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QUITO (AP) .- El gobierno considera prioritaria la revisión de los contratos entre el Estado y las transnacionales petroleras en busca de equilibrar el reparto de las utilidades excepcionales derivadas de los altos precios del crudo en los mercados internacionales. Para el ministro de Economía, Diego Borja, promotor de la revisión, la medida es incluso «tanto o más importante que la firma el tratado de libre comercio con Estados Unidos
Las condiciones iniciales de los contratos suscritos en la década pasada fijaban los precios referenciales de cada barril de crudo en alrededor de 15 dólares, cifra que garantizaba a las empresas utilidades razonables, pero actualmente los precios del petróleo están sobre los 60 dólares el barril.
El ministro busca repartir en partes iguales la diferencia entre los 15 dólares establecidos en la década de los años noventa y el precio actual el crudo.
«El espíritu de la ley es recuperar la equidad en cuanto a la explotación petrolera para el Estado ecuatoriano, dijo el miércoles Borja al canal 8 de televisión. «La renegociación de los contratos, es una necesidad del gobierno y de las empresas, agregó.
Según el ministro, el tema que debe decidir el Congreso «es tanto o más importante … que el tratado de libre comercio, no sólo por el monto que está en juego sino por los términos de equidad y justicia que está en juego para el Estado ecuatoriano.
Manifestó que entre el 2003 y 2005 el Estado «ha dejado de recibir (por utilidades no esperadas) 731 millones de dólares con un precio de referencia de 39 dólares, expresó Borja. Añadió que la actividad petrolera en Ecuador «es un excelente negocio.
Explicó que con precios de 15 dólares por cada barril de crudo las utilidades para las compañías estaban «entre el 19 y el 22%, ahora con precios actuales están entre el 119 y el 200%.
La Cámara de Industriales de la provincia de Pichincha, en un comunicado publicado en diarios de circulación nacional, exhortó al Congreso a rechazar la ley propuesta por Borja por ser «manifiestamente inconstitucional, debido a que atenta contra la seguridad jurídica y la estabilidad contractual, entre otras razones.
El Estado ecuatoriano exporta alrededor de 246.000 barriles de petróleo, por los cuales en el 2005 recibió 2.300 millones de dólares, con los que se financió un 43% del presupuesto fiscal.
