POR MARIO MENDEZ
Ayer se revelaron los resultados de otra auditoría hecha a la Refinería Dominicana de Petróleo para los años 2000, 2001 y 2002, según la cual esa empresa había dejado de entregar al gobierno alrededor de 1,300 millones de pesos. De acuerdo a lo informado, esas deudas fueron descubiertas tras la gerencia de la Refinería, en manos de la Shell, reclamar que se le devolvieran parte de los recursos aportados durante el año 2002.

Se explicó que como el gobierno no daba seguimiento a las operaciones de la empresa porque sólo la Shell las controlaba, eso impedía cerrar el ejercicio del 2002 y, consecuentemente, liquidar los balances correspondientes a ese año.

Se informó que ante esa situación, la Secretaría de Finanzas ordenó una auditoría a las operaciones de la Refinería, hecha por la experta Ivelise Mieses, cuyos resultados determinaron que la empresa tenía pagos pendientes con el gobierno por 300 millones de pesos en el año 2000, 700 millones de pesos en el 2001 y 300 millones de pesos en el 2002.

De acuerdo a lo informado, el equipo que manejó el caso en la Secretaría de Finanzas ordenó el pago inmediato de los recursos dejados de entregar al gobierno.

Sin embargo, se indicó que quienes dirigieron ese equipo fueron movidos de sus funciones cuando la Refinería sólo había pagado unos 130 millones de pesos correspondiente a la deuda del 2002.

Esos pagos se hicieron tras ser renegociada la deuda, la cual fue bajada en unos 50 millones de pesos, a alrededor de 250 millones, tras el presidente de la Refinería de entonces plantear que la Refinería no podía pagar la totalidad de la suma reclamada para el año 2002.

Se explicó que hasta entonces no se había hecho nada con relación a la deuda de unos 1,000 millones de pesos correspondientes a los años 2000 y 2001, aunque se informó que

que al momento de que fueran removidos quienes dirigieron el equipo que manejó el caso, no se había aportado un sólo centavo correspondiente a esa deuda.

Se informó que la situación creada tras la realización de la auditoría coincidió con la decisión del equipo de Finanzas de parar un embarque de combustible que vino consignado como si hubiera sido comprado a precios «spot», ya que la gerencia de la Refinería no había cumplido con la Ley de Hidrocarburos, que establecía que cuando se tratara de combustible comprado en este mercado, que es más caro, había que anticiparlo a las autoridades por lo menos 72 horas antes.

Ante esa situación la gerencia de la Shell, advirtió que el país se quedaría sin combustibles.

Según se explicó, la decisión del equipo de Finanzas se produjo en momentos en que había circulado la información de que mucho del combustible comprado por la República Dominicana era adquirido en base a contratos a futuro, pero que se registraban como adquiridos en el mercado «spot», de manera que el importador se quedara con la diferencia de precios.

Sobre este tema, también se explicó que la Refinería se negaba a entregar la informaciones que permitieran determinar posibles diferencias de precios entre el combustible que realmente llegaba al país y el que reportaba la gerencia de la Refinería.

Se explicó que cuando se le reclamaba a la Refinería esta información, respondía que había que ir a la casa matriz de la Shell para obtenerla.

Se explicó que ante esa situación se tomó la decisión de que la experta que hizo la auditoría, Miguelina Mieses se trasladara a la sede de la Shell para hacer una investigación de los precios, y se determinó que sólo en el año 2001 había una diferencia de precios de unos 13 millones de dólares, en perjuicio del Estado.