave crisis social y económica que atraviesa el país, el doctor Leonel Fernández se ataría de «pies y manos» ante la imposibilidad de lograr la aprobación de proyectos de ley en un Congreso Nacional dominado ampliamente por la oposición.

Ya un antiguo cónsul peledeísta en Nueva York se encargó de decir que un eventual gobierno de su organización gobernaría por decretos.

Quizás se trate de una declaración aislada la ofrecida por ese dirigente del peledé, pero hay que recordar que el propio Leonel Fernández reprochó una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaraba ilegal el cobro del cinco por ciento a las exportaciones sin aprobarse por el Congreso Nacional. A Leonel no le importó que la instancia sometida al alto tribunal por empresarios que obviamente lo vienen apoyando.

Esa podría ser una muestra de que el doctor Leonel Fernández, en el hipotético caso de ser favorecido con el voto popular, gobernaría por decretos. Además, no se descartarían nuevas injerencias en otros poderes del Estado, como en efecto se hizo en su gobierno, período 1996-2000.

El 26 de enero de 1999 el gobierno del doctor Fernández, mediante el uso de la fuerza pública, tomó la Liga Municipal Dominicana, controlada en esa oportunidad por el PRD, violentando las normas democráticas y que siempre se estilan para la escogencia del secretario general de ese organismo.

Fue también en el gobierno del doctor Fernández que, mediante el uso de los recursos del Estado, se compró a diez diputados del PRD para imponer en ese hemiciclo al ingeniero Héctor Rafael Peguero Méndez, expulsado posteriormente del partido blanco.

En el gobierno del PLD y el doctor Fernández hubo acoso contra la Suprema Corte de Justicia y se retuvo indebidamente el presupuesto correspondiente a la Junta Central Electoral, cuyos miembros fueron escogidos por el Senado de la República, tal y como lo establece la Constitución de la República.

Si gana el PLD o si se queda Hipólito Mejía (así dicen algunos funcionarios que les ha ido muy bien: «Hipólito se queda») las circunstancias apuntan a un retroceso institucional y ello es motivo de preocupación en momentos donde no quedan árbitros, donde todo el mundo se ha parcelado y la propia Constitución de la República está sujeta a interpretaciones y siempre de conformidad a intereses grupales.