POR ÁNGELA PEÑA
A pesar de que nunca se interrumpió el valioso servicio que se ofrece al investigador histórico, en el Archivo General de la Nación imperaba una situación de incertidumbre, comentarios en secreto, pánico. Se supo que algunos empleados se notaban inquietos porque sufrían amenazas de muerte. Se produjeron despidos, se hablaba de trama, probables pruebas de doping y posibles sometimientos de algunos al detector de mentiras.

A finales de octubre fue cancelado el encargado de Recursos Humanos”por conveniencia del servicio”, según se expresaba en escueta misiva  firmada por el Director General, Roberto Cassá. El pasado 23 de febrero se pensó que la institución  había vuelto a la normalidad cuando se anunció en la prensa el apresamiento de Richard de Jesús González, conductor de un vehículo perteneciente al organismo en el que, según las Fuerzas Armadas y la Policía  “fue encontrada una considerable cantidad de porciones de crack y marihuana”. Sin embargo, este hecho, según informes, fue como un detonante que replanteó a sus autoridades una depuración completa de su personal, en la que ya se trabajaba.

El ambiente se tornó más tenso y la situación pareció complicarse. Hubo empleados que padecieron crisis nerviosas. Según informes, algunos recibían llamadas intimidantes y el pavor invadió el espíritu de aquel centro que por la naturaleza de sus funciones debe desempeñarse en ambiente de paz. Ingresaron caras nuevas, pero no precisamente a catalogar y clasificar legajos del pasado. Fueron a investigar, pero no acontecimientos del ayer sino a personas del presente. Se trataba de agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).

Para el usuario, “algo grande” pasaba en el Archivo pero, salvo el caso público del chofer, pocos tenían idea de la gravedad de los acontecimientos. Corrían runrunes inverosímiles. La curiosidad de los historiadores asiduos al organismo aumentó cuando fue despedido el equipo de expertos archiveros, procedentes de España, y la semana pasada, por otro lado, más de 20 empleados se sumaron a los anteriores despedidos.

-¿Qué está pasando en el Archivo General de la Nación? ¿Es cierto que hay un plan para destituir a su director? ¿De dónde procede? ¿Están saqueando nuevamente documentos? ¿Cuál es la causa de todo este revuelo que ha trascendido a medias al público y que ha involucrado a un miembro de su personal en un hecho tan grave como la extorsión, haciéndose pasar por agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, como denunciaron altos jefes militares y policiales?

HOY decidió consultar al director del organismo, doctor Roberto Cassá, quien confirmó la situación. Admitió la existencia de un estado “de desasosiego con el propósito de hacer fracasar esta gestión”.

“El caso Richard está inscrito en esta pérdida parcial de control que se produjo porque él desobedecía órdenes”, señaló, luego de aceptar que, ciertamente, se produjeron amenazas de muerte y hubo personas que llegaron a temer por su seguridad personal. Algunas pensaron en renunciar. Ya desde antes de la denuncia de ese hecho, el doctor Cassá había acudido al director del Departamento Nacional de Investigaciones, Vicealmirante Sigfrido Pared Pérez, sobre todo cuando se produjeron unos asaltos en la calle a cuatro empleados del Archivo, que luego, un inspector de ese organismo consideró que fueron casuales, relató el historiador.

En el expediente de Richard González figuran varias amonestaciones por no presentarse a su trabajo, sin presentar excusas, por hacerse acompañar de personas ajenas al Archivo que, en ocasiones, conducían los vehículos oficiales, porque se dormía en público y desaparecía hasta por dos horas, porque viajó a Montecristi con desconocidos y chocó varios vehículos, sin reportarlo.

-¿Quién contrató a Richard? ¿Por qué no lo cancelaron ante estas faltas repetidas? ¿Usted tenía conocimiento de ese caso?- se pregunta al doctor Cassá.

“Estaba en el proceso de ser cancelado por irregularidad laboral y deficiencia. No se había cancelado porque el encargado de Seguridad Interna, inspector Félix Maceo, del DNI, pidió que no, para someterlo a investigación. Desde que se supo lo que ocurrió, quedó cancelado”, contestó.

Cassá explicó que las demás cancelaciones se produjeron a partir del criterio de que los despedidos habían sido nombrados violando procedimientos y de que una gran parte de ellos demostraron  deficiencia laboral o puramente negligencia.

Presencia del DNI
Según informó Cassá, se comprobó que el encargado de Recursos Humanos cancelado en octubre, “había nombrado decenas de personas de manera fraudulenta, sin ninguna condición para realizar el trabajo. Hubo que sacar ese personal por razones de principio y por las deficiencias comprobadas”, significó Cassá sin entrar en consideraciones sobre  otros actos.

