Caracas. – La justicia venezolana anuló en cinco estados la recolección de firmas de la primera etapa de solicitud de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, dejando en la incertidumbre el proceso que tendrá su fase decisiva la próxima semana.

Los gobernadores oficialistas de Aragua, Carabobo, Bolívar y Apure anunciaron en Twitter que los tribunales penales de sus estados «anularon» por «fraude» la recolección de firmas del 1% del padrón electoral, realizada en abril pasado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para hacerse promotora del revocatorio.

Un fallo igual fue emitido en Monagas, según el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. «Hicieron un fraude gigantesco. Y como nosotros decimos en Caracas, la tramposería sale», aseguró Maduro en un acto público en las afueras de Caracas, sin referirse directamente a las sentencias.

Desde hace días, la coalición opositora venía advirtiendo de posibles decisiones contra el proceso por parte de la justicia, a la que acusa de estar controlada por el gobierno al igual que lo afirma del Consejo Nacional Electoral (CNE). El excandidato presidencial Henrique Capriles, uno de los principales promotores del referendo, aseguró en Twitter que «ningún tribunal» tiene potestad de parar un «proceso electoral».

Los fallos aún no fueron divulgados oficialmente, por lo que se ignora si frenarán el proceso de referendo que debe continuar con el recaudo, del 26 al 28 de octubre, de cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) que necesita la MUD para que el poder electoral convoque el revocatorio.

La MUD no reaccionó aún. Más temprano afirmó que está lista la logística para la próxima etapa, en la que dice estar segura de superar holgadamente el mínimo exigido, dada la impopularidad del presidente socialista por la grave crisis económica.

Polémicas sentencias. El CNE había advertido que el incumplimiento del 1% del padrón electoral en al menos una de las 24 regiones invalidaría el proceso. Hasta ahora no se ha pronunciado sobre las decisiones judiciales. Venezuela está dividida en 23 estados más el Distrito Capital. Veinte son gobernados por el chavismo. «Un Tribunal Penal no puede anular un proceso comicial.

Solo podría investigar supuestos delitos electorales», aclaró el constitucionalista José Ignacio Hernández. Pero el también constitucionalista Juan Manuel Rafalli estimó que estos fallos podrían obligar a repetir la recolección, aunque anotó que «es muy raro que un tribunal con competencia penal vaya a afectar un proceso electoral de carácter nacional». «Habría que esperar a ver cómo actúa el CNE. Un tribunal penal debería dictar medidas contra los agentes del delito, pero no contra un proceso», declaró a la AFP.

El oficialismo ha advertido que buscará cerrar el paso al referendo contra Maduro, elegido en abril de 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez y cuyo mandato concluye en enero de 2019. El pasado lunes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó que la oposición deberá recaudar firmas equivalentes al 20% del padrón electoral de cada uno de los estados, y no sobre el registro nacional, por lo que con solo uno que no cumpla la meta, el proceso quedará invalidado.

Hace meses, el oficialismo interpuso ante los tribunales 8.600 acciones legales contra la recolección del 1% aduciendo que la MUD incluyó firmas de fallecidos, menores de edad y convictos. «Ellos han sido fraudulentos siempre» «¿No metieron 50.000 muertos ahorita en el fraude que hicieron? ¿No falsificaron la firma de 500.00 personas ahorita en la recolección de firmas?», agregó Maduro.

Los gobernadores Tareck El Aissami (Aragua), Francisco Ameliach (Carabobo), Francisco Rangel (Bolívar) y Ramón Carrizález (Apure) publicaron sus mensajes casi al mismo tiempo, señalando que se hizo «justicia» y que la MUD no va «a quedar impune».

«Que tribunales de diferentes estados simultáneamente publiquen idénticas sentencias» es «prueba del fraude que se está cometiendo», aseguró Simón Calzadilla, segundo vicepresidente del Parlamento, de mayoría opositora.

El CNE ya adelantó que, si se cumplen los requisitos, la consulta se haría a partir de febrero de 2017, cuando Maduro, aun revocado, podrá ceder el poder a su vicepresidente. Pero la oposición asegura que la presión ciudadana obligará a hacerla este año para que haya nuevas elecciones.

Según la firma Datanálisis, un 76,5% de los venezolanos reprueba la gestión del presidente, un 62,3% votaría por revocarlo y un 90,5% evalúa negativamente la situación del país.