El día diez del presente mes de noviembre despertó a los colombianos con la renuncia a la cartera de Defensa de la titular, Marta María Ramírez, y 48 horas después, le seguía el titular de las Fuerzas Armadas, general Jorge Mora.

La renunciante ministra, la primera que jefea la institución castrense colombiana, que diseñó junto al presidente Alvaro Uribe un proyecto destinado a liquidar la porfía de cuatro décadas con las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que agrupa unos 15 mil efectivos desperdigados por todo el inmenso país de 1.4 millones de kilómetros cuadrados, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), extensivo al Ejército de Liberación Nacional (ELN), parece, a todas luces, el principal motivo de ásperas disidencias con las cúpula militar.

Las FARC iniciaron sus operaciones guerrilleras en 1964 durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, lideradas desde un principio y hasta hoy por Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo), como por Jacobo Arneas.

En 1957, los tradicionales partidos políticos colombianos, conservador y liberal, formalizaron lo idéntico a los Adecos y Socialcristianos en Venezuela en 1962 en el famoso acuerdo de Punto Fijo, donde esos cuatro partidos políticos acordaron alternarse en el poder como una forma de garantizar una dinastía política que complacía a los sectores dominantes de la economía colombiana, a cambio de tanto en uno como en otro país, las exacciones de sus riquezas y la corrupción ramplona de sus dirigentes.

Fue, además, un entendimiento político para que no se repitiera con ningún dirigente político, lo que en 1948 culminó con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, del Partido Liberal, y los controles del crimen no se desbordaran, como aconteció en México durante la éjida del nefasto Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Desde que las FARC hiciesen su aparición en las profundidades de las densas selvas colombianas, paralelamente con el ELN, es extraño y sorprendente que ninguno de los gobiernos liberales y conservadores hubiese diseñado un plan, como lo hiciera el presidente Alberto Fujimori en Perú que liquidó tanto a los Tupac Amaru como a Sendero Luminoso en un dos por tres, con la innegable colaboración del siniestro Vladimiro Montesinos, para liquidar a las FARC y al ELN.

Ahora, el presidente Uribe muestra connotaciones de no solamente atreverse al propósito, sino a consumarlo, y la renuncia de la ministra de Defensa podría constituir el primer eslabón a ese propósito que ansía la sociedad colombiana, que no soporta por más tiempo la orgía de sangre que cada año reporta más de 50 mil muertos, una ola tenebrosa de secuestros industriales, a lo que se añaden la migración de miles de colombianos aterrorizados con la inseguridad de su terruño, y la mácula del narcotráfico que paga peaje a las FARC y al ELN para sus tenebrosos negocios al margen de la ley y de la ética.

La renuncia de la ministra Ramírez se debió a los roces con la cúpula militar, que pretendió una reestructuración profunda de las FFAA sin contar con el Estado Mayor, así como la contratación de una firma nueva que proveyera las raciones a la tropa, diferente a la que existía, coordinada por los jefes militares.

Marta Lucía Ramírez, egresada de Harvard University y ex-presidenta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), una versión colombiana de nuestro Conep, y nuestra Elena Viyella de Paliza, iniciaba el método y la forma de descifrar el código de corrupción imperante en la política colombiana, que natural, incluye a las FFAA, y el principio del fin de las FARC y el ELN, que para no pocos, su luenga existencia ha sido parte de esa corrupción, mediante la cual las FFAA colombianas en la versión de sus jefes, nunca han resultado perdedoras, sobre todo, un justificante para proseguir la ayuda militar de Estados Unidos, como lo refiere con lujos de detalles Humberto García Muñiz y Gloria Vega Rodríguez en su formidable libro La Ayuda Militar como Negocio.