Las 35 organizaciones que conforman la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) informan que están aturdidas por la información de muertes masivas de recién nacidos en el hospital regional de Barahona y en otros centros asistenciales del país.
“Al menos 54 niños menores de 28 días de nacidos han muerto en el hospital Jaime Mota en lo que va de año, lo que equivale a un incremento de un 337.5 % con relación al primer cuatrimestre del año 2017 cuando en igual período fallecieron 16 recién nacidos. Se trata de un hecho muy grave e intolerable, que refleja el fracaso de la política sanitaria del gobierno y que reclama acciones contundentes para evitar su repetición”, explicó.
El hospital regional Jaime Mota está en proceso de reconstrucción desde hace años y es abarrotado diariamente de pacientes que procuran los servicios que no encuentran en las unidades de atención primarias ni en los hospitales de segundo nivel de las provincias Pedernales, Bahoruco, Independencia y Barahona, las cuales conforman la región Enriquillo.
El hospital a penas recibe un subsidio mensual de 2.8 millones de pesos, una parte de ese dinero se invierten en pagar nominas de botellas políticas.
La situación es más grave porque las muertes neonatales no se limitan al hospital de Barahona. En los primeros cuatro meses de este año en el país han muerto cerca de mil niños antes de cumplir los 28 días de nacidos. Esto es sin incluir los abortos y otros fallecidos antes de nacer.
Este incremento alarmante de la mortalidad neonatal en lo que va de año es una evidencia irrefutable de la profunda crisis del sistema de salud de la República Dominicana.
Las propias autoridades y los organismos internacionales, como Organización Panamericana de Salud (OPS) y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han reconocido que cerca del 83% de la mortalidad neonatal se puede evitar con solo garantizar servicios sanitarios de calidad en el primer y segundo nivel de atención en salud.
En el pasado año fallecieron cerca de tres mil recién nacidos para un incremento del 12% con relación al 2017, según los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública.
El aumento en el primer trimestre del 2017 fue de un 31.9%. Esto significa que en los últimos 20 años, en vez de disminuir, el fenómeno sigue incrementándose lo que demuestra que las medidas gubernamentales han sido ineficaces.
El país ocupa el segundo lugar, después de Haití, en las peores tasas de mortalidad neonatal de América Latina. En el mundo, la República Dominicana se ubica en el lugar número 50 de las mayores tasas de mortalidad neonatal de una lista de 184 países.
debe darles vergüenza a las autoridades que se harta de resaltar el espectacular crecimiento de la economía en los últimos 60 años.
Las muertes neonatales tienen múltiples causas. Una de ellas es la alta tasa de embarazos en adolescentes, que supera el 22%. Muchos de estos embarazos son de alto riesgo pero el sistema de salud no le garantiza las atenciones adecuadas, razón por la que muchos de ellos terminan en la muerte de la criatura, la madre o de ambos. Ha fracasado, por falta de inversión y planificación, la estrategia de crear Unidades de Atención Primarias (UNAP) para dar seguimiento a estos y otros casos. Los hospitales de tercer nivel están desbordados de pacientes, con una demanda que supera con creces su capacidad de oferta.
La segunda causa de muertes neonatales son las infecciones, adquiridas en la mayoría de los casos en los propios establecimientos de salud, como acaba de ocurrir en Barahona. Faltan controles para las infecciones.
También influyen en el fenómeno el déficit de personal médico y de enfermeras en las salas de cuidados intensivos; la falta de programa para el traslado neonatal y las deficiencias en el chequeo de embarazadas.
La reducción al mínimo de las muertes neonatales debe ser el principal reto de las autoridades en materia de salud. Asumirlo implica elevar las inversiones destinadas al tema, eliminar el déficit de unidades neonatales en los hospitales con estándares de insumos básicos, acabar con el desorden gerencial y administrativo en el sector salud; promover el trabajo en equipo entre autoridades, médicos, enfermeras y organizaciones de la sociedad civil y extirpar la corrupción y la politiquería en la política sanitaria.
Llamamos al Presidente de la Republica a cambiar su enfoque en la política de salud para priorizar las inversiones en las personas, en vez de edificaciones y pintura.
Es necesario dignificar los hospitales maternos e infantiles, dotándolos de mayor personal, equipamiento e insumos y concluyendo la reconstrucción que afecta a muchos de ellos.
El hospital regional de Barahona debería recibir una atención especial, comenzando con declararlo en estado de emergencia y remitiendo allí todos los recursos económicos, humanos y técnicos que sean necesarios para revertir el proceso de deterioro de los servicios sanitarios.
Sin invertir más y sin mejorar la calidad de los servicios de salud, desde el primer nivel, será imposible evitar que continúen las muertes masivas que están afectando al pueblo pobre y desamparado.
La salud es un derecho denegado en la República Dominicana. Urge que luchemos por él desde abajo, desde el pueblo, como ha comenzado a hacerlo la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA).