POR ODALIS MEJIA
El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) reveló ayer que el gobernador del Banco Central y sectores de la justicia están sometidos a presiones para que acepten una solución administrativa al expediente judicial sobre la quiebra de bancos.

El grupo cívico acusó a sectores vinculados a los inculpados de fraudes bancarios de iniciar una campaña mediática contra el sistema financiero, el Banco Central y su gobernador para presionar a las autoridades y a los jueces que conocen el caso Baninter debido a la proximidad del fallo.

Según PC, se busca que la Cámara de Calificación decline el caso a la jurisdicción administrativa del Banco Central, lo cual de producirse haría de los banqueros un sector intocable, ya que sólo serían castigados con multas y no se podrían someter penalmente.

«La impunidad de los autores de los fraudes bancarios del 2003», afirma Participación Ciudadana, «sólo puede arrojar vergüenza y descrédito, local e internacionalmente, y sería la mejor forma de asegurar nuevos fraudes de la misma naturaleza en el futuro, sembrando de incertidumbre nuestro porvenir».

Advierte que «si un precedente de esta naturaleza llegara a sentarse, en el sentido de que la jurisdicción administrativa tiene preeminencia sobre la acción penal, estaríamos creando en los banqueros una casta de intocables, pues luego de ser sancionados en la jurisdicción administrativa con una multa que no puede exceder de diez millones de pesos, no se le podría someter penalmente sin violar el principio constitucional de que nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa», apunta.

Dice que los fraudes bancarios del 2003, que costaron más de US$2,000 millones al país y que, junto a la forma en que las autoridades enfrentaron la crisis, son la causa directa del enorme déficit cuasi fiscal del Banco Central, que asciende a más de RD$130,000 millones, y que deben los dominicanos a través de más impuestos.

Considera que las críticas de los acusados y sus abogados, directamente o a través de los medios, responden a su inconformidad con la actitud del Banco Central de no desistir de las acciones judiciales iniciadas en el 2003.

Agrega que a esa campaña no escapa el sistema financiero dominicano en su totalidad, pues como «absurdo medio de defensa se plantea que los acusados del fraude bancario no hicieron nada distinto de lo que hacia la banca en sentido general en el año 2003».

Expresa que este argumento plantea una auto incriminación, pues nadie puede quedar exento de responsabilidad alegando que violó la ley porque otros lo hacían.

«Se ha llegado al extremo de que uno de los implicados hiciera un llamado público, en un programa de televisión, a las autoridades del Banco Central para que preserven el clima de confianza que se requiere para superar la todavía precaria situación económica del país, en un claro esfuerzo por presionar a las autoridades para que desistan de las acciones judiciales emprendidas», indica.

Participación Ciudadana critica que el Presidente y el jefe sus asesores económicos, pretendan llamar crisis a los fraudes bancarios de 2003, o de pretender que los mismos fueron consecuencia solamente de la mala política económica del gobierno pasado, obviando que sólo en Baninter se ocultó a las autoridades, por años, la existencia de un banco dos veces superior al mostrado a los supervisores y al país, burlando obligaciones fiscales y de encaje, y permitiendo la distracción de miles de millones de pesos.