Nos preocupan profundamente algunas de las modificaciones que los diputados pretenden aplicar  al Código Penal, entre otras cosas porque se advierte una inclinación por disminuir derechos consagrados en la Constitución de la República.

 El martes en una nota editorial,  expusimos nuestra preocupación por los amagos de introducir en ese código elementos de censura severa a la libertad de expresión al pretender consignar en el mismo la difamación e injuria, con las consecuencias que esto acarrea. Esta pretensión tiene una dirección contraria a lo que ha sido la tendencia del Estado democrático, de fortalecer las libertades públicas, en particular la de expresión y difusión del pensamiento.  

En esta ocasión aumenta nuestra alarma una serie de modificaciones  que pretende atenuar sustancialmente las sanciones por violencia de género, que solo consideraría grave la violencia intrafamiliar cuando provoque a la víctima la muerte, incapacidad permanente o por más de 90 días, que reduciría a expresiones ridículas la pena por acoso sexual y por violación a una menor de edad, y que determinaría que se sancione como feminicidio el asesinato de una mujer solo cuando la muerte le sea causada por su pareja actual o pasada. Hasta donde hemos visto, estos pasos significan un verdadero retroceso jurídico y un serio atentado contra derechos y libertades conquistados por la sociedad. Hay que rectificar estos pasos.

Titulación inmobiliaria

El Gobierno ha dado un paso importante hacia la solución del caos inmobiliario que predomina en el país, al designar una comisión que propondrá políticas para impulsar la solución de la falta de titulación de la propiedad inmobiliaria. Con esta disposición comienza un proceso que sacará del limbo jurídico a decenas de miles de propiedades urbanas y rurales sin registro formal ni título.

Al menos el 74% de los productores agrícolas del país carecen de títulos de propiedad y ésto les dificulta calificar para créditos bancarios poniendo en garantía las tierras. Una vez se les otorguen los títulos que les acreditan como propietarios quedará eliminado el obstáculo. Una situación similar afecta a miles de solares urbanos sin títulos registrados. Es un gran paso que se haya empezado a trabajar por la organización del caótico registro de la propiedad inmobiliaria.