Se produjeron cancelaciones por irregularidades y estos despidos, según informó Cassá, provocaron “esas amenazas, rumores, dimes y diretes, acusaciones de que fulano es peligroso y ese temor general a que te refieres”, porque los suspendidos se sintieron inconformes. “El DNI propuso que se estableciera un nuevo grupo de seguridad interna, en adición al anterior”.

De la ineptitud había conciencia entre los visitantes, pero también se advertía, sobre todo los usuarios varones, que se trataba de muchachas muy jóvenes y hermosas, tanto, que parecían modelos de pasarela. Cassá expresó que el antiguo jefe de personal las buscaba y uno de los asesores españoles las evaluaba, y que lo que se tomaba en cuenta no era su capacidad profesional. Por esa razón se produjo también el despido del primer asesor español, manifestó Cassá. Entonces el jefe del equipo foráneo, al parecer disgustado por esa decisión contra su amigo, según las explicaciones del director, “empezó a reunirse con personas dedicadas a una labor de desasosiego. El asesor alegó que nunca se había reunido con uno de los que estaba conspirando”, comunicó Cassá. Luego, empero, lo admitió al inspector del DNI, reveló el director.

Contó Cassá que los extranjeros empleados en el organismo, se dedicaron, en unión con otras personas, a cuestionar su gestión y su persona. Se comentó, aunque el doctor Cassá no lo afirmó ni lo desmintió, que este grupo recibía aliento de una funcionaria del Palacio Nacional, con propósitos indeterminados, manifiestan unos, otros alegan que quería dirigir la entidad. -¿Es eso cierto?- se le preguntó al Director. Respondió desconocer la especie.

En cuanto a los despidos de personal aclaró que “no se les botó por cuestionar sino porque estaban creando una situación de descontrol y porque juzgaban de una manera imposible de tolerar, una actitud personal mía.  Una de las españolas me achacaba una práctica clientelista y de persecución de la capacidad, lo cual no era cierto, porque los cancelados eran personas ineptas”, reiteró.

A los empleados despedidos se les había dado la oportunidad de que trabajaran, manifestó Cassá, “pero algunos eran tan incapaces que era imposible sostenerlos. Una de las chicas preparó 70 fichas con la misma información” y a este fraude laboral ella lo llamaba “El truquito”, narró Roberto. Otra escribía su propio apellido con tres faltas ortográficas. “Ese grupo de muchachas bonitas estaba en una pugna con la gente seria. Las contrató el antiguo jefe de personal y fueron objeto de protección de los españoles. Era gente que no aceptaba disciplina, esa era la calidad de la gente que él nos contrataba. Todo eso está en sus expedientes. Los reportes que daba el jefe de personal decían que todo iba bien, para protegerlos”, confesó Cassá.

Añadió que cuando fueron cancelados integrantes del departamento de Pre-Archivo, esperaron frente al edificio con la intención de golpear a los compañeros que los denunciaron, refirió Roberto Cassá. “Esas personas (los cancelados) fueron objeto de la solidaridad de una de las españolas que cruzó llorosa donde ellos y dijo que yo perseguía la capacidad y me dedicaba a una labor clientelar de buscar incapaces leales a mi persona. La reto a que desmienta la existencia de esos oficios”, dijo impetuoso.

A raíz de todo este desorden se nombró una Comisión de Evaluación para contratar nuevo personal que integran, en combinación con Víctor Lugo, actual encargado de personal, los historiadores Dante Ortiz, Ángel Hernández, Teodoro Viola, Quisqueya Lora, César A. Brique Rosario y Ana Félix, “personas con la mayor credencial de honorabilidad”.

 -Se habla de una trama contra usted. ¿Por qué?-
“Se buscaba hacer fracasar la gestión y ponerla en el tapete con un propósito político, ya que esto es un proyecto concebido y alentado directamente por el Presidente”, respondió. Añadió que el gobernante ha estado siempre informado de la situación. Pero lo fundamental, agregó, “son intereses personales, búsqueda de posiciones”.

-¿Por qué querrían hacerlo fracasar?-
“Gente maligna. Todo lo que pasó ha sido superado. Estamos trabajando y vamos a mejorar el rendimiento de la Institución. Se ha consolidado la formación del personal de indexación, en todos los planos. Tenemos el programa instalado de descripción archivística llamado Barats y estamos dando pasos para usarlo mediante la asociación de data e imagen digitalizada. No hay nada que indique que, contrariamente a las intenciones  desestabilizadoras de estas personas, vayamos a fracasar”.

Destacó que “la salida de los españoles no va a significar, para nada, el detener los trabajos, al contrario, se ha seguido trabajando y se va a mejorar”, y enfatizó que ha sido tolerante, que en el Archivo se ha trabajado sin criterios políticos, que hay consideración, “pero el que se equivoque, va a sufrir las consecuencias”.