La jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción de la Provincia de Santo Domingo, Marcia Raquel Polanco de Sena, reveló ayer que el “modus operandi” de la estructura que a lo interno del Poder Judicial negociaba sentencias, principalmente con personas ligadas al crimen organizado, se daba a través del sistema de asignación o sorteo de los expedientes, el cual era violentado por los secretarios de turno.

La magistrada Marcia Raquel Polanco de Sena dijo que el juez de la Instrucción en Atención Permanente Bernardo Coplín la alertó sobre un mal manejo por parte de los secretarios, del Libro Cronológico utilizado para la asignación de las medidas de coerción inicial.

La declaración de la jueza Polanco de Sena consta en el interrogatorio que le hizo el Consejo del Poder Judicial, como testigo de cargo del Ministerio Público en el juicio disciplinario a los recién destituidos magistrados José Dionicio Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón.

Aprovechaban método sorteo. Polanco de Sena explicó que para el sorteo o asignación de las medidas de coerción se utiliza el sistema ‘Supremo Plus’, pero como el mismo tenía problemas, se decidió usar un libro para la anotación de los expedientes que llegaran y que los mismos fueran asignados a cada uno de los cinco juzgados de instrucción, en el mismo orden en que fueran llegando a secretaría.

Seleccionaban casos narcos. Reveló que en junio de 2014 Coplín le dijo que los secretarios estaban manejando el libro cronológico con la finalidad de que determinados procesos cayeran en el Quinto Juzgado de la Instrucción que presidía el magistrado José Dionicio Duvergé Mejía.

Polanco de Sena agregó que según Coplín, específicamente el secretario de recepción que recibe las medidas de coerción “tiene un manejo de que él retiene determinados procesos y espera a que le toque al Quinto Juzgado de la Instrucción, y que él entendía que incluso casos específicamente de la materia de droga, casos graves, él había observado que caían en ese tribunal y eran objeto luego, de variación de la medida de coerción”.

Informó que en ese momento el secretario era Guillermo Linares. Agregó que aunque no tuvo forma de comprobar esa denuncia porque como también le dijo Coplín, en el cronológico ella no lo iba a percibir porque en el mismo solo se verifica, inmediatamente se dispuso el cambio del personal del turno de la noche, y se volvió al sistema electrónico, aún con dificultad.

Perro huevero… Agregó que dos meses después ocurrió una situación con el nuevo personal de la noche, turno en el que dijo, casi nadie quiere trabajar. Informó que se hizo un sondeo entre todos los oficinistas de las tandas matutina y vespertina para ver quién quería cambiar la noche, y aceptaron dos jóvenes, una de las cuales hubo de ser quitada dos veces, porque “según nos enteramos, anteriormente supuestamente había sido contactada por abogados procurando que un caso determinado cayera en el tribunal que presidía Duvergé Mejía”.

El silencio de la jueza. Durante el juicio disciplinario a los tres magistrados acusados de prevariación, en el que participó como testigo, la magistrada Polanco de Sena se abstuvo de contestar cuando se le cuestionó sobre su posible apañamiento de actos de corrupción.

“¿Entonces nosotros debemos de suponer que al momento en que él (Coplín) da la alarma y se apersona donde usted, es el momento donde usted se ha percatado, ipso facto, porque suponemos que usted no está permitiendo que se dieran actos de corrupción en sus propias narices, verdad que sí?”

También guardó silencio cuando se le preguntó su parecer sobre el juez Coplín. “Si él (Coplín) observó en múltiples ocasiones y dejó que pasara, ¿usted no cree que él estaba siendo cómplice de esa acción, si él permitió que pasara, como juez de Atención Permanente, en varias ocasiones para determinar la ocurrencia del presunto tipo disciplinario, usted cree que él era cómplice de eso?”.

La acusación. Duvergé Mejía, Vallejo Espinosa y Mejía Lebrón fueron acusados por el procurador general Francisco Domínguez Brito, junto a Awilda Reyes Beltré y el exconsejero Francisco Arias Valera, y otras personas aún no identificadas, de conformar una estructura mafiosa que operaba a lo interno del Poder Judicial.

Se les acusa de recibir sobornos de entre US$250,000 y hasta RD$1 millón, para variar medidas de coerción a imputados de narcotráfico. Reyes Beltré y Arias Valera están bajo arresto domiciliario desde enero pasado.

La destitución de los otros tres fue anunciada este fin de semana por el CPJ, por violentar prohibiciones constitucionales y legales que han perjudicado al Poder Judicial y a sus jurisdicciones.

“Este Consejo del Poder Judicial, luego de estudiar los alegatos y las piezas contentivas del expediente formado en contra de los magistrados José Dionisio Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón, ha podido comprobar: Que estos incurrieron en la comisión de faltas graves que constituyen un descuido inaceptable, y hechos voluntarios contrarios a la ética y que por lo tanto se justifica que los mismos sean sancionados en orden a la preservación de la moralidad profesional e institucional que debe regir a todos los miembros del Poder Judicial Dominicano”, dice la sentencia del CPJ, que integran Mariano Germán, Víctor José Castellanos Estrella, Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira, Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo.