RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
El cumplimiento de todas las metas fiscales y monetarias del programa con el FMI en los trimestres de marzo y junio va a permitir que este siete de septiembre la aprobación de estas revisiones por parte del Directorio, reitera el compromiso de las autoridades con el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y la finalización exitosa de las reformas estructurales en las áreas fiscal y financiera.

Un país establece un programa económico con el FMI cuando presenta problemas fiscales o de balanza de pagos que han provocado la ruptura de la estabilidad y la incapacidad de cumplir con el servicio de la deuda externa. República Dominicana no presenta problemas de balanza de pagos, ha garantizado la sostenibilidad fiscal con la rectificación aprobada en diciembre y la aplicación del comprobante fiscal, no requiere renegociar la deuda externa y ha mejorado sostenidamente su clasificación riesgo-país, mientras la economía exhibe altas tasas de crecimiento con una inflación menor a un dígito. En un escenario de esa naturaleza el mantenimiento del programa a lo largo de este 2007 reitera el compromiso de las autoridades con la estabilidad y envía mayores garantías a los agentes económicos.

El cumplimiento de todas las metas monetarias y fiscales, algunas con grandes márgenes como establece la carta de intención, más el comportamiento de la economía, llevó a los técnicos del FMI a elevar la previsión de crecimiento del PIB para este año de 6 a 8%, mientras mantiene la meta de una inflación entre 4-6% a pesar del choque petrolero que está incidiendo en 45% en el aumento del índice de precios al consumidor.

En cuanto a los Criterios Cuantitativos de Desempeño, el programa contempla los mismos topes para las revisiones de septiembre y diciembre, modificando solamente la parte del balance del sector público no financiero (SPNF) que fue incrementado de RD$8.2 miles de millones a RD$10.5 en la revisión de septiembre, y de RD$5.6 miles de millones a RD$8.6 en la revisión de diciembre. En cuanto a las Metas Indicativas el programa mantiene las mismas para las dos últimas revisiones y elimina el techo al gasto primario del gobierno, lo cual representa un endoso a la disciplina fiscal mantenida por las autoridades.

Aparte de las metas monetarias y fiscales las autoridades han cumplido (en algunos casos con retrasos originados en el Congreso cuando el gobierno carecía de la mayoría) con las acciones, leyes y reglamentos correspondientes a las reformas en el área fiscal y la financiera.

Elementos claves en las reformas institucionales de la gestión fiscal lo constituyen la creación de las secretarías de Hacienda y Economía y Planificación; también cabe destacarse las aprobaciones de la Ley de Crédito Público, la de Compras y Contrataciones de Obras, la de Tesorería, la nueva Ley Orgánica del Presupuesto, la de Administración Financiera, Planificación e Inversión Pública y Controles Internos. La implementación del Sistema Integrado de gestión Financiera (SIGEF) representa en este contexto un instrumento que contribuye a una mayor transparencia en las operaciones fiscales del gobierno. En la presente carta las autoridades se comprometen en el área fiscal a concluir una serie de reglamentos de estas secretarías y las leyes anteriores, así como el diseño de un modelo funcional para la Cuenta Única del Tesoro (CUT) y la implementación de un software integrado al SIGEF que permita a la CUT aplicarse a un primer grupo de instituciones del gobierno central. En cuanto a la reforma estructural del sector financiero, las autoridades han cumplido con la implementación y puesta en ejecución de todos los reglamentos de la Ley Monetaria y Financiera, la Superintendencia de Bancos realizó auditorías asistidas a los intermediarios no financieros, los bancos han presentado sus respectivos programas de negocios y la entidad supervisora presentó su auto-evaluación del nivel de cumplimiento de los principios de Basilea. En cuanto al Banco Central cumplió con los dos pilares para la reducción del déficit cuasi-fiscal (cambio del perfil de los certificados y la realización de los activos de los bancos quebrados) y el Congreso aprobó el tercer pilar, la Ley de Capitalización del Banco Central. Tarea pendiente para la Administración Monetaria en este último tramo del programa es lograr la aprobación congresional de las modificaciones a la Ley Monetaria y Financiera y la adaptación de todos lo reglamentos a esas modificaciones.

A diferencia de las pasadas autoridades que fueron incapaces de cumplir las metas del programa en dos ocasiones, con el consiguiente costo económico y social para el país, el presente gobierno se ha esmerado en cumplir ocho revisiones y los resultados han sido más que satisfactorios con una economía creciendo a tasas elevadas con estabilidad, un país recibiendo inversión extranjera de una magnitud que facilita una balanza superavitaria a pesar del aumento del déficit corriente y con el sector privado dominicano pudiendo incursionar en los mercados de capitales gracias a la mejoría sostenida de la clasificación riesgo-país.