Una reforma tributaria en el marco de un pacto fiscal debe concentrarse en la revisión de exenciones y la simplificación en el pago de los impuestos, planteó el economista Nelson Suárez.
Una nueva reforma fiscal, dijo, debe concentrarse, además, en racionalizar las tasas y ampliar la base del ITBIS. “Aquí no hay que crear más impuestos”, afirmó.
“Es necesario también que cualquier reforma tributaria se concentre en mejorar la equidad vertical del sistema tributario fortaleciendo las recaudaciones de los impuestos directos, de manera que paguen más quienes tienen mayor capacidad contributiva”, dijo al participar en el Encuentro Económico de Hoy.
Expresó que si se mide en términos formales, el sistema tributario dominicano tiene un nivel de presión tributaria equivalente a un 20.4% del producto interno bruto (PIB).
Ese dato se deriva de que las recaudaciones actuales se encuentran alrededor del 14% del PIB, pero los niveles de gastos tributarios para este año, es decir, de exenciones impositivas, equivalentes al 6.4%.
Explicó que los niveles de exenciones impositivas representan RD$231,126 millones este año, de los que más del 47% corresponden al ITBIS.
Otras exenciones se originan en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) con RD$25 mil 500 millones, los impuestos selectivos a los hidrocarburos con RD$29 mil 270 millones, a los aranceles por RD$24,987 millones, entre otros.
“Todo apunta a que estos montos de exenciones deben ser revisados y racionalizados como condición para garantizar la ampliación de la base impositiva y los ajustes a la baja de algunas tasas”, consideró.
Resaltó que el sistema tributario no puede tener capacidad de recaudación si se destinan tantos recursos en gastos tributarios.
Consideró que la revisión de las exenciones producirá traumas, porque afectará intereses, beneficios y prebendas.
Entiende que un sistema tributario eficiente es aquel en que se hace muy fácil declarar los impuestos, lo que no ocurre en el país.
La simplificación del sistema tributario, dijo, provocará el aumento de los contribuyentes.
Aunque a partir de 1996 a la fecha se introdujeron importantes avances en la administración tributaria del país, el sistema tributario sigue teniendo altos niveles de complicación obligando a los contribuyentes que deciden acudir voluntariamente al sistema a la realización de un gran número de declaraciones para cumplir con sus obligaciones formales, lo cual, junto a las elevadas tasas, estimulan la informalidad y las prácticas evasivas y elusivas.
La base impositiva del país, dijo, descansa en unas nueve figuras tributarias, las cuales producen el grueso de los ingresos tributarios del país.
Además de estas nueve figuras impositivas, existe otra gama de gravámenes de diversas categorías; pero cuyo peso en el total de los impuestos no es significativo, dijo.
Las principales figuras impositivas son: El Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas físicas y de las empresas, Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI/VSS), Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (I/DS), Impuesto sobre Vehículos de Motor (I/VM), Impuesto sobre Casinos, Impuesto Arancelario (IA) e Impuesto a los Combustibles.
Un Pacto Fiscal, a su juicio, debe contener la identificación y priorización de las obligaciones y necesidades del Estado para determinar la magnitud de los recursos que se requieren para que este cumpla con los roles que le atribuye la Constitución.
Los principios que deben orientar un Pacto Fiscal son la promoción de la equidad y la redistribución del ingreso, así como disciplina, responsabilidad e institucionalidad fical, lo que significa la definición y puesta en práctica de reglas y normas claras sobre la gestión fiscal, al tiempo que se fijen las responsabilidades y el rol de las diferentes instancias sobre la toma de decisiones en un marco de absoluta transparencia.
Otro principio que debe guiar el Pacto Fiscal es la calidad del gasto y protección presupuestaria del gasto social
Planteó que debe haber garantias de que los recursos provenientes del acuerdo no serán dilapidados y malversados.

Sostuvo que un Pacto Fiscal debe definir “medidas y acciones concretas de aplicación inmediatas y verificables que promuevan la calidad del gasto en términos de eficiencia, eficacia y economía”.
Cree que es de gran importancia que el Pacto Fiscal acuerde un mecanismo práctico y eficaz de protección presupuestaria del gasto público social (Educación, Salud, Seguridad Social, Vivienda, Agua y Saneamiento).
Las acciones y la gestión fiscal deben fundamentarse en un innegociable ambiente de transparencia y rendición de cuentas, afirmó Suárez.
El principio de cero tolerancia con la administración es fundamental para mostrar que quienes decidan violar las normas éticas, los procedimientos administrativos y legales en el uso y gestión de los fondos públicos, reciban un castigo ejemplar.