El ex secretario de Industria y Comercio, Angel Lockward, afirmó ayer que el gobierno ha seguido una política deliberada para devaluar la moneda, a la que él y también el economista Fernando Alvarez Bogaert, se opusieron cuando eran miembros de la Junta Monetaria.

Dijo, además, que la devaluación ha tenido un efecto devastador sobre el sector eléctrico, situación que se ha agravado tras la decisión del gobierno de readquirir las Empresas Distribuidoras del Norte y del Sur (Edenorte y Edesur).

Indicó que el gobierno calculó mal cuando readquirió esas empresas y que con su política devaluatoria provocó un déficit de caja en las distribuidoras eléctricas.

«A esa política devaluatoria, en el primer año nos opusimos y logramos contenerla Alvarez Bogaert y yo, en la Junta Monetaria», sostuvo Lockward.

Señaló que cuando salieron del gobierno, la política devaluatoria de algunos funcionarios del área económica continuó y tuvo la mala fortuna de chocar con la crisis bancaria y que ahí se le fue todo de control al gobierno.

Lockward, quien ayer fue el invitado del Encuentro Económico de HOY, sostuvo que no fue porque eran tan malas que las empresas Edenorte y Edesur colapsaron, sino porque la devaluación impedía que se ajustara la tarifa y en consecuencia, el déficit de caja era insostenible y el gobierno les pagaba.

Expresó que los funcionarios del área económica del gobierno calcularon que el desplazamiento de los precios de los combustibles iba a ser suave, pero sin calcular las consecuencias negativas.

Agregó que él advirtió de esa situación al presidente Hipólito Mejía y que en su presencia, en una oportunidad, llamó al gobernador del Banco Central para que dejara el camino de la política devaluatoria.

Expresó que esa política mandaba una señal a los agentes económicos de que existía una política devaluatoria y los ponía a todos en mora, en términos de sus actividades con monedas fuertes.

Señaló que los funcionarios continuaron con su política devaluatoria y que decían era para incentivar a determinados sectores de la economía, que de otra forma, turismo y zonas francas, no iban a ser lo ágiles que se deseaba que fueran.

Lockward, dirigente reformista, expresó que esa política devaluatoria se le fue de las manos a los funcionarios del gobierno y que la crisis la llevó a alturas fuera de control, lo que ha traído al país a la situación en que se encuentra.

Consideró que ese fue un elemento fundamental para que el colapso de las empresas distribuidoras Edenorte y Edesur se produjera.

Expresó que cuando el gobierno se hizo cargo de las distribuidoras, adquirió la obligación de cubrir el déficit de caja.

“Hasta ese momento, el gobierno era un socio que tenía la mitad del capital, pero nunca buscó la mitad de los recursos que hacían falta para operar”, dijo.

Agregó que a partir de entonces, tuvo que buscar la totalidad de los recursos que se requerían para pagar la factura a los generadores. “No hay que hablar del error que ha constituido esa medida tomada por el gobierno”.

Dijo que, además, se abandonaron otras políticas contenidas en las leyes de Hidrocarburos y de Electricidad, las cuales tendían a hacer al país en materia energética más independiente en términos sectoriales.

Indicó que la Ley de Hidrocarburos es la primera que tiene su reglamento en tiempo hábil, al igual que la de Propiedad Industrial.

Expresó que cuando se dictó el reglamento de la Ley de Hidrocarburos, había una política clara en el Estado y estaba contenido en el espíritu de esa legislación, que era la de ir tendiendo a que determinados sectores se independizaran de la red nacional de electricidad.

Señaló que no había ninguna razón para que una empresa o un parque industrial tuviera que comprar cara y mala la energía a generadores y distribuidores, si podía operar de manera independiente, adquiriendo su propio combustible.

Preguntó que, en consecuencia, si el combustible que utilizaba el generador no pagaba impuesto, por qué había que cobrarle gravamen al combustible que utilizara esa empresa industrial que quería producir su propia energía.

Expresó que de la red se desconectó una cantidad grande de empresas que ahora se ven afectadas, porque el secretario de Finanzas, Rafael Calderón, en un acuerdo con las generadoras, determinó revisar esa disposición.

Añadió, empero que no es revisable debido a que está contenida en la ley. “Lo que es sí, es fiscalizable, para que el combustible no se desvíe, pero no en el sentido de que es un derecho que tiene todo generador para su propio consumo”.

Indicó que la cosa no se quedó ahí, pues la política en materia de energía para hacer que le electricidad usada en las empresas industriales fuera competitiva con la de otros países, implicaba además que no se le continuara cobrando peaje aparte a industrias que podían desconectarse de la red nacional, ya que sería un impuesto encubierto.